La banca informar¨¢ a los deudores de los cambios sobre desahucios

La Banca y las Cajas de Ahorro se comprometen a recomendar a sus entidades que sean muy activos en informar a los deudores hipotecarios de las nuevas posibilidades que se han abierto tras la aprobaci¨®n de la Ley de Medidas para Reformar la Protecci¨®n a los Deudores Hipotecarios, Reestructuraci¨®n de la Deuda y Alquiler Social. Este es el compromiso que han contra¨ªdo con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha mantenido en los ¨²ltimos d¨ªas reuniones con los m¨¢ximos dirigentes de la Asociaci¨®n Espa?ola de Banca (AEB) y la Confederaci¨®n Estatal de Cajas de Ahorros (CECA), as¨ª como con los presidentes de las principales cajas.

La defensora ha llevado al ¨¢nimo de estos gestores que el drama de la mayor¨ªa de los afectados empieza ¡°cuando reciben la carta conminatoria del banco¡±, y no la del Juzgado, recalcan en fuentes de la instituci¨®n. Aun as¨ª, la oposici¨®n parlamentaria considera que la ley es del todo insuficiente porque excluye a amplias capas de afectados, por lo que continuar¨¢ con la presentaci¨®n de iniciativas aunque aguardar¨¢ un tiempo para hacer balance de la aplicaci¨®n de la ley.

De momento la defensora ha pedido que en las entidades bancarias avisen a los deudores de la posibilidad de continuar en la vivienda tras la finalizaci¨®n del procedimiento de ejecuci¨®n, siempre que acrediten las condiciones establecidas en la ley. Adem¨¢s, les deben avisar del contenido del C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas que recomienda la reestructuraci¨®n de la deuda con garant¨ªa hipotecaria sobre la vivienda habitual. Becerril pide encarecidamente que los lanzamientos, es decir, el desalojo de la vivienda, se paralicen dos a?os.

El problema de los desahucios ha llevado a la instituci¨®n del Defensor del Pueblo a realizar numerosas recomendaciones aunque muchas de ellas no se han recogido en la ley. Por ejemplo, no han atendido la regulaci¨®n de un procedimiento de ¡°insolvencia de las personas f¨ªsicas¡± en el que se establezcan plazos y pr¨®rrogas que hagan el pago m¨¢s flexible. La limitaci¨®n de los elevados intereses de demora s¨ª se recogen en la ley as¨ª como la rebaja en los gastos de ejecuci¨®n. Antes de que el juez se haga con el asunto la Defensora abogaba, y mantiene ese criterio, por actos previos de conciliaci¨®n entre el banco y el deudor.

Por otro lado, la defensora recomend¨® el pasado 14 de junio al Banco de Espa?a que actuara en defensa de los consumidores e instase a las entidades financieras a que apliquen la sentencia del Tribunal Supremo que anula las cl¨¢usulas suelo. El Ministerio de Econom¨ªa tambi¨¦n ha hecho la misma petici¨®n.

¡°No podemos olvidarnos de los temas econ¨®micos, estos contin¨²an; tanto en los desahucios como en la adquisici¨®n de las preferentes¡±, se?alan fuentes del Defensor del Pueblo. El Gobierno ha regulado por ley ambos asuntos pero los problemas siguen porque aunque en los desahucios se ha avanzado un trecho al no haber nada regulado, a¨²n no se ha conseguido una aut¨¦ntica norma de ¡°segunda oportunidad¡±.

En el caso de las preferentes la insatisfacci¨®n es generalizada porque aunque hay miles de personas que se han querido someter al arbitraje otros muchas m¨¢s siguen sin resignarse a que les quiten ni un euro de lo que consideraron que era un deposito. Las razones del supuesto enga?o y de haber regulado una soluci¨®n a trav¨¦s de un decretoley, cuando los asuntos que afecten a derechos requieren una ley, son algunos de los argumentos del recurso de inconstitucionalidad que ha presentado hoy el Grupo Socialista ante el alto tribunal. La portavoz parlamentaria, Soraya Rodr¨ªguez, y el diputado socialista que lleva este asunto, Antonio Hurtado, han estado rodeados de decenas de afectados con pancartas alusivas a la devoluci¨®n de su dinero. ¡°Se les ha tratado como inversores cuando eran ahorradores¡±, ha dicho Soraya Rodr¨ªguez, haci¨¦ndose o¨ªr con dificultad ante las proclamas reivindicativas expresadas en voz muy alta de los preferentistas.