Unanimidad enga?osa

La casi unanimidad catalana a favor de la celebraci¨®n de la consulta soberanista oculta, pero no hace desaparecer, las discrepancias y contradicciones existentes entre sus promotores sobre aspectos fundamentales de la misma. Entre otras: si deber¨¢ plantear dos ¨²nicas alternativas, s¨ª o no a la independencia, o caben m¨¢s opciones; si deber¨¢ ser legal y pactada con el Estado o puede ser convocada unilateralmente; si ser¨¢ vinculante o consultiva. Y tambi¨¦n: cu¨¢l ser¨¢ la mayor¨ªa necesaria para tener validez, y cu¨¢l la fecha de su celebraci¨®n.

Un refer¨¦ndum con esas dos ¨²nicas opciones tiene la ventaja de la simplicidad y la desventaja de distorsionar la pluralidad de la sociedad catalana. Cuando el alcalde de Barcelona reconoce que no es independentista pero que, si la consulta se formula en esos t¨¦rminos, votar¨¢ a favor, est¨¢ ilustrando esa distorsi¨®n. Es como plantear una segunda vuelta electoral sin que haya habido primera vuelta: el reagrupamiento en dos ¨²nicas opciones es previo a la expresi¨®n de primeras preferencias; y las encuestas muestran que la posibilidad de votarlas modifica la actitud ante la independencia. Seg¨²n los sondeos m¨¢s recientes, la inclusi¨®n de una tercera opci¨®n de autonom¨ªa reforzada hace bajar el porcentaje de voto por la secesi¨®n. Del 46% al 31% en el de EL PA?S (3-11-2013).

La segunda discrepancia se escenific¨® la semana pasada en el Parlament. CiU vot¨® en contra y ERC a favor de una moci¨®n de la CUP instando al Gobierno catal¨¢n a convocar un refer¨¦ndum unilateral si el Estado no autorizaba uno legal y pactado. La v¨ªspera, Artur Mas hab¨ªa declarado que el refer¨¦ndum se celebrar¨ªa con o sin autorizaci¨®n ¡°porque hay diferentes marcos legales para hacerlo¡±.

Es absurdo pretender que el Estado facilite el tr¨¢nsito a la independencia catalana

Tras esta contradicci¨®n est¨¢ la deliberada ambig¨¹edad del nacionalismo gobernante sobre si se est¨¢ hablando de un refer¨¦ndum decisorio, que zanja la cuesti¨®n de la secesi¨®n, aunque haya que pactar despu¨¦s la forma de llevarla a t¨¦rmino, o de uno consultivo, no vinculante jur¨ªdicamente. Esquerra ha venido dando por supuesto que tanto si es autorizado por el Estado como si se convoca unilateralmente, ser¨¢ un refer¨¦ndum vinculante: que si prospera obliga a reconocer la independencia de Catalu?a.

Es sorprendente que los dos partidos que en la pr¨¢ctica gobiernan Catalu?a, CiU y ERC, hablen de cosas diferentes cuando se refieren al refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n que funda su pacto. La divergencia se extiende al criterio para dar validez al resultado. Para ERC bastar¨ªa con la mitad m¨¢s uno de los votos, seg¨²n advirti¨® en su d¨ªa su l¨ªder, Oriol Junqueras (EL PA?S, 15-1-2013). Mientras que de las manifestaciones de dirigentes de CiU se desprende que opinan que para surtir efecto se requerir¨ªa mayor¨ªa cualificada; en principio, no inferior a la que el Estatut exige para su propia reforma (dos tercios).

La apelaci¨®n de Mas a otros marcos legales posibles se interpret¨® como referida a la ley catalana de consultas, en tramitaci¨®n, que regula consultas no vinculantes. Ahora CiU, ERC, ICV y la CUP han acordado recurrir a una v¨ªa m¨¢s directa pero tambi¨¦n m¨¢s inveros¨ªmil: la del art¨ªculo 150-2 de la Constituci¨®n, que permite transferir competencias exclusivas del Estado, como la convocatoria de referendos, a las comunidades aut¨®nomas.

La CUP tambi¨¦n plante¨® en su moci¨®n la necesidad de que la pregunta del refer¨¦ndum incluyera la palabra independencia. Seguramente para evitar expresiones como Estado propio que podr¨ªa identificarse con f¨®rmulas federalistas, como en los EE UU. Solo ERC vot¨® las dos partes de la moci¨®n. ICV respald¨® la posibilidad de consulta unilateral y se abstuvo en la referencia a la independencia con el argumento de que la propuesta planteada tiene que ser lo suficientemente abierta como para que puedan votarla no solo los independentistas sino todos los partidarios del derecho a decidir.

Se trata de un planteamiento equ¨ªvoco, porque es evidente que tras ese principio se acogen opciones muy diferentes. Una encuesta del Gobierno vasco de julio de 2002 indicaba que el 46% de los votantes del PP estaban a favor de la convocatoria de un refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n, pese a que, seg¨²n la misma encuesta, los que entre ellos estar¨ªan dispuestos a votar a favor de la independencia eran el 0%.

En estas condiciones, un refer¨¦ndum legal y pactado como el que ha acabado por reclamar Mas no podr¨ªa serlo sobre la independencia, que es la posici¨®n m¨¢s extrema sobre la mesa, sino sobre un acuerdo en el marco auton¨®mico o federal, alcanzado entre las instituciones catalanas y las del conjunto de Espa?a. Una actitud dialogante como la que se reclama del Gobierno central tendr¨ªa por objeto buscar una salida, alternativa a ese refer¨¦ndum por la independencia, que pudiera ser aceptable para las partes; y no, como parecen suponer algunos entusiastas, facilitar el tr¨¢nsito hacia la independencia por v¨ªa autodeterminista: el camino m¨¢s corto para provocar la ruptura de la sociedad catalana en dos mitades extranjeras entre s¨ª.