El juez Castro cita a los autores de los informes que exculpan a la Infanta

Antes de que el 8 de febrero la infanta Cristina acuda a declarar a Palma ante el juez del caso Urdangarin, Jos¨¦ Castro, tres inspectores de la Agencia Tributaria explicar¨¢n en el juzgado los criterios por los que exculpan en sus informes a la hija del Rey. Con esos mismos an¨¢lisis t¨¦cnicos, el juez imputa a la hija del Rey por indicios de supuestos delitos de fraude fiscal y de blanqueo de dinero. Esta prueba de peritaje se lleva a cabo a petici¨®n del fiscal anticorrupci¨®n Pedro Horrach, que la inclu¨ªa en su explosivo escrito del mi¨¦rcoles, en el que acusaba a Castro de basar la imputaci¨®n en teor¨ªas conspiratorias. La defensa intuye que estas nuevas declaraciones ser¨¢n determinante para sus intereses.

Tres funcionarios de Hacienda, as¨ª como la jefa policial del grupo de Delincuencia Econ¨®mica, deber¨¢n argumentar t¨¦cnicamente, el 25 de febrero, sus numerosas investigaciones y valoraciones efectuadas en la causa bajo la direcci¨®n del juez. Ante Castro se acreditar¨¢, adem¨¢s, un perito del pseudosindicato ultra Manos Limpias, que ejerce en solitario la acusaci¨®n popular y que aport¨® argumentaci¨®n inculpatoria.

Adem¨¢s, representantes de siete grandes marcas y compa?¨ªas que retribuyeron al yerno del Rey, como asesor y consejero (Lagard¨¨re Ressources, Havas Sport France, Mixta ?frica, Pernod Ricard, Aceros Bergara, Seelinger y Conde), tendr¨¢n que testificar el mismo d¨ªa sobre los trabajos ¡°de car¨¢cter personal¨ªsimo¡± facturados por I?aki Urdangarin a trav¨¦s de Aizoon, la sociedad particular de los duques de Palma.

Castro evit¨® este jueves replicar al fiscal Horrach por las acusaciones que este le lanz¨® en un escrito por haber dado p¨¢bulo a supuestas teor¨ªas conspirativas sobre una supuesta manipulaci¨®n y cambio radical de criterio en Hacienda sobre tres facturas ficticias. ¡°No tengo absolutamente ning¨²n comentario que hacer¡±, coment¨® el magistrado al ser abordado en la puerta de los juzgados.

El fiscal Horrach reproch¨® al instructor Castro que, al modificar en su auto puntos de vista y enmendar conclusiones concretas de los expertos de la Agencia Tributaria, ayud¨® a extender un manto de sospecha sobre supuestos cambios de criterio entre los funcionarios de Hacienda que no vieron indicios delictivos en la actuaci¨®n de la Infanta. Otra cr¨ªtica del instructor alcanz¨® a la Agencia Tributaria por no haber incluido a la hija del Rey como objeto de un acta de acusaci¨®n en un expediente tributario de 2011.

El ministerio p¨²blico, que rechaza la implicaci¨®n penal de la Infanta por entender que no existen indicios ni hechos delictivos, requiri¨® la presencia de los funcionarios de Hacienda para articular su alegato y, especialmente, ¡°dotarles de amparo¡±. Horrach cree que los inspectores han sido acusados de cambiar de criterio y valoraci¨®n mediante ¡°imputaciones e insinuaciones relativas al encubrimiento de intereses espurios ajenos al cumplimiento de su labor profesional¡±. El fiscal intent¨®, en vano, que el juez imputara a un sindicato de t¨¦cnicos de Hacienda que lanz¨® una acusaci¨®n p¨²blica.

Pedro Horrach y Jos¨¦ Castro son los impulsores de la causa global del caso Palma Arena sobre corrupci¨®n pol¨ªtica en el Gobierno del popular Jaume Matas (2003-2007), sumario del que deriva el caso Urdangarin. Juez y fiscal han chocado frontalmente solo sobre la responsabilidad penal de la Infanta. La divergencia jur¨ªdica ha devenido en reproches escritos y ha abierto una dilatada pol¨¦mica p¨²blica y pol¨ªtica, pese a la aridez del tema de fondo.

El trabajo de los inspectores ha permitido demostrar que el Instituto N¨®os y todas las sociedades mercantiles, incluida Aizoon, destaca el fiscal, ¡°no eran m¨¢s que un entramado societario ficticio creado para drenar los fondos¡± percibidos por Urdangarin y Torres. ¡°Es decir, se trataba de entidades pantalla sin capacidad operativa cuyo objetivo era consumar la apropiaci¨®n de fondos p¨²blicos percibidos¡±. Tras la declaraci¨®n de la Infanta, previsiblemente quedar¨¢ cerrada la investigaci¨®n sobre los negocios sucios de la trama de N¨®os, encabezada por I?aki Urdangarin y Diego Torres, que se embols¨® 5,8 millones de euros de los Gobiernos de la Comunidad Valenciana y de Baleares, del PP, entre 2004 y 2007.