¡°Espa?a debe extraditar a Billy el Ni?o o juzgarle en Espa?a. Es su obligaci¨®n¡±
El relator de la ONU reclama ¡°una pol¨ªtica de Estado¡± para v¨ªctimas del franquismo
¡°No soy un c¨ªnico, ni un rom¨¢ntico¡±. ¡°Me he cuidado de no cometer la crueldad de generar expectativas que no pueda satisfacer o promesas que no pueda cumplir¡±, confiesa el relator especial de Naciones Unidas para la promoci¨®n de la Verdad, la Justicia y la Reparaci¨®n, Pablo de Greiff. Ha pasado 10 d¨ªas en Espa?a intentando averiguar cu¨¢nto de esas tres palabras del largo nombre de su cargo -verdad, justicia y reparaci¨®n-? han recibido las v¨ªctimas del franquismo desde que se instaur¨® la democracia. Muy poco, a juicio de sus conclusiones preliminares, que desarrollar¨¢ en un informe final para septiembre. Le ha impresionado el Valle de los Ca¨ªdos y la ¡°inmensa distancia¡± entre las v¨ªctimas y el Estado. Cree que las primeras ¡°merecen¡± que el Gobierno valore cambiar de significado el descomunal monumento a s¨ª mismo que Franco hizo levantar a sus presos.
Nunca, en los 20 a?os que lleva trabajando en este ¨¢rea, hab¨ªa visto un caso igual, asegura De Greiff, quien ve en la ¡°privatizaci¨®n¡± de las exhumaciones que establec¨ªa la ley de memoria hist¨®rica ¡ªel Gobierno las subvencionaba, pero no las asum¨ªa ¡ª el pecado original de ¡°la indiferencia de las instituciones del Estado¡±.
Pregunta. ?Qu¨¦ se le pas¨® por la cabeza cuando lleg¨® al Valle de los Ca¨ªdos? ?Ha visto alg¨²n lugar similar en otro pa¨ªs?
De Greiff visit¨® Paracuellos y el Valle de los Ca¨ªdos: ¡°Es impresionante
Respuesta.No, es absolutamente singular. ?nico. Es impresionante que un pa¨ªs que no ten¨ªa recursos levantara ese monumento con trabajos forzados.La idea de cavar una catedral en un monte de piedra, no se le ocurre a todo el mundo.
P. ?Por qu¨¦ cree que un lugar as¨ª, impensable en otros pa¨ªses como en Alemania, sigue en Espa?a tal y como lo dej¨® Franco?
R. Porque ¨¦l dur¨® 40 a?os en el poder. Y eso lo cambia todo.
P. ?Es partidario, como propon¨ªa el comit¨¦ de expertos nombrado por el Gobierno de Zapatero, de convertir el Valle de los Ca¨ªdos en un museo de la memoria?
R. Para ciertos sitios, la idea de arrasar con todo es inadecuada. Tiene demasiada carga simb¨®lica y su destrucci¨®n implica tambi¨¦n una p¨¦rdida. Pero lo que no puede hacerse es dejarlo como si nada hubiera ocurrido. Como si la glorificaci¨®n de toda la ideolog¨ªa por la cual se erigi¨® fuera aceptable. Por eso pido que esto se vuelva a poner en la agenda porque hay algo bastante impresionante en la idea de ese sitio tal y como est¨¢, sin una sola se?al que explique el contexto y c¨®mo se construy¨®.
P. ?Por qu¨¦ quiso ver tambi¨¦n Paracuellos?
R. Estuvo en mi lista desde el principio para reafirmar que esto es un asunto de derechos, no de pol¨ªtica. Eso no quiere decir que establezca una simetr¨ªa.
P. ?Qu¨¦ reclaman quienes le mostraron Paracuellos?
R. Me acompa?¨® el presidente de la hermandad. Alegan haber sido ignorados por completo. Dicen que nunca han recibido asistencia para mantener el sitio, que lo hacen con contribuciones voluntarias y que han sido sistem¨¢ticamente olvidados. No s¨¦ si es cierto
P. Espa?a es el primer pa¨ªs que pidi¨® visitar como relator de la ONU. ?Por qu¨¦?
R. Porque lleva debatiendo esto much¨ªsimo tiempo y no ha logrado resolverlo. Por el universo inmenso de v¨ªctimas; por el reclamo de que esta fue la transici¨®n mod¨¦lica y porque hay muchos pa¨ªses del mundo que miran a Espa?a y su transici¨®n, desde el Medio Oriente al Norte de ?frica.
P. ?Y fue mod¨¦lica?
R. Mod¨¦lico no es casi nadie. Es un t¨¦rmino inapropiado. Pero mi inter¨¦s no es examinar si fue mod¨¦lica, sino entender mejor lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado.
P. ?La Transici¨®n tuvo un efecto de punto final en Espa?a?
R. La ley de amnist¨ªa comenz¨® a aplicarse como una ley de punto final y el argumento de que fue adoptada por un Parlamento democr¨¢tico solo la diferencia de una autoamnist¨ªa de las que los generales se conced¨ªan a s¨ª mismos, pero no ha de utilizarse para archivar todos los casos. Me sumo a las recomendaciones del Grupo de Trabajo y el Comit¨¦ contra la Desaparici¨®n forzada para que Espa?a la deje sin efecto.
P. Espa?a no es el primer pa¨ªs que se enfrenta a este problema. ?Es un caso an¨®malo? ?A nivel de qu¨¦ pa¨ªs nos pondr¨ªa en t¨¦rminos de verdad, justicia y reparaci¨®n?
R. En Argentina hay tantos procesados que se ha normalizado. Los juicios ya no son noticia. Se hacen y no pasa nada. Ese es el mensaje que yo tengo para Espa?a. Aqu¨ª hay un sector que piensa que esto no se debe debatir porque los odios subyacentes se volver¨ªan a manifestar. Pero nada me hace pensar que sea cierto. En los pueblos ya todo el mundo sabe qui¨¦n mat¨® a qui¨¦n.
La ley de amnist¨ªa act¨²a como ¡°una ley de punto final¡± y debe derogarse
P. ?En qu¨¦ otros pa¨ªses est¨¢ siendo tan dif¨ªcil?
R. El trabajo se ha desplazado de Am¨¦rica Latina a Europa del Este, Sud¨¢frica y ahora ?frica. Sierra Leona no est¨¢ tan mal. Pero piense en el reto inmanejable de implantar una justicia transicional en la rep¨²blica del Congo.
P. ?Estamos como el Congo?
R. Esa no es una comparaci¨®n muy ¨²til.
P. De lo que ha escuchado estos diez d¨ªas a ministros, jueces en activo, jueces inhabilitados como Baltasar Garz¨®n, forenses, asociaciones y v¨ªctimas, ?qu¨¦ es lo m¨¢s que la ha preocupado?
R. Lo que m¨¢s me preocupa es la distancia entre v¨ªctimas y Estado. Y lo que m¨¢s me impresion¨® fue el relato del sufrimiento de las madres, esos ancianos diciendo: 'Mi madre fue muy valiente'.? Me impresion¨® la historia espeluznante de una familia en la que desaparece el marido, expropian la casa, a la que se muda un falangista que les cede una habitaci¨®n....
P. ?Qu¨¦ explicaci¨®n le dio el Gobierno para la supresi¨®n de las partidas para la ley de memoria?
R. Insisten en la crisis econ¨®mica y en que las funciones de la oficina de v¨ªctimas ahora se hacen desde otro lugar.
P. ?Cree que es una excusa?
R. Lo veremos cuando se salga de la crisis, si las vuelven a poner. En cualquier caso, hay una deuda con una poblaci¨®n muy, muy anciana y deber¨ªa ser prioritario.
P. ?Los relatos que ha podido escuchar estos d¨ªas de las v¨ªctimas se corresponden con el concepto de cr¨ªmenes de lesa humanidad?
R. S¨ª. Aqu¨ª hubo un plan sistem¨¢tico de eliminaci¨®n de personas. No hay ninguna duda. Creo que eso no lo discute nadie.
P. Si Espa?a no extradita a Argentina a Billy el ni?o, imputado por torturas ?deber¨ªa ser juzgarlo aqu¨ª?
R. Ese es el principio: o extraditas, o juzgas. Esa es la obligaci¨®n.
P. Y si no ocurre ninguna de las dos, ?Espa?a c¨®mo queda?
R. No ser¨ªa un momento elogioso. Ser¨¢ una pena que un pa¨ªs que ha sido l¨ªder en la implementaci¨®n de la jurisdicci¨®n universal como instrumento de justicia ahora niegue la extradici¨®n de alguien requerido para bloquear un proceso.
P. ?Por qu¨¦ cree que en Espa?a las v¨ªctimas de ETA tienen derechos y homenajes y las del franquismo no?
R. Por qu¨¦ las v¨ªctimas franquismo no reciben mejor tratamiento es algo que estoy intentando entender dada la capacidad institucional del resto.
P. ?Qu¨¦ consecuencias tiene que en un pa¨ªs haya v¨ªctimas con distintos derechos?
R. Es quebrar principios de tratamiento equitativo, y para un r¨¦gimen democr¨¢tico es muy serio ese tipo de discriminaci¨®n. Parte de la promesa de los reg¨ªmenes constitucionales es evitar ese tipo de discriminaci¨®n. Finalmente, de lo que se trata es de ayudar a la superaci¨®n de la condici¨®n de suplicante. Y cuando hay alguien que depende de la gracia positiva o negativa se est¨¢ rompiendo la promesa de la modernidad.
Las recomendaciones del relator de Naciones Unidas
Justicia. "Es el campo donde se observan mayores d¨¦ficits" en el tratamiento de las v¨ªctimas del franquismo, asegura De Greiff. "A la misma conclusi¨®n han llegado diversos comentaristas y actores dentro y fuera de Espa?a, lo mismo que diversas instituciones, tanto regionales como internacionales. Estas ¨²ltimas incluyen el Comit¨¦ contra la Tortura y el Comit¨¦ contra la Desaparici¨®n forzada, ¨®rganos que velan por el cumplimiento de las convenciones correspondientes, de las cuales Espa?a forma parte", a?ade.
En este ¨¢mbito, el relator de la ONU para la promoci¨®n de la Verdad, la Justicia y la Reparaci¨®n, recomienda:
- Dejar sin efecto la ley de amnist¨ªa de 1977.
- "Hacer posible el acceso de las v¨ªctimas al aparato judicial, adecuando las leyes a est¨¢ndares internacionales relevantes"
- "La colaboraci¨®n de la justicia espa?ola con procedimientos judiciales en el exterior"
- "Tomar medidas contra el debilitamiento de las leyes que rigen el ejercicio de la jurisdicci¨®n universal por parte de tribunales espa?oles".
- Anular las sentencias de todos los tribunales creados durante la Guerra Civil y el franquismo. El Gobierno explic¨® al relator que este hab¨ªa sido un tema de debate, finalmente descartado, durante la tramitaci¨®n de la ley de memoria hist¨®rica. En algunas reuniones, explica De Greiff, se mencion¨® que el Estado hab¨ªa "rechazado" esa reclamaci¨®n con "preocupaciones financieras subyacentes", es decir, ante el temor a que los destinatarios de esas sentencias anuladas reclamaran indemnizaciones.
Verdad. La informaci¨®n sobre la violencia que tuvo lugar en Espa?a durante la Guerra Civil y la dictadura "no es completa y est¨¢ sumamente dispersa", afirma De Greiff. "El mapa de fosas registra 2.382 fosas que contendr¨ªan los restos de 45.000 personas. Durante la visita, recib¨ª quejas recurrentes acerca de la falta de actualizaci¨®n del mapa, que hay que recordar, no hubiera sido posible sin los esfuerzos de historiadores, investigadores independientes, asociaciones? memorialistas y proyectos universitarios que no han recibido suficiente apoyo, como es ampliamente reconocido, aun por instancias gubernamentales en los dos ¨²ltimos ciclos presupuestarios".
El relator lamenta que no exista una iniciativa estatal comparable al proyecto de la Universidad de Santiago Nomes e Voces, que cuenta con informaci¨®n catalogada y sistematizada de las v¨ªctimas de la Guerra Civil en Galicia incluyendo testimonios personales, documentos y fotograf¨ªas.
"No es una exageraci¨®n decir que con respecto al pilar de la verdad, en realidad no se estableci¨® nunca una pol¨ªtica de Estado", lamenta De Greiff,que propone a Espa?a:
- Sistematizar la informaci¨®n ya existente.
- Identificar lagunas en el conocimiento
-Trazar un plan que de forma ordenada, mediante el establecimiento de prioridades, y contando con los recursos adecuados, pueda llevar a cabo o financiar las investigaciones necesarias.
- Restablecer y aumentar los recursos dedicados a la memoria hist¨®rica, en los diferentes niveles
-Establecer una pol¨ªtica estatal de archivos que garantice el acceso a todos los fondos, revisando los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad para ajustarlos a los est¨¢ndares internacionales, incluyendo regulaciones claras, por ejemplo, a trav¨¦s de la adopci¨®n de una ley de archivos".
Reparaci¨®n. El relator cree que de los pilares de su mandato, este es el que "m¨¢s desarrollo ha tenido en Espa?a en t¨¦rminos de reparaciones materiales". No obstante, insta a examinar "si hay algo en el campo de las reparaciones que pueda hacerse para resarcir los sufrimientos padecidos por mujeres durante la guerra y la dictadura".
El relator recuerda que la "restituci¨®n de propiedades y documentos incautados a particulares sigue a¨²n pendiente"? y recomienda:
- Tomar medidas para atender las reclamaciones relacionadas con la restituci¨®n de las propiedades y documentos incautados a particulares durante el franquismo.
- Ampliar la cobertura de los programas de reparaci¨®n para incluir a categor¨ªas de v¨ªctimas de violaciones de los derechos humanos que han quedado fuera de los programas existentes, como detenidos en campos de trabajo.
- Establecer canales de comunicaci¨®n entre las autoridades competentes, las v¨ªctimas y las asociaciones.
-Revisar, consultando con las v¨ªctimas, el modelo actual donde el Estado delega en asociaciones y particulares la responsabilidad sobre las exhumaciones. Asignar los recursos necesarios y promover la coordinaci¨®n y actuaci¨®n necesaria de las autoridades judiciales.
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