La oposici¨®n abre tres frentes para que el Constitucional tumbe la reforma local

Fracasado su intento de que el PP retirase la reforma local, una ley de gran calado que entr¨® en vigor el pasado enero tras una breve tramitaci¨®n, la oposici¨®n se ha propuesto levantar a m¨¢s de mil Ayuntamientos contra el Gobierno. PSOE, PSC, Izquierda Plural (IU, ICV, CHA), BNG, CiU, ERC UPyD, Coalici¨®n Canaria-Nueva Canarias y Comprom¨ªs-Equo han acordado una estrategia com¨²n para armar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la norma aprobada por el PP con los ¨²nicos apoyos de PNV y UPN. Utilizar¨¢n las tres posibilidades que ofrece la ley para recurrir: objetando a trav¨¦s de las Comunidades Aut¨®nomas; con el apoyo de 50 diputados o 50 senadores y desde los propios municipios.

La v¨ªa local, que ha sido explicada por los grupos este viernes en el Congreso de los Diputados, consiste en presentaci¨®n del llamado "conflicto de defensa de la autonom¨ªa local", una figura recogida en el art¨ªculo 75 Ter. de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional. Para utilizar esa herramienta necesitan el respaldo de la s¨¦ptima parte de los municipios (1.160 consistorios) que representen a una sexta parte de la poblaci¨®n, 7.854.963 habitantes. Ese el n¨²mero m¨ªnimo que exige la ley para intentar tumbar la norma en los tribunales, un objetivo que los firmantes del pacto creen que conseguir¨¢n holgadamente. "Ser¨ªa el primer recurso de estas caracter¨ªsticas que se presenta en Espa?a, tras un intento en 2002 que fracas¨® por motivos de procedimiento. Los partidos que estamos aqu¨ª representamos a m¨¢s de 15 millones de ciudadanos y alrededor de 3.500 Ayuntamientos. No queremos que el Gobierno las convierta en meras oficinas administrativas bajo la tutela del ministro de turno", se?al¨® el diputado socialista Gaspar Zarr¨ªas. Explic¨® que la reforma ataca los art¨ªculos 137 y 140 de la constituci¨®n con el "desempoderamiento", de los Ayuntamientos.

Si alcanzan esas adhesiones a lo largo del mes de febrero se dirigir¨¢n al Ministerio de Hacienda para instarle a que solicite que el Consejo de Estado emita un informe no vinculante. Tras la contestaci¨®n del ¨®rgano consultivo, los municipios tendr¨¢n un mes para hacer efectiva la interposici¨®n del recurso ante el Constitucional. Ser¨¢ Barcelona, el consistorio de los firmantes con un mayor n¨²mero de habitantes, quien presente la impugnaci¨®n en nombre de todas las corporaciones. El Consejo de Estado y ha advirti¨® en julio de 2013 de que la constitucionalidad del anteproyecto de ley de la administraci¨®n local estaba en entredicho. Lo que entonces era un proyecto sin pulir planteaba dos grandes problemas: la regulaci¨®n del llamado "coste est¨¢ndar", un concepto que fue retirado durante la tramitaci¨®n parlamentaria, y la posible vulneraci¨®n el principio de "autonom¨ªa local", por la reducci¨®n de competencias de los Ayuntamientos.

?El Secretario de Pol¨ªtica Municipal socialista, Gaspar Zarr¨ªas, est¨¢ convencido de que cuentan con un respaldo m¨¢s que suficiente de los alcaldes espa?oles para forzar un pronunciamiento del Constitucional. Barcelona, Zaragoza, Vigo, Hospitalet, El Prat de Llobregat o Rivas Vaciamadrid son algunas de las mayores localidades espa?olas que se oponen frontalmente a la ley. En otros n¨²cleos importantes, como Badalona, Getafe o Alcal¨¢ de Henares, el PP no gobierna en mayor¨ªa. El PSOE de Valladolid fue el primero en ponerse al frente de la ofensiva judicial contra la norma apadrinada por el ministro Crist¨®bal Montoro: en enero Tordesillas se convirti¨® en el primer Ayuntamiento espa?ol en aprobar una moci¨®n por la que se sumar¨ªa un posible recurso de inconstitucionalidad. Fue antes de que la direcci¨®n nacional del partido decidiese sobre la estrategia a seguir.

"No nos vamos a quedar parados. La mayor¨ªa absoluta del PP ha provocado una cerraz¨®n que le ha vuelto sordo y ciego", denunci¨® Ascensi¨®n de las Heras,(IU). "Estamos en un Estado de democracia anor¨¦xica. Con este recurso vamos a dejar patente la movilizaci¨®n en contra de miles de Ayuntamientos y el firme rechazo de millones de personas". Los grupos atacan que la norma refuerce el poder de las Diputaciones y "abra el camino para la privatizaci¨®n de servicios b¨¢sicos, lo que encarecer¨¢ lo que pagan los ciudadanos".

Los diputados que presentaron la propuesta pusieron varios ejemplos pr¨¢cticos de lo que piensan que ocurrir¨¢ con la entrada en vigor de la ley: "El Ayuntamiento de Granollers ejerce m¨¢s de 9.000 servicios sociales. ?Qui¨¦n los van a ofrecer ahora? Lo mismo ocurrir¨¢ con la promoci¨®n del empleo, promoci¨®n econ¨®mica, escuelas de m¨²sica, planes de ocupaci¨®n, todo lo que hace referencia a la promoci¨®n de la mujer... Las diputaciones no tienen los recursos humanos suficientes ni est¨¢n capacitadas. O se dejan de prestar, o se privatizan esos servicios", destacaron. Aunque en realidad el primer conflicto que ha surgido tiene que ver con la reducci¨®n del sueldo de los alcaldes.

Desde CiU, su diputada Carme Say¨®s asegur¨® este viernes que su partido "no se lo ha pensado dos veces" a la hora de recurrir. "La ley no aporta nada, responde a la obsesi¨®n del PP de acaparar cualquier competencia que le plazca. No aporta ninguna mejora a la administraci¨®n local". CiU gobierna en cerca de 500 municipios con unos 4 millones de habitantes y quiere ser parte activa en esta iniciativa. La Generalitat tambi¨¦n plantear¨¢ un recurso ante el Constitucional por invasi¨®n de competencias, al igual que las comunidades aut¨®nomas no gobernadas por el PP.

Protesta por el corte de la se?al

Poco despu¨¦s de comenzar la rueda de prensa en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, la se?al que utilizan los medios de comunicaci¨®n para la retransmisi¨®n del acto se ha cortado, lo que ha provocado la indignaci¨®n de la veintena de diputados y alcaldes presentes. "Hoy la presidencia del Congreso ha hecho el rid¨ªculo con la se?al, es dif¨ªcil explicar lo que ha ocurrido con esta rueda de prensa, pero tendr¨¢n que explicarlo", se?al¨® el diputado de Chunta Aragonesista, Ches¨²s Yuste. "Es absolutamente incre¨ªble", insistieron varios de los presentes. Por la tarde remitieron un escrito a la mesa del Congreso expresando su "en¨¦rgica protesta" por lo ocurrido. "En la primera intervenci¨®n se ha producido, sin causa justificada, el corte de la se?al de imagen y sonido que los servicios de la C¨¢mara estaban difundiendo, impidiendo de esta forma el seguimiento por los medios de comunicaci¨®n de las declaraciones del resto de grupos. Esta actuaci¨®n es inadmisible en un Parlamento democr¨¢tico".