La izquierda abandona el plante a la Ley de Transparencia

Ya no hay razones para la ausencia y todos los grupos estar¨¢n presentes en la Comisi¨®n Constitucional, seg¨²n han confirmado socialistas, miembros de Izquierda Plural y del Grupo Mixto, tras haberse ausentado en las ¨²ltimas reuniones. Las anteriores citas fueron en la ponencia en la que se trabaja a puerta cerrada para intentar el acuerdo, enmienda por enmienda, art¨ªculo por art¨ªculo, y as¨ª liberar la carga del trabajo en la comisi¨®n donde los grupos tienen que pronunciarse con sus votos. El grado de apoyo con el que saldr¨¢ la ley a¨²n no est¨¢ decidido. Una vez aprobada en la comisi¨®n, en septiembre ser¨¢ votada en el Pleno del Congreso para despu¨¦s tomar el camino del Senado y su aprobaci¨®n definitiva se prev¨¦ para fin de a?o.

A¨²n queda un buen tramo en el que el PP intentar¨¢ conseguir el m¨¢ximo acuerdo en esta ley conducida personalmente por la vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, a trav¨¦s del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jos¨¦ Luis Ayll¨®n, junto al secretario general del Grupo Popular, Jos¨¦ Antonio Berm¨²dez de Castro, art¨ªfice de las negociaciones. Durante el plante de la izquierda el PP logr¨® un acercamiento notable con CiU y PNV y algo menos con UPyD. S¨ª se considera un avance que cada administraci¨®n sancione a los cargos que incurran en alguna infracci¨®n que marque la ley y no que desde el Ministerio de Hacienda se tuviera potestad para castigar a cargos auton¨®micos y municipales. As¨ª figuraba en el texto que sali¨® del Consejo de Ministros lo que ha constituido un caballo de batalla de primer orden para los nacionalistas que no pod¨ªan aceptar que ¡°Montoro sancione a un consejero catal¨¢n o vasco¡±, repet¨ªan. Tambi¨¦n se ha eliminado la potestad de Hacienda para destituir a cargos auton¨®micos y municipales. Habr¨¢ un amplio cat¨¢logo de infracciones y sanciones pero las aplicar¨¢ la administraci¨®n que corresponda.

Ya no hay duda de la ampliaci¨®n del ¡°¨¢mbito subjetivo de aplicaci¨®n¡± de la ley, como se?ala el art¨ªculo dos de la norma. Adem¨¢s de la Administraci¨®n General del Estado, las Administraciones de las autonom¨ªas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y la administraci¨®n local, se ha a?adido ¡°La Casa de su Majestad el Rey, el Banco de Espa?a, los partidos pol¨ªticos, las organizaciones sindicales y organizaciones empresariales¡±. Estas adiciones no figuraban en el texto original como tampoco se incluyeron a las entidades privadas que reciban subvenciones. Despu¨¦s de cierto forcejeo con la oposici¨®n est¨¢n en el ¨¢mbito de la ley las entidades que reciben ayudas superiores a 100.000 Euros al a?o o el 40% del total de sus ingresos anuales.

Aunque lo m¨¢s conocido de la ley ha girado en torno a la inclusi¨®n de los partidos, la Casa del Rey y otras entidades que no figuraban, la norma ha sido concebida, como en otros pa¨ªses avanzados, como el derecho de los ciudadanos a acceder a la informaci¨®n p¨²blica, entendida como los contenidos o documentos, ¡°cualquiera que sea su formato o soporte, que obran en poder los sujetos incluidos en el ¨¢mbito de aplicaci¨®n de la ley¡±. Los l¨ªmites al derecho de acceso ha sido un asunto al que se ha dado muchas vueltas. Al final, se dice que el derecho de acceso podr¨¢ ser restringido ¡°cuando acceder a la informaci¨®n suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad p¨²blica, la prevenci¨®n , investigaci¨®n y sanci¨®n de los il¨ªcitos penales, administrativos o disciplinarios¡±.

Tambi¨¦n se ponen l¨ªmites porque puede suponer un perjuicio asuntos tan gen¨¦ricos como amplios tales como: ¡°Los intereses econ¨®micos y comerciales; la pol¨ªtica econ¨®mica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial y la garant¨ªa de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisi¨®n¡±. Estas restricciones entran de lleno en las actividades de los partidos, los sindicatos, las patronales y la Casa del Rey.