Los comerciantes desconf¨ªan de la nueva ley de Seguridad Privada
Las grandes asociaciones de Madrid y Barcelona temen una privatizaci¨®n total de la vigilancia Los tenderos conf¨ªan en las polic¨ªas locales y estatales
Los empresarios de las grandes zonas comerciales de Madrid y Barcelona est¨¢n divididos ante los efectos de la nueva ley de Seguridad Privada, que permite a los vigilantes de seguridad patrullar y detener en las calles. Los comerciantes no han analizado a¨²n a fondo el nuevo texto legal, pero temen que se cargue sobre sus bolsillos la seguridad de sus tiendas. La postura com¨²n en las dos grandes ciudades es la misma: m¨¢s seguridad, s¨ª claro, pero ni solo privada ni m¨¢s cara.
Los comerciantes de Madrid est¨¢n divididos por la nueva ley de Seguridad Privada. Agradecen que se mejore la eficacia pero temen que la nueva normativa suponga menos polic¨ªas en la calle y que, por lo tanto, la seguridad se privatice. ¡°Si esto va a suponer que tengamos que contratar vigilantes pues no me parece bien. Yo pago mis impuestos y espero que la Polic¨ªa Municipal siga actuando como hasta ahora¡±, solicita Paloma de Marco, presidenta de la Asociaci¨®n de Comerciantes de Preciados Carmen y Arenal (Apreca).
Una petici¨®n que tambi¨¦n recoge Hilario Alfaro, presidente de la Confederaci¨®n de Comercio de Madrid (Cocem). ¡°Todo lo que sea aumentar la eficacia, sobre todo en zonas peatonales, me parece positivo. Pero siempre y cuando vaya de forma coordinada y dependiente con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Si el fondo del asunto es que se privatice la seguridad pues no estamos de acuerdo¡±, argumenta el responsable de Cocem, que aglutina a 60.000 puntos de venta.
Tanto Alfaro como De Marco ven positiva la aplicaci¨®n de la ley en centros comerciales cerrados. ¡°Si roban dentro, el vigilante podr¨¢ salir a la calle, identificar al ladr¨®n, cachearle y detenerle. Pero en espacios abiertos ya contamos con la Polic¨ªa Municipal¡±, explica la presidenta de Apreca. Seg¨²n dice, el Ministerio del Interior se puso en contacto con diferentes asociaciones de comerciantes antes de redactar el borrador de la ley y contin¨²a haci¨¦ndolo a¨²n hoy a la espera de que esta se apruebe, finalmente, en el Senado.
Ambos comerciantes coinciden en que a¨²n es pronto para valorarla y ver si se va a contratar vigilancia privada. ¡°Aunque el centro de Madrid no es una zona especialmente peligrosa; otra cosa son las zonas marginales, ah¨ª a lo mejor es m¨¢s factible¡±, deja caer De Marcos.
La ley ha cogido con el pie cambiado a los empresarios del principal eje comercial de Barcelona, BarnaCentre, seg¨²n explicaba su presidente, Javier Cottet. Sus asociados no han tenido todav¨ªa tiempo de analizar si aprovechar¨¢n la posibilidad de que guardias jurados patrullen las calles de su zona, pero Cottet se mostr¨® partidario de coordinar a los grandes grupos que tienen vigilancia privada antes que contratar equipos espec¨ªficos.
Para Cottet, con la nueva norma ¡°se ha pasado de un extremo a otro¡±. Se refiere a que los comerciantes llevaban m¨¢s de diez a?os denunciando su impotencia ante el Ayuntamiento de Barcelona porque sus guardias jurados no pod¨ªan hacer nada con las personas que hurtaban alg¨²n producto una vez sal¨ªan de la tienda. En algunos casos que lo hab¨ªan hecho, ¡°la Guardia Urbana les hab¨ªa reprendido¡±. ¡°Ahora supongo que si existe coordinaci¨®n entre empresas de seguridad y polic¨ªa puede ir bien, pero tambi¨¦n se puede generar un conflicto entre ambos cuerpos que puede ser generoso¡±, indic¨® Cottet, quien confes¨®: ¡°Hubi¨¦ramos preferido una soluci¨®n al problema de los reincidentes¡±.
Vicen? Gasca, el presidente de la fundaci¨®n Barcelona Comercio, que aglutina una veintena de ejes comerciales de la capital catalana, advirti¨® que el comercio no permitir¨¢ que ¡°nos pasen la patata caliente de la seguridad a los comerciantes como medida de ahorro: la seguridad es una materia de los ayuntamientos y de la Generalitat¡±
Pese a que la ley est¨¢ todav¨ªa a la espera de su tramitaci¨®n en la C¨¢mara Alta, los vigilantes ya celebran la nueva normativa. El jefe de seguridad de la empresa de seguridad privada Civittas, Crist¨®bal Alzamora, cree, de hecho, que la norma era necesaria. ¡°Desde hace tiempo, la protecci¨®n jur¨ªdica del vigilante estaba en entredicho; sobre todo tras la anterior normativa de seguridad de 1992. Antes de ese a?o, los vigilantes eran jurados y juraban el cargo como cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos del Estado. Ahora son vigilantes de seguridad y a efectos de agresiones no tienen la misma autoridad que, por ejemplo, un profesor¡±.
Alzamora piensa que la nueva ley beneficiar¨¢, adem¨¢s, a los comerciantes de las zonas peatonales, que podr¨¢n unirse y costearse este servicio. ¡°La polic¨ªa no est¨¢ para entrar en cada comercio; ahora tendr¨¢n mayor seguridad reduciendo o compartiendo gastos¡±, abunda.
Su optimismo no coincide, de momento, con sus expectativas a corto plazo. Seg¨²n explica el responsable de Civittas, ning¨²n comerciante se ha puesto en contacto con ellos a ra¨ªz de la aprobaci¨®n en el Congreso de la ley de seguridad privada. Solo han recibido peticiones para solicitudes de fiestas. Tienen tres tipos de clientes: las administraciones p¨²blicas; el peque?o comercio o cliente particular; y, por ¨²ltimo, clientes empresariales o industriales. Sobre los comercios, Alzamora reconoce que apuestan m¨¢s por sistemas de seguridad tecnol¨®gicos que por vigilantes. ¡°Se suele contratar personal de seguridad para peque?as campa?as de Navidad o para centros comerciales. Antes s¨ª que es verdad que las joyer¨ªas ten¨ªan vigilantes, pero eso se ha ido reduciendo por la tecnolog¨ªa¡±.
Contratar un vigilante sale, seg¨²n c¨¢lculos de Civittas, por entre 13 y 20 euros la hora dependiendo de si se trata de controlar un comercio en horario comercial (de 8 a 15 horas) o si es un centro comercial cerrado, que se vigila todo el d¨ªa.
Seg¨²n datos de la Asociaci¨®n Profesional de Compa?¨ªas Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), que aglutina a las principales compa?¨ªas del sector como Prosegur o Securitas, en 2012 hab¨ªa en Espa?a 1.492 empresas de este tipo. De ellas, 126 fueron habilitadas por la Generalitat de Catalu?a; 30 por el Gobierno vasco y el resto por Interior. Por comunidades, Madrid encabezaba la tabla con 300 empresas de seguridad, seguida de Catalu?a y Andaluc¨ªa, que rondaban el centenar.
En septiembre de 2012, hab¨ªa un total de 207.212 vigilantes habilitados, de los cuales se estima que hay 88.250 vigilantes de seguridad en activo. Seg¨²n recoge este mismo informe, desde 2009 la facturaci¨®n total del sector ha ido cayendo en picado.
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