El ¡®caso B¨¢rcenas¡¯ frustra un pacto de PP y PSOE sobre transparencia y corrupci¨®n

El caso B¨¢rcenas, y especialmente la respuesta que el Gobierno y el PP dan a ese esc¨¢ndalo, ha impedido el acuerdo de los dos grandes partidos sobre la Ley de Transparencia y dificulta un futuro consenso sobre nuevas medidas contra la corrupci¨®n. Al menos, esa fue la excusa que el PSOE dio ayer en el Congreso para no apoyar la ley en su ¨²ltimo tr¨¢mite en la C¨¢mara baja.

La norma emblem¨¢tica del Gobierno del PP ir¨¢ ahora al Senado, tras un largo tr¨¢mite en el Congreso que incluy¨® comparecencias de expertos y enmiendas pactadas que han transformado casi totalmente el proyecto inicial. El Gobierno pretende que entre el vigor el 1 de enero de 2014. Se aplicar¨¢ a la Casa del Rey, a sindicatos y partidos, a las iglesias y a las entidades que reciban el 50% de sus presupuestos en subvenciones p¨²blicas. Su cumplimiento ser¨¢ controlado por un consejo que se crea con la ley.

La ley de Transparencia obligar¨¢ a las administraciones y entidades afectadas a publicar todos sus datos y a responder a todas las preguntas de los ciudadanos sobre su funcionamiento. Se crear¨¢ una web de transparencia y podr¨¢ ser sancionada la entidad si no permite el acceso a sus datos.

El Gobierno aprobar¨¢ el d¨ªa 20 la propuesta de acuerdo de regeneraci¨®n

Ayer recibi¨® el voto favorable de PP, CiU y PNV y el contrario de PSOE, UPyD, Izquierda Plural, ERC, Amaiur, BNG, Comprom¨ªs-Equo y Geroa Bai.

El portavoz del grupo socialista, Jos¨¦ Enrique Serrano, se refiri¨® expresamente en su intervenci¨®n a la mejora notable del proyecto inicial, a su casi acuerdo con el texto resultante, pero tambi¨¦n al hecho de que mientras se tramita, el PP frena en la C¨¢mara todas las iniciativas para que el presidente del Gobierno comparezca y aclare el caso B¨¢rcenas.

El portavoz del PP Esteban Gonz¨¢lez Pons entr¨® en ese debate para asegurar que no hay encaje legal a las interpelaciones al presidente del Gobierno, e inst¨® a la oposici¨®n a acudir a la moci¨®n de censura, ¨²nico instrumento legal para exigir responsabilidades pol¨ªticas a un presidente. ¡°Dentro de unos a?os no podr¨¢n explicar por qu¨¦ votaron en contra de la transparencia y por qu¨¦ se situaron en el rinc¨®n oscuro del Congreso¡±, reproch¨® Gonz¨¢lez Pons a los socialistas.

Poco despu¨¦s, el presidente del Congreso, Jes¨²s Posada, modific¨® ligeramente su posici¨®n y acept¨® tramitar una petici¨®n de IU para interpelar el pr¨®ximo mi¨¦rcoles al Ejecutivo sobre la corrupci¨®n. En manos del Gobierno queda qui¨¦n responde a la interpelaci¨®n, que dar¨¢ lugar a debate y votaci¨®n, una semana despu¨¦s, de una moci¨®n en la que se le exigir¨¢n responsabilidades a Rajoy.

El diputado de UPyD Carlos Mart¨ªnez Gorriar¨¢n record¨® que el PP acaba de invocar la protecci¨®n de sus datos para justificar ¡°la destrucci¨®n de los ordenadores de B¨¢rcenas¡±. Votaron en contra PSOE, UPyD, Izquierda Plural y Grupo Mixto.

En su mayor¨ªa argumentaron que la ley, pese a los cambios, sigue siendo insuficiente y protege en exceso a instituciones como la Casa del Rey y el Tribunal Constitucional, entre otras.

El escollo del caso B¨¢rcenas corre tambi¨¦n el riesgo de arruinar la idea del Gobierno de impulsar un pacto contra la corrupci¨®n. El pr¨®ximo viernes 20 de septiembre el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un informe con un cat¨¢logo de medidas propuestas por el Centro de Estudios Pol¨ªticos y Constitucionales, que incluyen un estatuto del cargo p¨²blico, reformas del C¨®digo Penal, obligaci¨®n de los tesoreros de los partidos a comparecer en el Congreso y reforzamiento del Tribunal de Cuentas, entre otras.

Con ese informe, el Gobierno ¡ªprevisiblemente la propia vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa¡ª convocar¨¢ a los portavoces de los grupos, uno a uno, para intentar alcanzar un acuerdo contra la corrupci¨®n. El PSOE present¨® hace dos semanas sus propuestas, que en algunos casos son coincidentes con las del Gobierno.

Luego deber¨¢n tramitarse cada una de las leyes, pero seg¨²n la previsi¨®n del Gobierno no entrar¨ªan en vigor antes de finales de 2014 en el mejor de los casos.