La Casa del Rey afronta inquieta la cita judicial de la infanta Cristina

Otro d¨ªa clave para la Casa del Rey. Otra jornada decisiva para la monarqu¨ªa, para su estabilidad en el presente y en el futuro. Trece meses despu¨¦s de que la investigaci¨®n del caso N¨®os apuntar¨¢ directamente al yerno del monarca, I?aki Urdangarin, al quedar imputado en un esc¨¢ndalo de supuesta corrupci¨®n, la Casa del Rey afronta este s¨¢bado una de las situaciones m¨¢s delicadas de su historia. La infanta Cristina de Borb¨®n, de 48 a?os, s¨¦ptima en la l¨ªnea de sucesi¨®n al trono, declara en los juzgados de Palma, imputada por un supuesto delito fiscal y otro de blanqueo de capitales. Aunque desde que se destap¨® el esc¨¢ndalo la infanta ha sido apartada de todos los actos oficiales de la familia real y, por tanto, ha dejado de cobrar indemnizaciones por su actividad protocolaria, la Casa del Rey vive con inquietud este episodio judicial ins¨®lito en la historia de Espa?a.

La Casa del Rey, que como admiti¨® su secretario general ha vivido como un ¡°martirio¡± este proceso, entiende que la infanta saldr¨¢ del juzgado hoy liberada de una gran presi¨®n tras contestar a todas las preguntas y esperanzada ante una pr¨®xima desimputaci¨®n. El caso N¨®os ha coincidido, adem¨¢s, con unos a?os complicados del rey Juan Carlos.

La investigaci¨®n del caso N¨®os o caso Urdangarin, que arranc¨® hace tres a?os, ha acreditado que I?aki Urdangarin y su socio, Diego Torres, montaron en 2003 una estructura societaria para desviar dinero p¨²blico a sus empresas privadas y defraudar al fisco. Entre 2004 y 2007, el Instituto N¨®os, entidad formalmente sin ¨¢nimo de lucro, propiedad de Urdangarin y Torres, logr¨® a dedo una serie de contratos p¨²blicos en los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, bajo los gobiernos del PP de Jaume Matas y Francisco Camps, que ascendieron a m¨¢s de seis millones de euros.

Gran parte del dinero p¨²blico conseguido en esos contratos fue a parar a empresas de ambos socios. En el caso de Urdangar¨ªn, una de las empresas, Aizoon, era tambi¨¦n propiedad de Cristina de Borb¨®n. La investigaci¨®n ha demostrado en este tiempo que a trav¨¦s de esa sociedad familiar se pagaron gastos personales de los duques de Palma, obras de reforma en su vivienda en el barrio exclusivo barcelon¨¦s de Pedralbes y hasta contratos irregulares para el servicio dom¨¦stico.

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La investigaci¨®n de la Unidad de Delitos Econ¨®micos y Fiscales (UDEF) de la Polic¨ªa, acompa?ada de la efectuada por la Agencia Tributaria, ha corroborado que muchas de esas facturas pantalla emitidas por Aizoon para tareas que nada ten¨ªan que ver con su labor sin ¨¢nimo de lucro podr¨ªan suponer un delito de fraude fiscal.

Tras un primer intento del propio juez de imputar a la infanta, hace casi un a?o, que fue bloqueado tras un recurso de la Fiscal¨ªa ante la Audiencia Provincial de Palma, Castro profundiz¨® en la investigaci¨®n de las cuentas de Aizoon y de la infanta hasta que, hace menos de un mes, decidi¨® imputarla de nuevo y citarla para hoy.

Tras este in¨¦dito pase¨ªllo de este s¨¢bado, que la infanta decidir¨¢ a ¨²ltima hora si hace enteramente en coche o en parte a pie, se producir¨¢ la primera declaraci¨®n ante un juez de un miembro de la familia real. Y tras esa declaraci¨®n el juez deber¨¢ resolver, al concluir la instrucci¨®n, si sienta a la infanta Cristina en el banquillo de los acusados del futuro juicio junto a su marido o, por el contrario, archiva las actuaciones contra ella. Un momento cr¨ªtico para una instituci¨®n como la Monarqu¨ªa, que sufre como otras ahora en el pa¨ªs un gran desgaste ante la opini¨®n p¨²blica, como reflejan los sondeos.

Tanto el juez como el fiscal consideran que, sea cual sea su futuro judicial, la hija del Rey deber¨¢ devolver unos 600.000 euros por su responsabilidad civil en el caso de que su marido sea al final condenado, justo la mitad del dinero que Urdangarin desvi¨® irregularmente desde N¨®os a su empresa Aizoon.

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La infanta llega as¨ª al juzgado tras fracasar los intentos de pacto previo por parte de las defensas de Urdangarin y de Diego Torres con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, para mitigar las consecuencias del proceso judicial abierto, mediante el pago de unos seis millones de euros. Esa cantidad es el da?o causado al erario p¨²blico por esos negocios ilegales.

El juez pretende aclarar en el interrogatorio si en alg¨²n momento la infanta, que form¨® parte inicialmente de la junta del Instituto N¨®os como vocal aunque no tom¨® decisiones, conoci¨® los negocios ilegales de su marido, los ampar¨® y colabor¨® como c¨®mplice en esas actividades. La fiscal¨ªa entiende, en funci¨®n de las declaraciones de testigos e imputados en la causa y en especial de los informes de los peritos de Hacienda, que no tuvo ninguna participaci¨®n y que, por tanto, no cabe imputarla ning¨²n delito.

La Agencia Tributaria, a trav¨¦s de los an¨¢lisis de los inspectores, considera que la Infanta no es responsable de los delitos fiscales que s¨ª imputa a su marido. Y la Abogac¨ªa del Estado avala tambi¨¦n esa tesis.