V¨ªctimas tambi¨¦n de los retrasos

Un formulario de tres p¨¢ginas. ¡°Indique cu¨¢l era su destino, vag¨®n y si es posible n¨²mero de asiento¡±. As¨ª empieza el camino para obtener una indemnizaci¨®n tras una tragedia como la del accidente de Santiago. Los pagos de las aseguradoras pueden llegar pronto, pero los de la responsabilidad civil, los que determinan qui¨¦n fue el responsable de la cat¨¢strofe, pueden demorarse a?os en un trasiego de citas judiciales.

? Biescas (7 de agosto de 1996). Un torrente de agua se llev¨® la vida de la familia de Sergio Murillo, navarro de 33 a?os, cuando solo ten¨ªa 16. Pas¨® el verano de 1996 con sus padres y sus dos hermanos en el c¨¢mping de Biescas (Huesca) cuando fueron sorprendidos por una inmensa riada que arranc¨® la vida de 87 personas. Tras nueve largos a?os de peregrinaci¨®n judicial, la Audiencia Nacional conden¨® al Gobierno de Arag¨®n y a la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Ebro a pagarle m¨¢s de 800.000 euros (210.000 por cada familiar). Sus t¨ªos, que se convirtieron en sus tutores legales despu¨¦s de que ¨¦l se quedara hu¨¦rfano, iniciaron el proceso legal. Al final, los jueces determinaron que la tragedia fue previsible y evitable, porque el c¨¢mping estaba situado en una zona peligrosa. Murillo asegura que cada vez que se produce una cat¨¢strofe, el sentimiento de impotencia que le acompa?¨® durante una d¨¦cada vuelve. ¡°Cuando veo que los implicados empiezan a quitarse las culpas y a se?alar a otros, me doy cuenta de que no han aprendido nada¡±, explica.

¡°Todo el proceso fue un desprop¨®sito judicial y pol¨ªtico. Despu¨¦s de la riada de agua sigui¨® una de injusticia¡±, apunta su abogada, Elena Melero. Alfredo Bon¨¦ (PAR) era el consejero de Medio Ambiente cuando la Audiencia dict¨® sentencia sobre las indemnizaciones y fue el encargado de firmar la orden a Tesorer¨ªa del Gobierno de Arag¨®n para que empezaran los pagos a las v¨ªctimas, que no llegaron hasta un a?o despu¨¦s de la resoluci¨®n judicial. Bon¨¦ alega que el proceso se dilata porque ¡°hay que considerar muchas cuestiones para que quede claro qui¨¦n es el responsable¡±. Sobre la tardanza en el ingreso de las indemnizaciones una vez que la justicia se pronunci¨®, alega: ¡°Fue un desembolso muy grande, que no estaba contemplado en los Presupuestos de ese a?o. Hubo que pedir cr¨¦ditos, hacer informes...¡±.

? Yak-42 (26 de mayo de 2003). Diez a?os despu¨¦s del peor siniestro de la aviaci¨®n militar espa?ola, en el que murieron 62 militares al estrellarse en Turqu¨ªa el avi¨®n en el que regresaban de una misi¨®n en Afganist¨¢n, las familias no han visto ni un euro. En total, las empresas que contrat¨® Defensa para gestionar el vuelo deben desembolsar seis millones de euros. Leopoldo Gay es el abogado de 43 de las 62 familias. ¡°El problema es que las dos empresas son extranjeras y no es sencillo exigirles el pago¡±, se?ala. Una de ellas, adem¨¢s, se ha declarado insolvente. El Supremo confirm¨® la indemnizaci¨®n en 2012, nueve a?os despu¨¦s del accidente. Gay apunta a la lentitud de la justicia y a la ¡°actitud del instructor¡± como motivo de la demora. El letrado hace balance: ¡°La justicia tard¨ªa deja de ser justicia¡±.

? Incendio de Guadalajara (17 de julio de 2005). Los familiares de los 11 miembros del equipo de extinci¨®n que murieron en el fuego cobraron el dinero de la aseguradora en menos de dos meses. Pero la responsabilidad por parte de la Administraci¨®n tuvo que esperar al 16 de mayo de este mismo a?o. Ese d¨ªa, en las Cortes regionales de Castilla-La Mancha, el Partido Popular present¨® una proposici¨®n de ley ¨²nica para establecer las indemnizaciones que corresponder¨¢n a las familias seg¨²n su grado de parentesco: 42.701,5 euros para los hijos menores de edad; 68.322,4 euros para los padres que no resid¨ªan con las v¨ªctimas; 93.943,3 euros para los progenitores que compart¨ªan domicilio con ellos, y 102.483,64 euros para las viudas. Las familias tienen hasta el 16 de septiembre para solicitar las cantidades que les correspondan.

Carmen Clara Mart¨ªnez es abogada de parte de los afectados: ¡°Han reclamado y como no se ha cumplido el plazo de su respuesta, el silencio en este caso es un signo positivo, porque si no contestan significa que ganamos en nuestra petici¨®n¡±. Explica que en los juicios de cat¨¢strofes la dilataci¨®n es habitual por la cantidad de imputados y la cantidad de folios, ¡°17.000 en nuestro caso¡±. ¡°Adem¨¢s¡±, contin¨²a, ¡°todo el mundo recurre porque nadie est¨¢ contento con las resoluciones y hay infinidad de pruebas periciales. Se podr¨ªa acortar el proceso si las partes no recurrieran, pero depende de las partes¡±.

Las familias ya no quieren hablar sobre lo que ocurri¨®. Jos¨¦ Mar¨ªa Manteca, t¨ªo de uno de los fallecidos y portavoz de la Asociaci¨®n de Victimas de algunos de los afectados, hizo declaraciones por ¨²ltima vez a finales de mayo de este a?o, justo despu¨¦s de que se aprobaran las cantidades de las indemnizaciones. Ahora es su hijo quien, a trav¨¦s del tel¨¦fono, comunica que su padre no quiere decir nada m¨¢s. Algo parecido ocurre con Mari¨¢ngeles Garc¨ªa, madre de otra de las v¨ªctimas del incendio y consejera de Educaci¨®n del ¨²ltimo Gobierno socialista en la regi¨®n. No quiere hablar y se ha explicado con un SMS: ¡°Cobramos todo inmediatamente y el trato que recibimos de las instituciones fue exquisito¡±.

Es algo con lo que no est¨¢n de acuerdo otras familias que desde un primer momento criticaron la gesti¨®n por parte de la Junta de Comunidades.

? Metro de Valencia (3 de julio de 2006). La cantidad que recibieron las v¨ªctimas de la riada de Biescas fue el patr¨®n que la Generalitat valenciana utiliz¨® para indemnizar a las del accidente del metro de 2006, en el que murieron 43 pasajeros. Antes de final de a?o, todos los familiares de las v¨ªctimas hab¨ªan recibido la cantidad de la aseguradora del metro y la que corresponde a la responsabilidad civil.

Enric Chulio, de 40 a?os, perdi¨® a su mujer en el siniestro. Explica que a las dos semanas del descarrilamiento recibi¨® un burofax en el que le informaban de que pod¨ªa pasar por las oficinas de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) para recibir su indemnizaci¨®n, y recuerda tambi¨¦n una cl¨¢usula que le imped¨ªa tomar acciones legales contra la compa?¨ªa p¨²blica si estaba de acuerdo con la suma. Destrozado por la p¨¦rdida, no acept¨®, contrat¨® a un abogado y esper¨® a firmar en septiembre. ¡°Entonces la cl¨¢usula hab¨ªa desaparecido¡±, se?ala. ¡°Por una parte es muy positivo que nos pagaran tan r¨¢pido, porque algunos de los fallecidos eran el sustento econ¨®mico de su familia; pero por otro lado fue como una ofensa: coge el dinero y calla¡±, se?ala Chulio. El motivo de la celeridad se basa en que FGV asumi¨® desde un principio los costes de la responsabilidad civil, explica un portavoz autorizado de la empresa p¨²blica. En total, se pagaron 8,8 millones de euros de compensaci¨®n para los afectados.

? Accidente de Barajas (20 de agosto de 2008). Los familiares de las v¨ªctimas y los 18 supervivientes del accidente del vuelo JK-5022, de Spanair no han dejado de luchar. Un total de 154 personas murieron en la peor tragedia de la aviaci¨®n espa?ola de las ¨²ltimas d¨¦cadas.

Pilar Vera, presidenta de la Asociaci¨®n de Afectados del Vuelo JK-5022, perdi¨® a su sobrina. ¡°Despu¨¦s de cinco a?os, la situaci¨®n es la misma. Solo algunas familias han llegado a un acuerdo con Mapfre¡±. La aseguradora afirma que ha consignado 14,5 millones de euros para pagar las compensaciones y que se ha regido por los baremos de los accidentes de autom¨®viles. ¡°Desde que fijamos la cantidad, se han sucedido acuerdos definitivos con sus correspondientes pagos a los perjudicados¡±, confirman desde Mapfre. La compa?¨ªa, seg¨²n subraya, ¡°quiere hacer lo m¨¢ximo que pueda para agilizar los tr¨¢mites¡±, una frase que repite en varias ocasiones de forma exacta, como un mensaje grabado. Esa es la versi¨®n ¡°oficial¡±.

Una versi¨®n incorrecta, seg¨²n Vera, que asegura que en los documentos facilitados por el juzgado la consignaci¨®n de Mapfre es de 12,7 millones. ¡°Ni aunque fueran 15¡±, expresa con vehemencia la presidenta de la asociaci¨®n. Seg¨²n cree, en Espa?a, dependiendo del tipo de desastre, las v¨ªctimas son tratadas de una manera u otra.

Tras el atentado del 11-M, donde murieron 191 personas, el Estado se hizo cargo de la responsabilidad civil con 350 millones. Mapfre no llega a los 13. Vera no puede entenderlo. ¡°En este pa¨ªs deber¨ªa haber un baremo para valorar una vida que se pierde por una tragedia¡±.

Los que ya han firmado el acuerdo con la aseguradora renuncian para siempre y en cualquier lugar del mundo a pedir responsabilidades. ¡°Ni contra AENA, ni contra Fomento, ni contra el fabricante, ni contra nadie¡±, subraya Vera. Son alrededor de 82.000 euros a cambio del silencio perpetuo.

Todav¨ªa quedan una treintena de personas que contin¨²an la batalla. Sin embargo, en el caso de Spanair es dif¨ªcil saber qu¨¦ ocurrir¨¢ con cada familia, ¡°porque cada uno se busc¨® su abogado y se arregla de una manera distinta¡±, recuerda Vera. De cualquier forma, la asociaci¨®n lucha porque se reconozca lo que ocurri¨®, porque las aseguradoras obliguen a las compa?¨ªas a¨¦reas a ser seguras. ¡°Si no, cuando pasen unos a?os, saldr¨¢ m¨¢s barato pagar indemnizaciones que mantener la seguridad en los aviones¡±, zanja.

? Costa Concordia (13 de enero de 2012). Una veintena de espa?oles que viajaban en el crucero que naufrag¨® con 4.200 personas a bordo frente a la isla italiana de Giglio no est¨¢n de acuerdo con la indemnizaci¨®n. Consideran que la suma de entre 15.000 y 30.000 euros para cada afectado que ofreci¨® Costa Cruceros es insuficiente, y por eso han ido a juicio. La primera sentencia ha resuelto que la compa?¨ªa debe pagar 17.500 euros a estos pasajeros que en enero de 2012 vieron truncadas sus vacaciones. ¡°Creemos que la cantidad es insuficiente y vamos a seguir luchando por obtener lo justo¡±, asegura Manuel Martos, que viajaba en ese barco junto a su mujer y su hijo. Costa Cruceros responde por correo electr¨®nico que desde el primer momento se ha hecho cargo de la responsabilidad civil del suceso y recalca que ya ha llegado a acuerdos amistosos con el 80% de los pasajeros.