La fiscal¨ªa intenta librar al PP de los peores delitos derivados de su caja b

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n remiti¨® este martes un escrito al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el que descarga en la pr¨¢ctica al Partido Popular de las principales responsabilidades penales derivadas del caso de los papeles de B¨¢rcenas, la contabilidad secreta del extesorero de la formaci¨®n conservadora. En su escrito, de 12 p¨¢ginas, la fiscal¨ªa se opone frontalmente, una vez m¨¢s, a las diligencias y peticiones de las acusaciones populares, que llevan el peso de una iniciativa investigadora en la que el ministerio p¨²blico va a remolque desde el principio. En este caso, Anticorrupci¨®n ha rechazado la ampliaci¨®n de la querella que un grupo de asociaciones encabezado por Izquierda Unida present¨® el pasado 28 de febrero y con la que Ruz abri¨® una pieza separada del caso G¨¹rtel sobre los manuscritos de B¨¢rcenas.

En septiembre pasado, esta acusaci¨®n popular ampli¨® su denuncia para incluir a los exsecretarios generales del PP ?ngel Acebes y Francisco ?lvarez-Cascos, as¨ª como a 15 empresarios y directivos de constructoras que supuestamente participaron en la donaci¨®n irregular a la sede de G¨¦nova 13 de 7,5 millones de euros entre 1990 y 2008 que no hab¨ªan sido incorporados en la querella de febrero. El fiscal Antonio Romeral pidi¨® este martes a Ruz que no admita a tr¨¢mite la ampliaci¨®n de la querella ni esos nuevos delitos.

Los denunciantes ¡ªIU, la Asociaci¨®n Libre de Abogados, Ecologistas en Acci¨®n, Los Verdes y Justicia y Sociedad¡ª reclamaron en su escrito ampliatorio que los imputados en la querella inicial sean investigados por un delito societario de falsedad contable recogido en el art¨ªculo 290 del C¨®digo Penal. Este art¨ªculo castiga con penas de uno a tres a?os de c¨¢rcel a los administradores de sociedades ¡°que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situaci¨®n jur¨ªdica o econ¨®mica de la entidad¡±.

La contabilidad oficial del PP se ha nutrido durante a?os de donativos de empresarios consignados por B¨¢rcenas en la contabilidad manuscrita publicada por EL PA?S el pasado 31 de enero. B¨¢rcenas troceaba los ingresos en las cuentas oficiales para ocultar que los donativos superaban los l¨ªmites impuestos por la Ley de Financiaci¨®n de Partidos Pol¨ªticos.

La falsedad contable era el delito que las acusaciones consideraban m¨¢s evidente de cuantos se derivan de la contabilidad secreta de B¨¢rcenas. Sin embargo, el fiscal interpreta que ¡°a los partidos pol¨ªticos no les son de aplicaci¨®n los delitos societarios¡±. Romeral sostiene que el C¨®digo Penal solo considera sociedades a aquellas que para cumplir sus fines ¡°participen de modo permanente en el mercado¡±, lo que, seg¨²n su criterio, no hacen las formaciones pol¨ªticas. El fiscal no duda que existiera una caja b en el PP, pero apunta a que esta no tiene relevancia penal. En cualquier caso, la decisi¨®n ¨²ltima depender¨¢ del juez Ruz y, si hay recurso, de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, la ausencia de un delito contable no es el ¨²nico elemento tranquilizador para el PP ¡ªy para los empresarios que supuestamente lo financiaron de forma irregular¡ª. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n cita un informe de la Intervenci¨®n del Estado que descarta una conexi¨®n entre los ingresos en la contabilidad secreta de B¨¢rcenas y la adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos a las empresas de los supuestos pagadores. Esto supone, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, descartar radicalmente un delito de cohecho y otros tipos penales como la prevaricaci¨®n, el tr¨¢fico de influencias o la alteraci¨®n de precios en concursos y subastas p¨²blicas. Este informe es una de las raras diligencias solicitadas por el fiscal sobre los papeles de B¨¢rcenas. El juez Ruz est¨¢ a la espera de recibir otro informe de la Intervenci¨®n sobre los contratos de los empresarios citados en la querella inicial, entre los que se hallan algunos de los principales constructores de Espa?a.

El informe de la Intervenci¨®n se suma a otro, del pasado septiembre, en el que la Agencia Tributaria considera que el PP no cometi¨® delito fiscal como consecuencia de su contabilidad secreta, ya que los donativos ilegales que recibi¨® la formaci¨®n conservadora en los a?os 2007 y 2008 pueden desgravarse en el Impuesto de Sociedades. Esta sorprendente exenci¨®n fiscal hace que la cuota supuestamente defraudada por el PP en el Impuesto de Sociedades en esos ejercicios no supere los 120.000 euros, umbral del delito fiscal, castigado con hasta cinco a?os de prisi¨®n.

Esta apreciaci¨®n de los t¨¦cnicos de Hacienda choca con el criterio del propio Ruz y de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que sostienen que ¡°las cantidades donadas en exceso de los l¨ªmites legales quedar¨ªan sujetas a tributaci¨®n por el Impuesto de Sociedades¡±. Por su parte, la Sala de lo Penal de la Audiencia rechaz¨® por ¡°simplista¡± esta apreciaci¨®n de Hacienda. El descarte definitivo del delito fiscal queda en todo caso en manos de los tribunales.

Desde que el juez Ruz abri¨® la pieza separada de los papeles de B¨¢rcenas, la Fiscal¨ªa no ha solicitado ninguna diligencia de investigaci¨®n, y se ha opuesto a la mayor¨ªa de las propuestas por las distintas acusaciones populares. Entre otras, ha rechazado que testifiquen los l¨ªderes populares Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, Mariano Rajoy, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja; que se pidan al Ministerio de Fomento los contratos con las empresas querelladas; que se recabe el tr¨¢fico de llamadas y datos de los tel¨¦fonos m¨®viles de B¨¢rcenas. La mayor¨ªa de estas negativas han sido acogidas por el juez Ruz, que, sin embargo, en otras ocasiones, se ha desmarcado del criterio restrictivo del fiscal. As¨ª, hoy declarar¨¢ como imputado por el supuesto cohecho de 200.000 euros de la constructora Sacyr para el PP de Castilla-La Mancha el gerente del partido en esa regi¨®n, Jos¨¦ ?ngel Ca?as. La fiscal¨ªa no lo consider¨® necesario.