?Qui¨¦n defiende al defensor?

Fernando Garc¨ªa Vicente, el Justicia de Arag¨®n, es un se?or muy de Zaragoza. A sus 64 a?os representa una figura venerable, con p¨¢rpados ca¨ªdos y una bola de algod¨®n por cabello, al que le gusta ir a pie a sus citas, ense?ando los monumentos a los visitantes y deteni¨¦ndose a charlar con los paisanos que le reconocen. Si no encuentra una direcci¨®n, pregunta en una peluquer¨ªa.

Sus caminos no son siempre los evidentes. Adonde se dirige andando esta ma?ana del ¨²ltimo viernes es a una reuni¨®n con El Refugio, una hermandad centrada en la ayuda a personas sin recursos. El Justicia tiene citada en la sede de la asociaci¨®n a la prensa local, que le sigue mientras el hermano mayor le muestra el banco de alimentos, las habitaciones del centro de acogida y la guarder¨ªa que gestionan para familias con aprietos. Cuando se van las c¨¢maras, el hermano hace venir a otros trabajadores sociales, sacan una tortilla y el Justicia se pone serio: ¡°A ver, ?en qu¨¦ puedo ayudaros?¡±. Las propuestas le llueven en el aperitivo: los servicios de la hermandad salen de las donaciones, y para aprovecharlas aspira a un r¨¦gimen fiscal mejor; tambi¨¦n hay ni?os que no acceden a becas por no tener papeles; hay problemas en algunas familias¡­ El Justicia se compromete a estudiar lo de los impuestos y a trasladar por un d¨ªa su despacho a la sede de El Refugio para recoger reclamaciones de las familias. As¨ª funciona la administraci¨®n de cercan¨ªa.

Lo cual no significa que el defensor del pueblo de Arag¨®n solo se dedique a pasear y comer. Antes de la visita, a las nueve de la ma?ana ya ha tenido una reuni¨®n con 13 de sus asesores para repasar las consultas ciudadanas. Se re¨²nen en la biblioteca del solemne Palacio del Justicia. Los temas van desde una pol¨¦mica por un perro que la polic¨ªa abati¨® a tiros hasta las multas, ¡°porque el Ayuntamiento est¨¢ sancionando a troche y moche, y la mitad de las veces se tiene que retractar¡±. La mayor¨ªa de consultas versan sobre asuntos sociales: aumento de las listas de espera sanitarias, silencios administrativos sobre las peticiones de renta m¨ªnima...

En cada una de las nueve comunidades que cuentan con Defensor del Pueblo, su labor se practica de forma distinta. El modelo aragon¨¦s (con dos millones de gastos en 2012) pasa por la mediaci¨®n. ¡°Yo intento llevarme bien con todos¡±, dice ufano el Justicia. El estilo de su instituci¨®n combina un perfil muy jur¨ªdico (todos los asesores de Vicente, fiscal de profesi¨®n, son magistrados o abogados) con unas formas caseras. El ciudadano entra al palacio y en recepci¨®n le dirigen directamente al asesor especializado. ¡°M¨¢s de la mitad de las consultas son presenciales¡±, explica el Justicia. En cualquier caso, le molesta que d¨¦ igual cu¨¢l sea el modelo que practique: estos d¨ªas todos los defensores auton¨®micos de Espa?a viven igualmente sometidos a examen.

La crisis se abri¨® el 20 de junio. Ese d¨ªa en Sevilla tomaba posesi¨®n el sucesor de Jos¨¦ Chamizo. Por su car¨¢cter combativo y unas resoluciones cr¨ªticas con el poder que durante 17 a?os le han convertido en una china en el zapato de los pol¨ªticos, a Chamizo se le considera la quintaesencia del ombudsman en Espa?a. Para arropar a Jes¨²s Maeztu, el sucesor del tornado Chamizo, delegaciones del resto de defensores auton¨®micos acudieron al acto. No compareci¨® Soledad Becerril, la defensora estatal, que envi¨® a uno de sus adjuntos al acto. Apretones de manos, sonrisas, discursos amables. Hasta que a mitad de ceremonia, lleg¨® la sorpresa: comenzaron a filtrarse datos del informe redactado por la Comisi¨®n de Reforma de la Administraci¨®n (CORA), creada por el Gobierno para aligerar gasto p¨²blico. Eliminar a los defensores auton¨®micos era una de sus recomendaciones por considerar que el servicio estatal pod¨ªa asumir sus funciones.

Los ombudsman reunidos en Sevilla se quedaron l¨ªvidos. Pronto se enteraron de que representantes de la oficina del defensor estatal hab¨ªa asistido a reuniones de la CORA. Se sintieron doblemente traicionados: el equipo de Becerril no les hab¨ªa informado de lo que se avecinaba, y sospechaban que era su instituci¨®n hermana la que hab¨ªa aportado los datos (muchos imprecisos o utilizados de una forma no ortodoxa, comentan los afectados) a partir de los cuales se argumentaba su intranscendencia. La ausencia de Becerril era la confirmaci¨®n de que les hab¨ªan hecho la cama.

La CORA mide la eficiencia de los defensores por la cantidad de quejas. Seg¨²n su c¨¢lculo, el precio de cada una de las que un ciudadano presenta en las autonom¨ªas es de 835 euros, mientras que en el defensor espa?ol cuesta 414 euros. Por eso propone sustituir las auton¨®micas por una dotaci¨®n extra de 20 funcionarios para el defensor central. La iniciativa llega en un momento comprometido para estas instituciones. Los gobiernos del Partido Popular en Murcia y Castilla-La Mancha ya eliminaron el a?o pasado sus defensores; en Asturias el pacto entre PSOE y UPyD acaba de decapitar al suyo; y aunque en La Rioja la figura sigue existiendo, llevan sin titular desde que hace un a?o Mar¨ªa Bueyo D¨ªez Jal¨®n renunci¨® a revalidar el cargo tras el recorte de un tercio de su presupuesto.

Los defensores que contin¨²an son los del Pa¨ªs Vasco (Ararteko), Catalu?a y Valencia (S¨ªndic de Greuges), Galicia (Valedor do Pobo), Andaluc¨ªa, Arag¨®n (El Justicia), Canarias (Diputado del Com¨²n), Navarra y Castilla y Le¨®n. Todos son comisionados de sus Parlamentos que se centran eminentemente en el control de poderes auton¨®micos y locales. Los defensores de las comunidades hist¨®ricas no temen que su futuro est¨¦ en peligro, pero entienden que pueden sufrir un desprestigio. ¡°?En qu¨¦ se basa nuestra autoridad?¡±, lo explicita Jos¨¦ Julio Fern¨¢ndez, Valedor do Pobo: ¡°En el respeto p¨²blico a una instituci¨®n considerada ¨²til. Y estas decisiones pueden mermar esa autoridad¡±.

Los defensores han reaccionado con furia al CORA. Coinciden en que no les han contactado para el informe y protestan porque este compara cifras de a?os diversos con muy poco rigor. Francisco Javier En¨¦riz, defensor navarro, es en¨¦rgico: ¡°Me parece bien estudiar duplicidades, pero aqu¨ª no se trata de eso: est¨¢n proponiendo un juicio sobre el Estado auton¨®mico¡±.

Javier Amoedo, procurador de Castilla y Le¨®n, se pregunta si el defensor central podr¨ªa asumir el trabajo que ¨¦l hace en una comunidad tan grande y dispersa: ¡°Son 121 desplazamientos a todas las provincias castellanas para recoger quejas. Normalmente en tren, para ahorrar. Tambi¨¦n hemos recorrido todos los parques infantiles de Castilla para comprobar su seguridad¡±. En su comunidad las quejas contra el Estado representan el 5% (y esas se derivan a la instituci¨®n de Becerril), mientras que el 48% son de ¨ªndole local, lo que desaf¨ªa al argumento de las incompatibilidades. En cualquier caso, la mayor¨ªa de comunidades rechazan las quejas como baremo de su actividad, como el Ararteko: ¡°No solo vigilamos a la Administraci¨®n: tambi¨¦n garantizamos los derechos constitucionales. Y las quejas por las que nos eval¨²an representan el 23% de nuestro trabajo: el resto son consultas, actuaciones de oficio, ayudas para redactar recursos¡­¡±.

Tras una ronda de conversaciones y visitas a los defensores, queda claro que es dif¨ªcil comparar con criterios homog¨¦neos a las diferentes encarnaciones de la instituci¨®n porque esta nunca suele ser igual en dos regiones. ¡°Cada defensor tiene su peculiaridad. Depende de su marco legal y de c¨®mo ejerza el titular¡±, abunda el Ararteko, quien, por ejemplo, procede del mundo asociativo de gais y transexuales.

El del ombudsman es un departamento personalista, marcado por la trayectoria de su titular. En Valencia, Jos¨¦ Cholbi, un defensor poco ruidoso, es un pol¨ªtico de la ¨®rbita del PP. Javier En¨¦riz (Navarra) no ha pertenecido nunca a ning¨²n partido, es un ¡°funcionario de toda la vida que conoce a qui¨¦n redacta cada disposici¨®n y habla con todos¡±, como se define ¨¦l mismo. El Valedor do Pobo Fern¨¢ndez Rodr¨ªguez ha irrumpido con fuerza en su puesto como interino tras el esc¨¢ndalo de su predecesor, Benigno L¨®pez, quien apoyaba los ajustes mientras compraba un coche oficial para la instituci¨®n de 62.000 euros. Jer¨®nimo Saavedra, defensor del Com¨²n exministro y expresidente de Canarias, explica que su experiencia como alcalde le ha servido para entender ciertas cosas: ¡°Antes aqu¨ª se hac¨ªa todo por escrito, y el puesto pide agilidad. He sido alcalde y s¨¦ c¨®mo funciona: descuelgo el tel¨¦fono, llamo a un regidor que no coopera y le digo: ¡®Resp¨®ndeme, que si no te voy a se?alar como obstaculizador y se va a enterar todo Canarias¡±.

Por eso la sede del S¨ªndic de Greugues catal¨¢n no se parece nada a la de su hom¨®logo aragon¨¦s. El llamado Abogado de Agravios ocupa un edificio bauhaus en el centro de Barcelona. Al entrar al luminoso vest¨ªbulo hay dos personas que llevan un servicio perfectamente informatizado, responsable de que en las oficinas no se vea un papel. Ellos dirigen al visitante hacia los seis operarios que se ocupan de la primera atenci¨®n y distribuyen los casos entre t¨¦cnicos. Cinco plantas m¨¢s arriba, Rafael Rib¨®, tiene su oficina de S¨ªndic junto a una magn¨ªfica terraza de corte lounge con el skyline barcelon¨¦s de fondo.

La instituci¨®n de Rib¨® es la que mayor proyecci¨®n internacional tiene entre sus hermanas. El expol¨ªtico de Iniciativa per Catalunya ha ocupado varios cargos directivos en organizaciones mundiales de ombudsman y no oculta, sino que destaca con orgullo, que su personal sigue formaciones en destinos como Suecia.

Moderna, prestigiosa y con un presupuesto de casi seis millones de euros, el S¨ªndic tiene m¨¢s peculiaridades. El Estatuto catal¨¢n le otorga el poder de controlar a las empresas proveedoras de servicios de inter¨¦s general, por lo que tiene un departamento ocupado de negociar con empresas privadas de agua, telef¨®nicas... ¡°Tambi¨¦n nos hemos metido en charcos importantes, como las preferentes o el sobreendeudamiento¡±, explica Francesc Vendrell, su director de Consumo.

Otra de las se?as del S¨ªndic es la contundencia y la repercusi¨®n medi¨¢tica de las actuaciones que realiza de oficio cuando detecta lesiones de derechos. Sus informes han estado tras las denuncias de los casos de malnutrici¨®n infantil en Catalu?a. Por eso, Rib¨® y su equipo tambi¨¦n desestiman el valor de las quejas para medir la eficacia de su trabajo. ¡°As¨ª no llegar¨ªamos a los ni?os. Visitar barrios y ONG donde no va la administraci¨®n es parte de nuestro trabajo¡±, explica Mar¨ªa Jes¨²s Larios, adjunta para los derechos de la infancia.

A pesar de la p¨¢tina de modernidad que cubre su entorno, el d¨ªa a d¨ªa de Rib¨® es prosaico. En su jornada del mi¨¦rcoles recibe a dos asesoras que le plantean las quejas que gestionan: una madre que reclama un r¨¦gimen de visitas m¨¢s flexible para ver a su hijo, unos vecinos que se quejan del ruido de un teatro municipal, otros de un solar lleno de ratas, el due?o de un bar al que el Ayuntamiento no le permite abrir una terraza... La mayor¨ªa de casos son peque?os problemas que amargan la vida de ciudadanos que ya han recurrido sin ¨¦xito a la administraci¨®n.

Pero tampoco se puede pensar que todo funciona ejemplarmente en el mundo del ombudsman. Sorprende saber que en Catalu?a existen 42 defensores locales dependientes de municipios. O que en Canarias tienen siete delegaciones de su Defensor del Com¨²n. Los elevados sueldos de Lamarca y Rib¨® (unos 100.000 euros) tambi¨¦n han suscitado pol¨¦micas, y algunos informes anuales de la actividad de los ombudsman auton¨®micos emanan el tufo de las cifras hipervitaminadas, con tablas estad¨ªsticas que analizan desde todos los ¨¢ngulos la procedencia de las 96 quejas presentadas en una provincia: seg¨²n edad, sexo, contra que administraci¨®n se dirig¨ªa¡­

Saavedra aclara que sus siete oficinas se explican por la necesidad de cubrir el ¨¢rea rural insular, ajena a internet, y asegura que el gasto que generan es m¨ªnimo (un funcionario por sede). El Diputado del Com¨²n reivindica la pertinencia de su instituci¨®n, pero ¨¦l mismo parece sufrir a veces crisis de confianza, como en su ¨²ltimo informe de actividades al Parlamento canario: ¡°No podemos obviar la realidad. A pesar de los esfuerzos, a¨²n somos una instituci¨®n desconocida y, por ello, menos usada y requerida por los ciudadanos de lo que debiera¡±.

Nadie discute que la instituci¨®n del defensor del pueblo puede ser mejorable. Los primeros en hacerlo son los propios ombudsman, pero tambi¨¦n subyace la pregunta de hasta qu¨¦ punto la administraci¨®n de cercan¨ªas puede ser eficiente seg¨²n criterios tangibles, o si esa eficiencia se consigue pod¨¢ndola de sus tent¨¢culos.

Para comprobar la posici¨®n de la oficina del Defensor del Pueblo nacional en medio de este torbellino, se impone una visita a su sede en Madrid, dividida entre dos edificios cercanos del barrio de Salamanca, uno con uso exclusivamente institucional y el otro de oficinas. Desde el primer instante resulta evidente que la ambici¨®n de crear una sensaci¨®n de proximidad al ciudadano es mucho menor: ambas instalaciones est¨¢n valladas y custodiadas por polic¨ªas nacionales que piden la identificaci¨®n a todo el que se acerca.

Esta fachada tampoco implica que el defensor viva de espaldas a la calle, pero s¨ª parece que su planteamiento del servicio p¨²blico es distinto. Este es el Ministerio de los Ciudadanos, con todo lo que implica esa etiqueta. Por ejemplo: ¡°Hoy en d¨ªa, con los medios inform¨¢ticos no tiene sentido tener m¨¢s sedes por Espa?a¡±, explica Carmen Comas-Mata, directora del Gabinete de Soledad Becerril. Cerca del 70% de las quejas les llegan por v¨ªa electr¨®nica, y por eso se han volcado en ampliar su portal.

En la sede abierta al p¨²blico, un abogado y un psic¨®logo se ocupan de la atenci¨®n personal. En otros despachos, los otros 13 empleados del registro responden al tel¨¦fono, deciden la urgencia de las quejas y las tramitan a los departamentos. El contacto con el p¨²blico es una parte menor del tit¨¢nico trabajo que se ejecuta en el edificio. La jefa del ¨¢rea de Econom¨ªa y Hacienda, muestra las carpetas azules acumuladas sobre su mesa. Tiene a su cargo seis letrados y cinco administrativos que se ocupan de tramitar las quejas y hacer propuestas que derivan en informes o propuestas a los ¨®rganos reguladores (CNMV, Banco de Espa?a¡­) para conseguir modificaciones normativas.

En la oficina hablan orgullosos de sus peque?os triunfos: han conseguido modificaciones del C¨®digo Civil, liberar a espa?oles presos en el extranjero por embrollos administrativos, est¨¢n trabajando para cambiar el concepto de insolvencia de cara a un desahucio, y su servicio de emergencias ¡ªque funciona todos los d¨ªas del a?o¡ª es una garant¨ªa para los emigrantes cuyos derechos se ven violados en expulsiones ilegales. ¡°Hemos bajado gente de aviones mil veces¡±, presume Comas-Mata.

De los 165 empleados de la instituci¨®n, menos de una cuarentena se dedica a la gesti¨®n de las quejas. El resto son administrativos, inform¨¢ticos¡­ Comas-Mata no quiere meterse en problemas cuando le preguntan si, con la contrataci¨®n de 20 funcionarios m¨¢s, como plantea el CORA, se podr¨ªa absorber el trabajo de los defensores auton¨®micos. ¡°Tenemos much¨ªsimo trabajo¡±, se limita a responder con una sonrisa inc¨®moda.

La mayor¨ªa de los defensores consultados, m¨¢s all¨¢ del enfado por lo que consideran una traici¨®n institucional, no tiene malas palabras para el personal de Madrid ni para Soledad Becerril. Saben que los primeros se han visto arrastrados a esta pol¨¦mica sin desearlo, pero a la defensora le achacan haberse cuadrado ante los c¨¢lculos pol¨ªticos del Partido Popular (partido del que proviene) pas¨¢ndolos por delante de los intereses ciudadanos.

La relaci¨®n entre los defensores estatal y auton¨®micos raramente ha sido mala. Desde 1985 hay una ley de coordinaci¨®n que evita incompatibilidades y repeticiones de quejas, pero el grado de colaboraci¨®n depende de la buena voluntad. Mientras oficinas como las de Andaluc¨ªa, Pa¨ªs Vasco y Castilla y Le¨®n definen como ¡°mod¨¦licas¡±, Catalu?a asegura que es deficiente.

En Andaluc¨ªa consideran que la propuesta de que Madrid asuma sus labores es un farol o una provocaci¨®n: ¡°Ser¨ªa inabordable. Colapsar¨ªan y no podr¨ªan sacar el trabajo adelante¡±, asegura Manuel Mart¨ªnez-James, del gabinete andaluz.

Mart¨ªnez-James insiste en que alejar al ciudadano de su defensor representar¨ªa una p¨¦rdida incalculable. ¡°Ahora de vez en cuando nos llega un papel cuadriculado que tenemos que leer en voz alta porque no es castellano: es una transcripci¨®n cerrada del andaluz. Y al d¨ªa siguiente ese papel puede ser una queja por la que el consejero tenga que dar explicaciones en el Parlamento. Eso es riqueza democr¨¢tica¡±.