Cabos sueltos

? 1) Caso B¨¢rcenas. Vi?eta de Peridis a mediados de julio. El grader¨ªo de la oposici¨®n grita: ¡°Que comparezca Mariano, que comparezca Mariano¡±. Enfrente, la bancada del PP responde: ¡°Qu¨¦ m¨¢s quisiera Mariano¡±. Mes y medio despu¨¦s, tras la comparecencia parlamentaria de Rajoy y la judicial de los secretarios generales, la oposici¨®n se proclama convencida de que el presidente minti¨® al Parlamento para tapar la financiaci¨®n ilegal del PP y su intento de convencer a B¨¢rcenas de que no hablase; y exige que comparezca de nuevo y diga la verdad. Pero, desde esa convicci¨®n, decir la verdad significar¨ªa reconocer que minti¨® sobre esos temas en sede parlamentaria. Y si lo reconoce, tendr¨ªa que presentar de inmediato su dimisi¨®n.

Por eso es dif¨ªcil que Rajoy acepte el emplazamiento. Cuenta para ello con coartadas morales (¨¦tica de la responsabilidad, etc.); y seguramente tambi¨¦n con el convencimiento de que, en realidad, el primer partido de la oposici¨®n no est¨¢ interesado en este momento en una dimisi¨®n/sustituci¨®n que probablemente desembocar¨ªa a corto plazo en unas elecciones anticipadas de problem¨¢tico resultado.

? 2) Gibraltar. Jon I?arritu, diputado de Amaiur, se reuni¨® a comienzos de agosto con las autoridades del Pe?¨®n para expresarles su solidaridad y reclamar ¡°respeto a la voluntad del pueblo gibraltare?o¡±. Alfred Bosch, diputado de ERC, envi¨® d¨ªas despu¨¦s un telegrama al ministro principal de la colonia con un contenido similar.

Esto ha hecho recordar el telegrama que Sabino Arana quiso enviar (fue retenido en Correos) en mayo de 1902 al presidente norteamericano Theodore Roosevelt felicit¨¢ndole por su contribuci¨®n a la independencia de Cuba. Encarcelado por ello, Arana intent¨® enviar desde la prisi¨®n otro telegrama (sus correligionarios no le dieron curso), dirigido al primer ministro ingl¨¦s, Lord Salisbury, para felicitarle por el final de la guerra de los boers, expresando sus deseos de que ¡°aquellos pueblos hallen ventaja bajo suave yugo Gran Breta?a y esperando que soberan¨ªa inglesa sea para ellos antes protecci¨®n que dominaci¨®n¡±.

El contraste entre ambos telegramas, uno contra el colonialismo espa?ol y otro de elogio al colonialismo ingl¨¦s, se prolonga hoy en la actitud de nuestros nacionalistas, que defienden en Gibraltar un principio que no aceptar¨ªan en el S¨¢hara, por ejemplo, tras la repoblaci¨®n del territorio por colonos marroqu¨ªes, o en Irlanda del Norte, donde el problema no es de independencia sino de reunificaci¨®n.

? 3) Presidente del Constitucional. La oleada de recusaciones y peticiones de nulidad de resoluciones del Tribunal Constitucional al conocerse la militancia en el PP de su presidente, Francisco P¨¦rez de los Cobos, ha provocado la previsible preocupaci¨®n. Entre los constitucionalistas hay acuerdo en considerar que deber¨ªa haberlo comunicado en su comparecencia parlamentaria previa al nombramiento; pero no lo hay respecto al fondo del asunto.

La Constituci¨®n establece (art. 159-4) una serie de incompatibilidades de los magistrados entre las que figura el ¡°desempe?o de funciones directivas en un partido o en un sindicato¡±. Y a?ade que ¡°en lo dem¨¢s¡± tendr¨¢n las ¡°incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial¡±, entre las que la Constituci¨®n cita (art. 127), la militancia en ¡°partidos pol¨ªticos o sindicatos¡±. Se ha argumentado que si el constituyente hubiera querido excepcionar a los miembros del Constitucional de ese criterio general, lo habr¨ªa dicho expresamente. Pero tambi¨¦n puede argumentarse que de haber querido que se aplicase la norma general no hubiera acotado la incompatibilidad a las ¡°funciones directivas¡±.

A su vez, esa menci¨®n se explica por la singularidad del papel y composici¨®n del Tribunal Constitucional. Sus miembros son elegidos no solo entre magistrados y fiscales, sino tambi¨¦n entre ¡°profesores de universidad, funcionarios p¨²blicos y abogados¡±. La Constituci¨®n no quiere excluir a personas competentes, por ejemplo profesores de derecho constitucional, por el hecho de que sean, y no deseen dejar de ser, miembros de un partido.

Lo cual conduce a otra cuesti¨®n m¨¢s general de la que solo se puede hablar en voz baja. Las resoluciones del Constitucional son pol¨ªticas ¡ªde pol¨ªtica constitucional¡ª, aunque deban estar apoyadas en razonamientos jur¨ªdicos. Pero con frecuencia sus miembros carecen de conocimientos y experiencia pol¨ªtica, lo que es una debilidad incluso para resistir las presiones de los partidos. Bastantes de sus miembros no han necesitado ser militantes para mostrarse obedientes al que les propuso. En Alemania, cuyo modelo inspira el espa?ol, muchos de sus magistrados desde 1951 proced¨ªan de la pol¨ªtica.

Pero esa circunstancia era p¨²blicamente conocida. Aqu¨ª, si un candidato milita en un partido, debe saberse; y ser¨ªa un gesto de prudencia que suspendiera temporalmente su militancia; pero no deber¨ªa ser condici¨®n para ser un juez constitucional.