Una juez investiga una trama de corrupci¨®n en el Gobierno de Melilla
El auto apunta a posibles delitos de falsedad documental, prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias
Acompa?ada por 35 guardias civiles, la juez Mar¨ªa Jos¨¦ Alc¨¢zar Oca?a se present¨®, el 12 de septiembre, en el Ayuntamiento ¡ªque el estatuto de ciudad aut¨®noma convirti¨® en Gobierno¡ª para registrar durante horas la consejer¨ªa de Hacienda y Medio Ambiente y una empresa p¨²blica (Envismesa) donde sospecha, seg¨²n expone en un auto judicial, que se pudieron cometer ¡°delitos de falsedad documental, exacci¨®n ilegal, prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias (¡)¡±.
La investigaci¨®n de la magistrada tiene como punto de partida el presunto fraude fiscal de un peque?o empresario, Abdelkader Kasem Abdelkader, administrador ¨²nico de Reformas y Construcciones el Porvenir SL, cuyo ¨²nico cliente es el Gobierno de la ciudad. Las facturas que ¨¦l hac¨ªa, declar¨®, ¡°no pod¨ªan pasar de 30.000 euros¡± para no tener que ir a subasta o concurso p¨²blico. A lo largo de sus 21 p¨¢ginas, el auto recopila contratos menores adjudicados a cuatro empresas de Melilla por un importe de 4,9 millones.
La ¡®Operaci¨®n ?pera¡¯ monopoliza el debate pol¨ªtico
Desde hace m¨¢s de un mes toda la vida pol¨ªtica de Melilla gira en torno a la Operaci¨®n ?pera, como se denomina a la investigaci¨®n de la juez Mar¨ªa Jos¨¦ Alc¨¢zar Oca?a, un presunto esc¨¢ndalo de corrupci¨®n que se a?ade a otros m¨¢s. "Toda la contrataci¨®n del Gobierno Imbroda est¨¢ bajo sospecha", denunci¨® en la Asamblea de Melilla el secretario general del PSOE melillense, Gregorio Escobar. Los funcionarios "cumplen a rajatabla lo que dice la ley de contratos en el sector p¨²blico", le replic¨® Daniel Conesa, portavoz del Gobierno. "Tenemos las manos limpias como el agua", insiste el presidente Juan Jos¨¦ Imbroda.
En Melilla llueve sobre mojado. En el Gobierno local hay cuatro altos cargos imputados por otros motivos mientras que el jefe de la Oficina de Industria ha sido condenado a tres a?os de c¨¢rcel y cuatro de inhabilitaci¨®n despu¨¦s de que se descubriese que gran parte de los 5.000 veh¨ªculos que hab¨ªan pasado la ITV en Melilla nunca desembarcaron en la ciudad. El viceconsejero de Medio Ambiente ya dimiti¨® el a?o pasado tras ser imputado por la presunta falsificaci¨®n de t¨ªtulos de buceo.
La prensa de Melilla, muy dependiente de la publicidad municipal, ha descrito la Operaci¨®n ?pera con cautela. Solo el semanario gratuito La Luz de Melilla, perteneciente al grupo empresarial Gaselec, ha aprovechado la ocasi¨®n para investigar. En su ¨²ltimo n¨²mero public¨® en exclusiva una relaci¨®n de facturas abonadas por la Consejer¨ªa de Cultura y Festejos que, sostiene, han sido fraccionas en exceso. La comida y los aperitivos servidos con motivo de un mismo evento aparecen, por ejemplo, en dos facturas separadas.
La juez tambi¨¦n se sorprende de la diferencia entre los pocos trabajadores que esas empresas tienen dados de alta en la Seguridad Social y el elevado n¨²mero de personas que, seg¨²n las facturas, trabajan en las obras contratadas con el Gobierno local. Expone un caso con cinco empleados dados de alta y el cobro por el trabajo de 29 personas.
Tambi¨¦n describe c¨®mo una empresa que, en 2009, factur¨® 367.000 euros no tiene ¡°ning¨²n trabajador a su cargo¡±. ¡°O sobran horas facturadas, o faltan trabajadores en la empresa o no se est¨¢ haciendo lo que se est¨¢ cobrando¡±, recalca.
Alc¨¢zar detecta ¡°posibles fraudes de ley en materia de contrataci¨®n p¨²blica mediante fraccionamientos (¡) y posibles conciertos previos entre cargos p¨²blicos y/o determinados empresarios de Melilla¡±. A esto se a?adir¨ªan ¡°falsedades documentales¡±. Aunque no ha imputado m¨¢s que a Kasem, apunta a tres altos cargos cuyo patrimonio investiga: el consejero de Medio Ambiente, Jos¨¦ ?ngel P¨¦rez Calabuig, su predecesor, Ram¨®n Gavil¨¢n, y un director general, Jos¨¦ Pastor.
El primero de ellos fue, a finales de la d¨¦cada pasada, director de Gesti¨®n T¨¦cnica de Medio Ambiente mientras su esposa era administradora y accionista de una empresa (Promotora Melillense de Viajes) que obtuvo contratos con la consejer¨ªa por 1,1 millones de euros. Los logr¨® ¡°pese a una evidente prohibici¨®n de contratar¡±. Los tres altos cargos comparecieron ante la prensa, sin admitir preguntas, a finales de septiembre y negaron haber incumplido la ley.
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