Principio de incertidumbre

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en fechas recientes, al presentar una proposici¨®n de ley para la modificaci¨®n de la Ley de Jurisdicci¨®n Universal (persecuci¨®n por la justicia espa?ola de cr¨ªmenes de lesa humanidad, narcotr¨¢fico, terrorismo, entre otros), ha suscitado uno de los debates m¨¢s intensos de los ¨²ltimos tiempos en la sociedad espa?ola. Organizaciones de v¨ªctimas, juristas nacionales e internacionales e incluso el relator de ONU para la Verdad, la Justicia y la Reparaci¨®n, de visita en Espa?a, han criticado duramente esta iniciativa, cuya necesidad jur¨ªdica es nula y su oportunidad contraproducente.

El caso es que, queriendo atajar un problema pol¨ªtico y econ¨®mico, han generado un verdadero problema de alcance transnacional, si no se remedia, en lo que son las obligaciones internacionales de Espa?a en la persecuci¨®n del crimen organizado. Imaginemos el siguiente supuesto. Un barco, con 10 toneladas de coca¨ªna de mercanc¨ªa, las entrega un cartel colombiano a Al Qaeda, en pleno Atl¨¢ntico, con destino final no conocido, pabell¨®n de conveniencia y unas 50 personas de tripulaci¨®n de varias nacionalidades. La polic¨ªa de diferentes pa¨ªses, alertada, lo detecta y aborda en aguas internacionales.

Para atajar un problema pol¨ªtico y econ¨®mico han generado uno de alcance transnacional

Espa?a, hasta la aparici¨®n de este proyecto, responder¨ªa con una r¨¢pida y contundente acci¨®n policial, transportando barco, personas y cargamento al primer puerto espa?ol y el juez ordenando la detenci¨®n, incautaci¨®n y persecuci¨®n nacional e internacional de todos los componentes de la red. La sociedad espa?ola e internacional quedar¨ªa protegida y reparada por la acci¨®n judicial. Y, ello, porque los jueces espa?oles pod¨ªan conocer de determinados delitos con independencia del lugar donde se produjesen y de la nacionalidad de delincuentes o v¨ªctimas. La jurisdicci¨®n universal se extend¨ªa a delitos internacionales y otros cr¨ªmenes transnacionales.

Los primeros porque al tratarse de genocidios, guerra y lesa humanidad, afectaban a la conciencia de cualquier ser humano. Las v¨ªctimas son universales y universal es la obligaci¨®n de perseguir y juzgar al presunto responsable si estuviera a disposici¨®n de la justicia espa?ola. La investigaci¨®n pod¨ªa ser concurrente y ello supon¨ªa un enriquecedor ejercicio jurisdiccional, que acumulaba material probatorio en un ¡°fondo com¨²n¡±, que se entregaba al pa¨ªs en las mejores condiciones para juzgar.

Han cedido espacio a la incertidumbre en detrimento de la seguridad jur¨ªdica

Los segundos porque representan las formas m¨¢s graves y peligrosas de delincuencia organizada y su persecuci¨®n universal responde a la necesidad de potenciar investigaciones concurrentes con otros pa¨ªses. En un mundo donde apenas existen fronteras y las organizaciones criminales act¨²an de forma coordinada y con efectos nocivos en m¨²ltiples pa¨ªses, aunar los esfuerzos de investigaci¨®n judicial, superando los intereses particulares, conduce a una seguridad y eficacia que, al igual que en los cr¨ªmenes del primer grupo, combate y erradica la impunidad, haciendo al mundo m¨¢s seguro. En 2009, la jurisdicci¨®n universal perdi¨® su ¡°universalidad¡±. La nueva ley estableci¨® requisitos relativos a la nacionalidad de las v¨ªctimas, se exigieron v¨ªnculos con Espa?a y que los hechos no se estuviesen investigando por un tribunal internacional o en otro pa¨ªs competente, porque, en tal caso, la justicia espa?ola deber¨ªa abstenerse de hacerlo. Con criterio selectivo, tanto legisladores como operadores jur¨ªdicos optaron por aplicar la reforma al primer grupo de delitos y se sigui¨® el criterio tradicional con los segundos, con lo que la esencia del principio y su finalidad quedaron desdibujadas.

Finalmente, la reforma legislativa que el Partido Popular propone, ahora, aumenta exponencialmente la agresi¨®n a la jurisdicci¨®n universal, hasta el punto de anular cualquier rastro de la misma, convirti¨¦ndola en local y subsidiaria, basada casi exclusivamente en la nacionalidad espa?ola del presunto responsable y vinculada con el territorio hispano. Es m¨¢s, un tribunal espa?ol tendr¨ªa vetado investigar esos hechos si otro pa¨ªs lo estuviera haciendo, siendo imposible, al contrario de lo que antes suced¨ªa, complementar investigaciones ni coincidir en ellas. Pero es que, adem¨¢s, la propuesta impide el acceso a la justicia de la acusaci¨®n popular (asociaciones de v¨ªctimas, de ciudadanos, etc¨¦tera), eliminando as¨ª al actor m¨¢s beligerante en la promoci¨®n e investigaci¨®n de este tipo de delitos y, por supuesto, obligando a cerrar todas las investigaciones en curso.

En el caso propuesto, en forma consciente o inconsciente, los promotores de la reforma han cedido espacio al principio de incertidumbre en detrimento del principio de seguridad jur¨ªdica, hasta el punto de que el juez espa?ol vendr¨ªa obligado a abstenerse de investigar hechos tan graves como el tr¨¢fico de seres humanos, de drogas o terrorismo, simplemente porque Espa?a ha repudiado el principio de que todos los Estados han de colaborar en la persecuci¨®n de los delitos contra la humanidad y los cometidos trasnacionalmente, cuyo cumplimiento nos hizo merecedores al reconocimiento internacional por contribuir a que el mundo fuera un poco m¨¢s justo y con menos impunidad.

Dolores Delgado es fiscal de la Audiencia Nacional