Cuando el maltrato es judicial

Un error del juez o el funcionamiento anormal de un juzgado ¡ªy se dan casos y situaciones muy graves¡ª pueden angustiar a una persona durante a?os. La casu¨ªstica es amplia y variada, seg¨²n se desprende del medio millar de reclamaciones que registra anualmente el Ministerio de Justicia: hay juzgados que desahucian o hacen registros en casas equivocadas ¡ªluego lo arreglan, pero las puertas quedan destrozadas¡ª; detenciones err¨¢ticas e incluso ingresos en prisi¨®n de personas confundidas con otras; denuncias que prescriben porque la causa queda olvidada en estanter¨ªas judiciales; joyas, coches y otros bienes decomisados que luego no aparecen o acaban destruidos ante la impotencia de sus due?os, que los reclaman tras quedar absueltos... Tambi¨¦n hay numerosas quejas por el uso que hace la polic¨ªa de los coches incautados, y que emplea ¡ªla ley lo permite¡ª en operaciones antidroga y vigilancias. Los afectados se quejan de que recuperan los veh¨ªculos a?os despu¨¦s machacados. Cuando piden ser resarcidos, empieza otra odisea de futuro incierto.

Y es que el Ministerio de Justicia paga tarde y mal, y si puede lo evita ¡ªrehaza m¨¢s del 80% de las reclamaciones que recibe por mal funcionamiento o error judicial¡ª. En los casos en que quien ordena la indemnizaci¨®n es un tribunal ¡ªporque, por ejemplo, un juez mete en la c¨¢rcel a un inocente¡ª, no tiene m¨¢s remedio que pagar, y lo hace. Pero si la reclamaci¨®n es por el an¨®malo funcionamiento de un juzgado, por ejemplo, por inactividad injustificada del juez durante el proceso, Justicia suele poner m¨¢s pegas.

El ministerio dice que a¨²n no posee estad¨ªstica sobre las reclamaciones presentadas en 2013, pero s¨ª entre los a?os 2000 y 2012. En todos esos a?os ha pagado por grav¨ªsimos errores judiciales cerca de 30 millones de euros, unos 20 de ellos desde 2008. A¨²n est¨¢ pendiente de pleito, verbigracia, la indemnizaci¨®n a Dolores V¨¢zquez por haber estado 516 d¨ªas presa ¡ªposteriormente fue absuelta¡ª por la muerte en 2000 de la joven Roc¨ªo Wanninkhof. Justicia le ha ofrecido 120.000 euros, pero su abogado pide cuatro millones. Sobre la mesa del ministerio tambi¨¦n se halla ahora, entre otros, el caso de la ni?a Mari Luz Cort¨¦s, asesinada por un pederasta al que un juez de Sevilla olvid¨® ingresar en prisi¨®n pese a estar condenado por abusos sexuales. Juan Jos¨¦ Cort¨¦s, el padre, pide al Estado un mill¨®n de euros. Le culpa de la muerte de su hija, por no tener entre rejas al asesino.Pero si hay un hecho que se repite como queja es la falta de mantenimiento y conservaci¨®n, p¨¦rdida e incluso destrucci¨®n de art¨ªculos decomisados en el curso de una investigaci¨®n penal.

?? ?D¨®nde est¨¢n las joyas que faltan? Donata K., residente en M¨¢laga, pide 1,2 millones de euros de indemnizaci¨®n al ministerio de Alberto Ruiz-Gallard¨®n. Le pas¨® lo siguiente: El Juzgado n¨²mero 2 de Fuengirola, en el marco de una operaci¨®n por blanqueo de capitales y contrabando, imput¨® y encarcel¨® a su marido, Jacek, que muri¨® antes de que el juzgado archivara el caso. En un registro en su casa y en cajas de seguridad que ella ten¨ªa en distintos bancos, el juzgado le decomis¨® veh¨ªculos de alta gama, 34 joyas de gran valor y m¨¢s de 19.000 euros en efectivo. Ella no ten¨ªa nada que ver con los delitos que el juzgado atribuy¨® a su marido, que fue absuelto tras morir. Parte de lo incautado no ha aparecido a¨²n. En una de las cajas de seguridad ten¨ªa joyas que la misma polic¨ªa valor¨® en 600.000 euros. Solo han aparecido joyas por valor de 112.000 euros. El Poder Judicial acaba de darle la raz¨®n. Dice que no solo debe ser indemnizada por las joyas, tambi¨¦n por la injustificada dilaci¨®n de un procedimiento que se inici¨® en 2002 y tard¨® ocho a?os en archivarse.

? Coche precintado y destruido, pese a la inocencia. Ander B. L. y Alberto R. fueron detenidos en julio de 2005 en Cangas del Morrazo (Pontevedra). Viajaban en un veh¨ªculo BMW propiedad del segundo. La polic¨ªa decomis¨® el coche y lo dej¨® estacionado en la v¨ªa p¨²blica. El due?o alert¨® al juzgado de su grave deterioro, porque pasaban los a?os y el coche segu¨ªa all¨ª. En agosto de 2006, la polic¨ªa inform¨® al juzgado del progresivo deterioro del coche, pero nada hizo el juez. El Tribunal Supremo absolvi¨® a?os despu¨¦s a los detenidos y orden¨® a la polic¨ªa la devoluci¨®n del veh¨ªculo. Pero ya no exist¨ªa. El Ayuntamiento de Pontevedra inici¨® de oficio un expediente por abandono de veh¨ªculo en la calle y acab¨® destruy¨¦ndolo. Lo consider¨® ¡°un residuo s¨®lido urbano¡±. El due?o pide 70.000 euros. El Consejo se?ala que debe ser indemnizado.? 67.000 kil¨®metros de m¨¢s. Tambi¨¦n hay casos que generan impotencia, como el que sufri¨® en 2008, con un Mercedes Benz, Roberto H. Este lo entreg¨® para su venta a una persona que se dedicaba a la compraventa de veh¨ªculos. Este fue detenido y el coche acab¨® decomisado y en manos de los agentes, que lo utilizaron para operaciones policiales. Se lo entregaron tres a?os despu¨¦s, cuando el juzgado archiv¨® el caso y se acord¨® su devoluci¨®n. Pero el coche ya ten¨ªa 141.233 kil¨®metros, 67.000 m¨¢s que cuando lo dej¨® al tercero para su venta.

? Garbanzos en mal estado. A veces la irracionalidad se apodera de la justicia. Un juzgado de Chiclana de la Frontera (C¨¢diz) precint¨® en 2005 un almac¨¦n con m¨¢s de 100.000 kilos de productos perecederos, garbanzos y otras legumbres, por su supuesta comercializaci¨®n atentando contra la propiedad industrial. Ocho escritos recibi¨® el juzgado alertando de los da?os que estaba sufriendo el g¨¦nero y de que estos hab¨ªan generado una plaga infecciosa que pod¨ªa extender a otros productos no precintados que hab¨ªa en el mismo almac¨¦n. Cuando en 2009 el juzgado ¡ªque dos a?os despu¨¦s archiv¨® el caso¡ª accedi¨® al desprecinto, todo el almac¨¦n era una plaga. El Consejo lamenta la pasividad del juzgado y aconseja una indemnizaci¨®n.

Entre las reclamaciones de los ciudadanos hay otra que es muy com¨²n, y que se repite sobre todo en juicios de faltas: la prescripci¨®n del hecho por culpa del propio juzgado. Es decir, un ciudadano presenta una denuncia y esta queda olvidada en las estanter¨ªas judiciales. Cuando, harto de esperar, el afectado se interesa por ella, el juzgado mira la fecha y la archiva porque han pasado m¨¢s de seis meses y el enjuiciamiento del hecho ha prescrito. Pueden reclamar, pero les esperan a?os de nuevos pleitos.