Human Rights Watch afirma que ¡°los recortes destruyen a los m¨¢s vulnerables¡±
El informe habla sobre inmigraci¨®n, desahucios, sanidad, religi¨®n, justicia y violencia policial La ONG se?ala a Espa?a como un pa¨ªs con graves problemas de derechos humanos
Recortes presupuestarios, inmigraci¨®n, torturas, el pago de la deuda, deshaucios. Y un largo etc¨¦tera. El Observatorio de los Derechos Humanos denuncia en un breve pero contundente apartado del informe mundial de 2014 publicado este martes un extenso listado de los problemas que acucian a los sectores m¨¢s desfavorecidos de la poblaci¨®n espa?ola.
Seg¨²n el documento, los espa?oles sufren la impunidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por malos tratos y tortura; y el impacto de los recortes presupuestarios, "sobre todo en los grupos vulnerables, incluidos los ni?os y las personas discapacitadas". Esta frase, recogida en el informe, alude a las palabras textuales de comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, que pronunci¨® el pasado octubre.
Grupos vulnerables que cada vez crecen m¨¢s y tienen menos poder de protesta. El informe recuerda la lucha de los ciudadanos para la cancelaci¨®n de la deuda hipotecaria, y el rechazo que obtuvo por parte del Gobierno, que en mayo de 2013 aprob¨® reformas limitadas para hacer frente a la crisis inmobiliaria. La ley mejora la revisi¨®n judicial de los contratos hipotecarios, a ra¨ªz de un fallo del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea de marzo que dictamin¨® que la ley existente viola las normas de protecci¨®n de los consumidores de la UE; y ampl¨ªa ligeramente la moratoria sobre los desalojos e incluye medidas para aliviar la deuda hipotecaria.
C¨¢rceles, pol¨ªticas presidiarias y la memoria hist¨®rica tambi¨¦n han sido estudiadas por la organizaci¨®n. El documento recuerda la solicitud, por parte de una juez en Argentina que ejerci¨® la jurisdicci¨®n universal, de la extradici¨®n de dos exfuncionarios del r¨¦gimen de Franco por tortura; en noviembre de 2013, el Comit¨¦ de la ONU de las Desapariciones Forzadas tambi¨¦n se col¨® en la memoria hist¨®rica e inst¨® a Espa?a a que investigara todas las desapariciones forzadas, independientemente de cu¨¢ndo fueran cometidas y concluy¨® que el r¨¦gimen de incomunicaci¨®n viola la prohibici¨®n de la detenci¨®n secreta bajo la Convenci¨®n sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.
En abril del pasado a?o, el Comit¨¦ Europeo para la Prevenci¨®n de la Tortura expres¨® su preocupaci¨®n por las denuncias de malos tratos a los sospechosos de terrorismo en r¨¦gimen de incomunicaci¨®n y las personas bajo custodia policial, as¨ª como tambi¨¦n por las precarias condiciones carcelarias. El informe a?ade la confirmaci¨®n de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot, "la prolongaci¨®n retroactiva de las penas de prisi¨®n, que limita la elegibilidad de libertad condicional para los condenados por delitos de terrorismo, viol¨® las normas de un juicio justo". A mediados de noviembre de 2013, 31 presos hab¨ªan sido puestos en libertad ¨C24 de ellos miembros de ETA¡ª, de acuerdo con la sentencia.
Racismo
Los extranjeros tambi¨¦n tienen dificultades para vivir en Espa?a. La conclusi¨®n se apoya en las declaraciones de Mutuma Ruteere, el relator especial de la ONU para racismo y xenofobia, que expres¨® a principios de enero del pasado a?o su preocupaci¨®n por el empeoramiento de la situaci¨®n de los inmigrantes, incluyendo un alto nivel de desempleo, restricciones al acceso a la atenci¨®n m¨¦dica, la segregaci¨®n de facto de los barrios inmigrantes y la propagaci¨®n de un sentimiento anti-roman¨ª.
Aunque en los ¨²ltimos meses, el problema de la valla de Melilla ha sido el foco en temas de inmigraci¨®n. El Ministerio del Interior inform¨® el pasado septiembre que desde enero, casi 3.000 inmigrantes intentaron entrar al enclave espa?ol de Melilla, casi el doble que en el mismo periodo de 2012. M¨¢s de tres cuartas partes no pudieron entrar, en medio de acusaciones de que las fuerzas de seguridad hab¨ªan deportado r¨¢pidamente a los inmigrantes a Marruecos, a pesar de la sospecha de abusos por parte de la polic¨ªa marroqu¨ª.
En mayo, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, inst¨® a la polic¨ªa a introducir formularios para registrar la detenci¨®n y recopilaci¨®n de informaci¨®n relacionada a la etnia, la raza y nacionalidad y el motivo de la revisi¨®n de la documentaci¨®n de identidad. Un mes despu¨¦s, la subdelegada del Gobierno en Lleida, Inma Manso, declar¨® que la polic¨ªa aplica criterios ¨¦tnicos cuando lleva a cabo revisiones relacionadas con el estatus inmigratorio.
Tambi¨¦n en Lleida, el Tribunal Supremo anul¨® la ordenanza que prohib¨ªa el velo integral, argumentando que violaba la libertad religiosa. Despu¨¦s de esa sentencia, la Generalitat anunci¨® su intenci¨®n de prohibir los velos que cubrieran la cara en p¨²blico por razones de seguridad, mientras que en agosto la polic¨ªa de Catalu?a intent¨® recopilar datos sobre las mujeres que usaban el velo integral.
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