Alaya cerca a los sindicatos en otra redada por el fraude de los ERE

Del aviso a las detenciones. La juez Mercedes Alaya ya hab¨ªa acusado a los sindicatos de financiaci¨®n irregular gracias a los ERE fraudulentos. Ayer pas¨® de las palabras a los hechos y orden¨® a la Guardia Civil la detenci¨®n de al menos cuatro sindicalistas de UGT y CC OO beneficiados por las subvenciones de los ERE abonadas por la Junta de Andaluc¨ªa. Los agentes detuvieron a nueve personas en la segunda fase de la Operaci¨®n Heracles, desencadenada ayer de manera simult¨¢nea en siete provincias. A los sindicalistas se sumaron diversos empresarios y un alto cargo de la Diputaci¨®n de Sevilla ¡°de absoluta confianza¡± del diputado socialista en el Congreso Jos¨¦ Antonio Viera durante su etapa como consejero de Empleo. Alaya volvi¨® a se?alar a Viera como responsable de ayudas bajo sospecha, pese a su condici¨®n de aforado.

UGT y CC OO ya estuvieron en el punto de mira de Alaya cuando esta primavera les acus¨® de percibir 7,6 millones durante 10 a?os gracias a los ERE. Ahora, tras las pesquisas de la Guardia Civil, ¡°estar¨ªan emergiendo numerosos indicios de la participaci¨®n de personas vinculadas a los sindicatos¡±, subraya Alaya en su auto previo a las detenciones de ayer.

La juez explica que los sindicalistas actuaron como ¡°fuente de informaci¨®n¡± para facilitar la participaci¨®n de las empresas intermediarias (consultoras y despachos de abogados) en los ERE de las empresas y lograr as¨ª las subvenciones de la Junta andaluza. Entre los sindicalistas detenidos destaca el secretario general de UGT en C¨¢diz, Salvador Mera, y el exsecretario de Desarrollo Industrial en CC OO Andaluc¨ªa, Roberto Carmona. De este ¨²ltimo sindicato, la magistrada acusa a su dirigente Juan Antonio Florido por haber recibido una p¨®liza de 221.543 euros como extrabajador m¨¢s 43.472 euros procedentes de la consultora Vitalia por sus gestiones de intermediaci¨®n. En paralelo, la juez Alaya ha asumido la investigaci¨®n de la supuesta financiaci¨®n irregular de UGT a trav¨¦s de facturas con fondos del Gobierno andaluz y ahora analiza estas supuestas irregularidades.

La segunda fase de la Operaci¨®n Heracles desarrollada ayer es consecuencia de la informaci¨®n recabada el pasado marzo por la Unidad Central Operativa (UCO) y los interrogatorios de entonces. El objetivo: encontrar el destino final del dinero pagado por la Junta en sobrecomisiones a los intermediarios de los ERE, cifrada en 51 millones. Para ello, los agentes efectuaron una decena de registros en Barcelona, Sevilla, M¨¢laga y C¨®rdoba. Adem¨¢s, el n¨²mero de imputados derivado de este nuevo impulso en la investigaci¨®n alcanzar¨¢ el medio centenar, si bien fuentes policiales no aclararon si las 50 personas son nuevos imputados en el procedimiento o si ya estaban acusados.

Alaya aclara que investiga los delitos de cohecho, tr¨¢fico de influencias, malversaci¨®n y prevaricaci¨®n, y en su auto se?ala a los dos empresarios Jos¨¦ Enrique Rosendo y Jos¨¦ Mar¨ªa Sayago, que obtuvieron ¡°de manera arbitraria¡± 32 millones, aunque finalmente solo cobraron 17 millones, cuyo objetivo final era su ¡°enriquecimiento personal¡± por encima de la creaci¨®n y mantenimiento de empleo, seg¨²n la juez. Ambos empresarios acapararon el 61% de las ayudas concedidas por la Junta a la Sierra Norte sevillana y un 39% del total de ayudas directas a empresas andaluzas. Ayer los agentes registraron los domicilios de ambos.

Entre los detenidos destac¨® el alto cargo de la Diputaci¨®n de Sevilla, Enrique Rodr¨ªguez, exgerente en Sevilla del Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa (IFA), actual agencia Idea y el ¨®rgano pagador de los ERE. La juez le acusa de interceder para ciertas ayudas, y conocer las subvenciones concedidas al t¨¢ndem Rosendo-Sayago.

La magistrada resalta la ¡°absoluta confianza¡± que Viera deposit¨® en este cargo, y recuerda el ¡°papel decisivo¡± que el diputado socialista desempe?¨® para ciertas ayudas de la Sierra Norte. Asimismo, los agentes detuvieron a ?ngel Quesada, responsable de Empleo e Innovaci¨®n de la Diputaci¨®n sevillana y director de un complejo hotelero en Torremolinos (M¨¢laga), inform¨® Europa Press.

Mientras, los agentes registraron la casa de Rodr¨ªguez y su despacho en la Diputaci¨®n de Sevilla; el restaurante R¨ªo Grande as¨ª como la casa de su propietaria Carmen Garc¨ªa, y la casa del empresario Antonio Manuel Bustamante, due?o de las firmas Surcolor y Sevicolor, localizada en Gines (Sevilla).

La juez acusa tanto al restaurante R¨ªo Grande como a la empresa Nexprom de haber financiado el entramado empresarial creado por el intermediario de los ERE y exsindicalista Juan Lanzas, que amas¨® hasta 13 millones procedentes de las sobrecomisiones, seg¨²n la investigaci¨®n. ¡°Lanzas habr¨ªa ideado la utilizaci¨®n de operaciones comerciales ficticias y o simulaci¨®n de pagos¡± para lograr su fortuna, parte de la cual Alaya sospecha que mantiene oculta.

El impulso de la investigaci¨®n dado ayer y sobre todo la profusi¨®n de autos dictados por la magistrada en la ¨²ltima semana (casi uno por d¨ªa) ofrecen un panorama investigador de v¨¦rtigo. La raz¨®n es el ampl¨ªsimo mapa de la instrucci¨®n: las pesquisas abarcan la l¨ªnea de financiaci¨®n de los ERE, las sobrecomisiones, los intrusos y las ayudas indebidas a empresas. Y cada rama multiplica d¨ªa a d¨ªa su horizonte al mismo ritmo que suma m¨¢s imputados. De momento la causa acumula 116 acusados y estos d¨ªas se sumar¨¢ medio centenar. Esta ¨²ltima operaci¨®n policial demuestra c¨®mo detr¨¢s de cada interrogatorio y diligencia se esconden nuevos imputados. Y es que 10 a?os dan para mucho.