El Gobierno crea una sanci¨®n de hasta 30.000 euros por ¡°ofensas a Espa?a¡±

Si hay algo que anima al sector duro del electorado del PP, muy enfadado ¨²ltimamente con su partido, son las banderas. Cada pol¨¦mica sobre la ense?a nacional, por el hecho de algunos Ayuntamientos nacionalistas se nieguen a ondearla, por los independentistas que la queman o cuando se pita el himno nacional en los estadios, enerva y agita al electorado conservador y a algunos medios. Desde estos sectores siempre se reclamaba al Gobierno que hiciera algo. Este viernes, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz se guard¨® una sorpresa para la presentaci¨®n de la ley de Seguridad Ciudadana tras el Consejo de Ministros que la aprob¨®: una sanci¨®n nueva contra unas indefinidas ¡°ofensas o ultrajes a Espa?a, a las comunidades aut¨®nomas y entidades locales o a sus instituciones, s¨ªmbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito¡±.

¡°?Y qu¨¦ es una ofensa a Espa?a?¡±, se pregunt¨® el propio ministro, que es catal¨¢n y representa el sector m¨¢s espa?olista del PP de esta comunidad, controlado durante a?os por ¨¦l y su hermano Alberto. Y entonces abri¨® el abanico: ¡°Por ejemplo una manifestaci¨®n en la que haya consignas o pancartas claramente vejatorias con Espa?a o una de sus comunidades, o sus s¨ªmbolos, sus instituciones, la bandera de Espa?a, ser¨¢ considerada como una infracci¨®n grave¡±. Esto quiere decir que tendr¨¢ una multa de entre 1.001 y 30.000 euros, cantidad muy importante para la gran mayor¨ªa de los ciudadanos que acuden a esas manifestaciones.

Despu¨¦s, en otras preguntas, Fern¨¢ndez aclar¨® que en estas ¡°conductas antisociales¡± no est¨¢ incluido, por ejemplo, pitar el himno de Espa?a en un estadio, porque eso est¨¢ recogido en la ley contra la violencia en el deporte, donde seg¨²n record¨® tambi¨¦n hay multas de hasta 650.000 euros. Preguntado despu¨¦s por una manifestaci¨®n en la que se coreen consignas contra la unidad de Espa?a o de alguna autonom¨ªa, Fern¨¢ndez D¨ªaz matiz¨® que no se considerar¨¢n infracciones si se producen dentro de la legalidad y sin violencia.

La casu¨ªstica es muy diversa y fuentes de Interior admiten que habr¨¢ que esperar al desarrollo de la ley para ver c¨®mo queda el detalle, aunque es seguro que quemar una bandera de Espa?a en p¨²blico s¨ª ser¨¢ infracci¨®n grave. En cualquier caso, adem¨¢s, la norma ofrece un importante poder a la polic¨ªa y al Ejecutivo y una gran discrecionalidad que antes no ten¨ªan.

Con esta incorporaci¨®n de ¨²ltima hora sobre las ¡°ofensas a Espa?a¡± el Gobierno da satisfacci¨®n a su electorado m¨¢s conservador, al que est¨¢ decidido ahora a mirar ¡ªla ley del aborto est¨¢ cercana¡ª, abre una pol¨¦mica con los partidos catalanes y de paso desv¨ªa la atenci¨®n del coraz¨®n de la norma, esto es la represi¨®n a trav¨¦s de multas muy importantes para evitar las manifestaciones sin previo aviso cerca del Congreso que tanto preocuparon al Ejecutivo por la imagen internacional que ofrec¨ªan.

La pol¨¦mica por las enormes sanciones de hasta 600.000 euros ha forzado al ministro a reducir algunas, aunque las m¨¢s conocidas se han quedado en graves, que implican una multa de hasta 30.000 euros, una cantidad muy relevante.

Una de las principales novedades de esta norma, que ha recibido intensas cr¨ªticas de la oposici¨®n, consiste en que estas infracciones, al salir del C¨®digo Penal, algo que para el Gobierno implica suavizar el castigo, se imponen por decisi¨®n de la Administraci¨®n. Basta con la palabra de un polic¨ªa para sancionar. Ya no interviene un juez como suced¨ªa cuando eran faltas. Los jueces, tanto en las manifestaciones no autorizadas cerca del Congreso o en otros lugares y los escraches contra pol¨ªticos, han dado en los ¨²ltimos meses sistem¨¢ticamente la raz¨®n a los ciudadanos, absolviendo a los detenidos por la polic¨ªa. Ahora el Gobierno saca a los jueces de esta batalla contra las protestas no autorizadas. Fern¨¢ndez, que defendi¨® con ah¨ªnco su reforma, record¨® que en cualquier caso toda sanci¨®n podr¨¢ ser recurrida ante un juez, previo pago de las tasas aprobadas por el Ejecutivo.

Desde el punto de vista pol¨ªtico, el Gobierno busca un mensaje de autoridad frente a las protestas ciudadanas. La vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, fue preguntada por el mensaje que lanza el Ejecutivo al aprobar una ley como esta, represiva de las protestas, antes que el paquete anticorrupci¨®n tantas veces prometido y anunciado desde hace 11 meses. La corrupci¨®n ha sido uno de los motivos de estas protestas. S¨¢enz de Santamar¨ªa contest¨® que el jueves se aprob¨® la ley de Transparencia, la primera norma del paquete de regeneraci¨®n democr¨¢tica, seg¨²n explic¨®, y en diciembre el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar los anteproyectos de las medidas anticorrupci¨®n varias veces prometidas por Mariano Rajoy en los debates del Congreso para responder a la presi¨®n de la oposici¨®n con el caso B¨¢rcenas.

Fern¨¢ndez promocion¨® en todo momento su reforma como una ley que aumenta las garant¨ªas y en ning¨²n caso es represiva. ¡°La nueva ley ser¨¢ la consecuencia de una iniciativa despenalizadora del Gobierno¡±, asegur¨®. Y valor¨® que los castigos a ciertos comportamientos ¡°no deben ser penales, sino que deben estar un escal¨®n por debajo¡±. El ministro defendi¨® que el nuevo texto ¡°gana notablemente en garant¨ªas¡±, seg¨²n explic¨®, porque recoge el concepto de seguridad ciudadana con arreglo al concepto del Tribunal Constitucional.

Ante una pregunta expresa, Fern¨¢ndez se mostr¨® confiado en que a ¨¦l no le suceder¨¢ como a Jos¨¦ Luis Corcuera. En 1992, la pol¨¦mica por la vigente ley sobre la seguridad ciudadana, renombrada de la patada en la puerta, que fue corregida por el Constitucional, acab¨® con la carrera pol¨ªtica del exministro socialista, que dimiti¨®. ¡°La ley tiene todas las garant¨ªas y adem¨¢s se elevar¨¢ a informe del Poder Judicial y del Consejo de Estado. En cualquier caso, mi puesto est¨¢ siempre a disposici¨®n del presidente Rajoy¡±, se?al¨® Fern¨¢ndez con una sonrisa. Los socialistas presentar¨¢n con toda probabilidad un recurso, pero el Gobierno est¨¢ convencido de que el Constitucional, de mayor¨ªa conservadora, no echar¨¢ atr¨¢s esta norma, y adem¨¢s quedan muchos meses para pulirla en el Consejo de Estado y despu¨¦s en el Congreso. Se prev¨¦ aprobarla definitivamente a mediados de 2014.

El PSOE ha decidido convertir este asunto en una prioridad estrat¨¦gica de su oposici¨®n. Los socialistas van a constituir un Consejo Federal de Derechos y Libertades para protestar contra ¡°la deriva autoritaria¡± que est¨¢ tomando el PP en esta segunda mitad de la legislatura, seg¨²n anunci¨® el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Antonio Hernando. ¡°

Con la deriva autoritaria y las leyes que est¨¢ haciendo el Gobierno el movimiento 15-M no hubiera sido posible. No hubi¨¦semos tenido plazas ocupadas y no hubi¨¦semos asistido a la libertad de expresi¨®n de todos los ciudadanos, que es fundamental¡±, asegur¨® Hernando.