La reforma de la justicia universal elimina la persecuci¨®n de la ablaci¨®n

La reforma expr¨¦s de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial emprendida por el Gobierno para reducir al m¨ªnimo la llamada justicia universal tambi¨¦n deja fuera de la protecci¨®n de los tribunales espa?oles los delitos de mutilaci¨®n genital femenina cometidos en el extranjero. La modificaci¨®n legislativa que el Partido Popular acomete a marchas forzadas mediante una proposici¨®n de Ley Org¨¢nica del Grupo Popular en el Congreso no menciona en su prolijo articulado la ablaci¨®n del cl¨ªtoris de las ni?as entre las infracciones cometidas fuera del territorio espa?ol que podr¨¢n perseguir los jueces de la Audiencia Nacional. La norma vigente en la actualidad menciona expresamente como perseguibles los delitos ¡°relativos a la mutilaci¨®n genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en Espa?a¡±. En el texto modificado, de cinco p¨¢ginas, esta menci¨®n simplemente desaparece.

La mutilaci¨®n genital se practica cada a?o a tres millones de ni?as en amplias zonas de ?frica y Oriente Medio, seg¨²n la Organizaci¨®n Mundial de la Salud. Esta pr¨¢ctica, reconocida internacionalmente como una violaci¨®n de los derechos humanos, acarrea en muchos casos problemas de salud, desde hemorragias, infecciones, quistes, esterilidad y aumento del riesgo de complicaciones del parto. La mayor¨ªa de las veces se realiza en malas condiciones de higiene y sin control m¨¦dico.

La justicia espa?ola es competente para perseguir universalmente la mutilaci¨®n genital femenina desde julio de 2005. Ese a?o, el Gobierno socialista de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero modific¨® el art¨ªculo 23.4 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial para incorporar este delito al cat¨¢logo de infracciones que se pueden investigar aunque se cometan fuera del territorio espa?ol. En la exposici¨®n de motivos de aquella ley, el anterior Ejecutivo sosten¨ªa que la ablaci¨®n encaja en los supuestos del art¨ªculo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reza as¨ª: ¡°Nadie podr¨¢ ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes¡±.

Aquel texto se redact¨® con una intenci¨®n principal. La mayor parte de los casos de ablaci¨®n que sufren ni?as con residencia en Espa?a se producen durante viajes a los pa¨ªses de origen de sus padres. Esta normativa ha permitido juzgar en Espa?a casos de mutilaci¨®n genital detectados por m¨¦dicos en menores.

En abril de 2013, la Audiencia Nacional conden¨® por primera vez a una mujer de nacionalidad senegalesa por la extirpaci¨®n ritual del cl¨ªtoris que sufri¨® su hija despu¨¦s de que la dejara con un a?o de edad en su aldea natal a cargo de sus abuelos. Esa sentencia condenaba por primera vez a progenitores que perpetraron o toleraron esta pr¨¢ctica antes de llegar a Espa?a con sus hijas. El Tribunal Supremo anul¨® este fallo el pasado diciembre porque no se probaba la ¡°participaci¨®n consciente o negligente¡± de la acusada en la mutilaci¨®n que padeci¨® la menor en su pa¨ªs de origen.

El Gobierno del PP ha iniciado la reforma de la jurisdicci¨®n universal despu¨¦s de que China haya mostrado su malestar ¡ªy amagado con represalias econ¨®micas¡ª por la investigaci¨®n de la Audiencia Nacional a la c¨²pula del Partido Comunista del gigante asi¨¢tico por el genocidio del T¨ªbet. El nuevo texto legal hace menci¨®n a los ¡°delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre v¨ªctimas menores de edad¡±. Fuentes de la Audiencia Nacional descartan que este nuevo enunciado, que ampl¨ªa los delitos de ¡°prostituci¨®n y corrupci¨®n de menores o incapaces¡± perseguidos hasta ahora, incluya la ablaci¨®n. En el C¨®digo Penal, la mutilaci¨®n genital entra en la categor¨ªa de las lesiones y no de los delitos sexuales.

La reforma legal estrecha a¨²n m¨¢s los supuestos en los que los jueces espa?oles pueden investigar delitos cometidos en el extranjero, y no solo en los casos de genocidio, cr¨ªmenes de lesa humanidad o tortura. En el caso de los delitos contra la libertad sexual de menores de edad (pedofilia o pederastia) cometidos fuera de Espa?a, el texto establece que los jueces espa?oles solo podr¨¢n entrar a investigar si el acusado es ciudadano espa?ol o extranjero con residencia habitual en Espa?a. Tambi¨¦n se podr¨¢ abrir una instrucci¨®n si la v¨ªctima del delito tiene nacionalidad espa?ola, pero en este caso se pone una condici¨®n: que el supuesto agresor se halle en suelo espa?ol.

CiU ayud¨® este martes con su abstenci¨®n en la Mesa del Congreso a agilizar la limitaci¨®n de la justicia universal. La proposici¨®n del PP que reduce al m¨ªnimo la capacidad de actuar de los tribunales espa?oles se debatir¨¢ y aprobar¨¢ el pr¨®ximo martes en el Congreso, con el rechazo de PSOE, IU y UPyD. El Gobierno ha optado por esta v¨ªa de proposici¨®n de ley del PP, in¨¦dita en esta legislatura, para que se apruebe antes y para eludir la petici¨®n de informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. El PSOE hab¨ªa pedido que, apelando a un precedente, se pidiera informe al Poder Judicial. Pero el PP se opuso en la Mesa con la ayuda de CiU.