Objetivo: salvar a la Infanta

La maquinaria del Estado se ha puesto en acci¨®n para evitar que, por primera vez en la historia, un miembro de la familia real espa?ola se siente en el banquillo de los acusados. La estrategia es discreta pero implacable, no est¨¢ impresa en documento alguno, afecta a los ministerios de Interior, Justicia y Hacienda, adem¨¢s de la Fiscal¨ªa del Estado, y cuenta con el respaldo del principal partido de la oposici¨®n. Ha existido una coordinaci¨®n que ha permitido eliminar obst¨¢culos y respaldar la actuaci¨®n de un hombre, la llave de la operaci¨®n, el fiscal Pedro Horrach, personalmente convencido de que no hay pruebas contra la Infanta. El objetivo final era no recusar la decisi¨®n del juez Jos¨¦ Castro y aceptar que una declaraci¨®n de la Infanta en sede judicial ¡°colmaba las aspiraciones de la sociedad espa?ola¡±.

Aceptar que la segunda imputaci¨®n no deb¨ªa ser recurrida ha sido la hip¨®tesis de trabajo que ha terminado por imponerse. Para ello hab¨ªa que superar la propia resistencia de la Infanta y las dudas del abogado Miguel Roca, en quien la Casa del Rey hab¨ªa depositado la direcci¨®n de la defensa jur¨ªdica en abril de 2013. Defender a Cristina de Borb¨®n eficazmente significaba aislar sus intereses de los de su marido, I?aki Urdangarin, y aceptar que ella fue utilizada como una pantalla para ocultar los beneficios obtenidos por Urdangarin y su socio Diego Torres. La estrategia dejaba a un lado a la mujer de Torres, Ana Mar¨ªa Tejeiro, cuya imputaci¨®n, mantenida contra toda l¨®gica por la defensa de Urdangarin, result¨® ser el detonante de una guerra de correos que termin¨® encaminando al juez hacia la Infanta.

El despacho de Roca Junyent & Abogados hab¨ªa cerrado un acuerdo, dos meses antes de recibir el encargo oficial de la defensa de Cristina de Borb¨®n, con el bufete Molins & Silva, un peque?o despacho con 14 abogados penalistas, especializado en aportar una defensa a medida del cliente: denominado en el argot como ¡°boutique¡±, este tipo de despachos cuentan con pocos clientes y ofrecen un servicio integral, evitan los litigios y saben moverse en las gestiones extrajudiciales, seg¨²n opiniones recogidas en el sector. La primera parte de la defensa de Cristina de Borb¨®n se sald¨® con un relativo ¨¦xito: la imputaci¨®n fue revocada por la Audiencia de Palma, pero esta orient¨® al juez Castro a investigar si la Infanta hab¨ªa cometido delito fiscal. La investigaci¨®n ha durado ocho meses.

Durante ese tiempo, el caso Urdangarin se convirti¨® en el caso Cristina de Borb¨®n. Algunos hechos fueron sucediendo por el camino. Sin mediar una explicaci¨®n convincente, Mari ?ngeles Berrocal, la abogada que representaba los intereses del Gobierno balear, personado en el caso como afectado, funcionaria, con experiencia en casos de corrupci¨®n y eficaz colaboradora tanto del fiscal como del juez, fue relevada por otra jurista, Antonia Perello, de conocida militancia en el PP. La causa oficial fue as¨ª de indescriptible: ¡°Una redistribuci¨®n de funciones para optimizar recursos¡±. El hecho se produjo en julio de 2013.

Dos meses antes, Beatriz Viana, directora de la Agencia Tributaria, no atendi¨® la petici¨®n expresa del juez Castro de mantener en auxilio judicial a un funcionario de Vigilancia Aduanera que hab¨ªa colaborado estrechamente en las investigaciones del caso Palma Arena y en la parte que deriv¨® en la pieza separada n¨²mero 25, que era el caso Urdangarin. Hacienda nombr¨® a dos inspectores de su delegaci¨®n de Barcelona en calidad de peritos, dos profesionales experimentados, de s¨®lida formaci¨®n, pero que no han llegado a contar con la confianza absoluta del juez por diversas razones. En el mes de julio, Beatriz Viana dimite por el esc¨¢ndalo de las 13 fincas atribuidas err¨®neamente a la Infanta. En su lugar era nombrado director Santiago Men¨¦ndez, hermano de Adolfo Men¨¦ndez, secretario general de la Fundaci¨®n Pr¨ªncipe de Asturias.

Los peritos han realizado hasta diez informes sobre las sociedades del entramado creado por Urdangarin y Torres y se han mantenido firmes en su tesis de que ¡°eran sociedades pantalla que no ten¨ªan verdadera entidad societaria, por lo que las rentas derivadas de las actividades supuestamente delictivas deb¨ªan de imputarse a las personas f¨ªsicas que se ocultaban tras ellas y no a las personas jur¨ªdicas que utilizaban como pantalla¡±, reza un documento interno. Una de esas pantallas era Aizoon, una patrimonial formada al 50% por Urdangarin y su mujer. Si Cristina estaba puesta como pantalla [¡°Les advert¨ª que era peligroso ponerla en una sociedad expuesta a muchas cosas¡±, dijo ante el juez el notario Carlos Masi¨¢, a quien le respondieron que era ¡°un escudo ante Hacienda¡±] era para ocultar a los verdaderos defraudadores, Urdangarin y Torres. Esa es la tesis de los peritos y donde discrepa el juez. Este es el punto fundamental de la imputaci¨®n de la Infanta, que se sit¨²a en el ejercicio de 2007, que por un a?o no est¨¢ prescrito. El propio juez Castro escribe que ¡°no parece probable¡± y que es ¡°escasamente probable¡± que la cuota defraudada por la infanta Cristina supere los 120.000 euros, la frontera que determina la existencia de un delito. Hacienda hab¨ªa hecho su trabajo.

El fiscal Horrach viaja con alguna frecuencia a Madrid. Tambi¨¦n lo hace a Barcelona. A diferencia de otras ocasiones, ahora se le escucha. Tiempo atr¨¢s estaba convencido de que un acuerdo con Torres y Urdangarin era posible. El caso habr¨ªa quedado zanjado y nada habr¨ªa salpicado a la Infanta. Zarzuela no quer¨ªa pactos, y eso que las relaciones entre el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, e I?aki Urdangarin se torcieron varios a?os atr¨¢s. Horrach se re¨²ne con Antonio Salinas, su superior en la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Informa a Eduardo Torres-Dulce, fiscal general, que sostiene la inocencia de la Infanta en cada acto al que acude. A nadie se le escapa que Spottorno est¨¢ informado.

La estrategia tuvo su desenlace una vez hecho p¨²blico el auto de 227 p¨¢ginas del juez Castro imputando a Cristina de Borb¨®n. Aunque estaba preparada la redacci¨®n del recurso, Spottorno se encarg¨® de superar las ¨²ltimas resistencias. La versi¨®n oficial se?ala una reuni¨®n Roca-Infanta en Barcelona, visitas de Roca a Zarzuela, asunci¨®n por parte del Rey de que lo correcto es no recurrir y petici¨®n del Rey a la Infanta de que acepte la decisi¨®n Horrach.

En el entreacto se producen algunas salidas de tono. Roca deja traslucir su opini¨®n favorable al recurso mientras su socio Jes¨²s Mar¨ªa Silva se deja llevar por los focos y suelta que la Infanta actu¨® por amor y de que ¡°amor, matrimonio y desconfianza son incompatibles¡±, que no sientan muy bien en la Casa del Rey, muy preocupada por el factor medi¨¢tico. Silva ya hab¨ªa deslizado en alguna entrevista su teor¨ªa sobre la ¡°condena de telediario¡± y una frase poco acertada al calificar al juez Castro como ¡°un magistrado que ejerce el poder judicial en nombre del Rey¡±.

El fiscal, que hab¨ªa refrendado en sus escritos al juez su teor¨ªa de que ¡°no se puede castigar a nadie por ser quien es¡±, culminaba la estrategia con la petici¨®n de una citaci¨®n a los peritos de Hacienda y a siete empresas. La intenci¨®n de esta citaci¨®n, celebrada ayer, era fijar los t¨¦rminos del interrogatorio a la Infanta y llevar al juez a un callej¨®n sin salida. Ese ser¨ªa el episodio final no escrito de una estrategia de Estado, que le llev¨® a Rajoy a decir en una entrevista por televisi¨®n: ¡°Estoy absolutamente convencido de que a la Infanta le ir¨¢ bien¡±.