Carpetazo a la justicia universal

La reforma de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, que el Grupo Popular pretende llevar a cabo a trav¨¦s de una proposici¨®n de ley presentada el pasado lunes en el registro del Congreso, tiene un objetivo apenas disimulado: archivar cuanto antes la causa abierta contra la c¨²pula del Partido Comunista chino en la Audiencia Nacional por el genocidio del T¨ªbet y evitar un conflicto diplom¨¢tico con Pek¨ªn.

Sin embargo, esta iniciativa, que recorta por v¨ªa de urgencia y de tapadillo el principio de justicia universal, tendr¨¢ un grave efecto colateral: dar carpetazo a una docena de investigaciones abiertas en la ¨²ltima d¨¦cada por jueces espa?oles sobre casos tan diversos como la muerte del c¨¢mara de Telecinco Jos¨¦ Couso, los vuelos de la CIA o las torturas en la c¨¢rcel de Guant¨¢namo. As¨ª lo temen letrados que intervienen en estos procedimientos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnist¨ªa Internacional.

Seg¨²n dicha reforma, los jueces espa?oles solo ser¨¢n competentes para investigar delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las leyes de la guerra cuando ¡°el procedimiento se dirija contra un espa?ol o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en Espa?a o que se encontrara en Espa?a y cuya extradici¨®n hubiera sido denegada por las autoridades espa?olas¡±.

Los responsables directos de la muerte de Couso fueron los militares estadounidenses que tripulaban el carro de combate que, el 8 de abril de 2003, abri¨® fuego contra el hotel Palestina de Bagdad, donde se alojaban los periodistas. El Pent¨¢gono ha hecho caso omiso de los requerimientos del juez Santiago Pedraz para que, tanto dichos militares como sus superiores, sean detenidos e interrogados.

Al mismo fin est¨¢ abocada la investigaci¨®n por torturas en el campo de prisioneros de Guant¨¢namo. La proposici¨®n del PP no solo exige que ¡°la v¨ªctima tuviera la nacionalidad espa?ola en el momento de la comisi¨®n de los hechos¡± ¡ªrequisito que cumplir¨ªa uno de los denunciantes, el ceut¨ª Hamed Abderram¨¢n¡ª sino tambi¨¦n que ¡°la persona a la que se impute la comisi¨®n del delito¡± est¨¦ en Espa?a, lo que no sucede con los mandos militares que dirig¨ªan la prisi¨®n ilegal creada por EE UU en Cuba.

En el caso de los vuelos de la CIA no hay ninguna v¨ªctima espa?ola, pero s¨ª el presunto tr¨¢nsito por territorio espa?ol (el aeropuerto de Palma de Mallorca) del avi¨®n en el que fue transportado un ciudadano europeo (el alem¨¢n Jaled El Masri) objeto de una detenci¨®n ilegal.

Estos tres procesos tienen en com¨²n su origen en las guerras de Irak y Afganist¨¢n y el hecho de que Washington no solo no haya colaborado con la justicia espa?ola sino que presionara a las autoridades pol¨ªticas para conseguir su archivo, como evidenci¨® la filtraci¨®n de los cables de la Embajada de EE UU en Madrid a trav¨¦s de Wikileaks.

Pero no son los ¨²nicos. La persecuci¨®n de Falung Gong en China, los genocidios de Guatemala o de Ruanda, el asesinato del sacerdote espa?ol Ignacio Ellacur¨ªa en El Salvador y de otras siete personas en la Universidad Centroamericana de El Salvador en 1989 o del diplom¨¢tico espa?ol Carmelo Soria, asesinado en Chile por agentes de Pinochet en 1976, as¨ª como la desaparici¨®n de cientos de activistas saharauis tras la entrada del Ej¨¦rcito marroqu¨ª en la excolonia espa?ola engrosan la lista de cr¨ªmenes que pueden quedar sin aclarar. Con arreglo a los nuevos requisitos, el proceso al exministro del Interior guatemalteco Carlos Vielman, nacionalizado espa?ol y acusado de ejecuciones extrajudiciales en su pa¨ªs, es probablemente el ¨²nico que seguir¨ªa vivo.

En 2009, PSOE y PP pactaron ya un primer recorte de la jurisdicci¨®n universal ¡ªdespu¨¦s de que Israel protestase por la imputaci¨®n de los responsables de un bombardeo en Gaza¡ª, pero aquella reforma, aun en vigor, mantuvo la posibilidad de actuar en casos en que hubiese ¡°alg¨²n v¨ªnculo de conexi¨®n relevante con Espa?a¡±. Por esta rendija, que ahora se quiere cegar, se colaron los defensores de la jurisdicci¨®n universal.

El PP alega, entre otros motivos, la necesidad de adaptar la legislaci¨®n espa?ola a los ¡°compromisos derivados de la ratificaci¨®n por Espa?a del Estatuto de la Corte Penal Internacional¡±, pero la mayor¨ªa de los procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional afectan a pa¨ªses que, como China y EE UU, no reconocen a dicho tribunal.

Uno de los aspectos m¨¢s escandalosos de la reforma es el diferente tratamiento que reciben las v¨ªctimas en funci¨®n del delito. Mientras cualquier espa?ol que sufra un atentado terrorista en el extranjero tiene garantizada la tutela de los jueces espa?oles en caso de no obtenerla en el pa¨ªs donde se produjo el delito; las v¨ªctimas de torturas deber¨¢n acreditar que ten¨ªan ¡°nacionalidad espa?ola en el momento de comisi¨®n de los hechos¡± y que su presunto torturador se encuentra en Espa?a.

El procedimiento elegido para aprobar la reforma ¡ªa trav¨¦s de una proposici¨®n de ley, lo que permite eludir la petici¨®n de informes al Consejo de Estado o al Consejo General del Poder Judicial¡ª permitir¨¢ que esta entre en vigor con la m¨¢xima urgencia, en unos dos meses.

En ese momento, la Audiencia Nacional deber¨¢ archivar todos los casos citados pues, alega el PP, ¡°los tribunales no pueden continuar procedimientos sobre los que ya carezcan de jurisdicci¨®n¡±. Pero los tribunales ni siquiera podr¨¢n examinar si carecen o no de competencia, pues una disposici¨®n transitoria determina que todas las causas ¡°quedar¨¢n sobrese¨ªdas hasta que no se acredite el cumplimiento de los [nuevos] requisitos¡±. De entrada, carpetazo. Luego, ya se ver¨¢.