La fiscal¨ªa se querella contra un empresario reci¨¦n indultado

La Fiscal¨ªa de Delitos Econ¨®micos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha querellado contra el empresario canario Miguel ?ngel Ram¨ªrez por un presunto delito de fraude fiscal que ascender¨ªa m¨¢s all¨¢ de los 2,3 millones de euros y que habr¨ªa cometido la empresa de seguridad de la que es propietario, Seguridad Integral Canaria, que vigila, entre otros edificios p¨²blicos, el juzgado que instruye el caso.? Los delitos se habr¨ªan cometido en los a?os 2008 y 2009, defraudando ¡°m¨¢s de un mill¨®n de euros por ejercicio¡±, seg¨²n la investigaci¨®n. Miguel ?ngel Ram¨ªrez fue indultado por el Ministerio de Justicia el pasado 31 de octubre al ser condenado por una modificaci¨®n en su vivienda que invad¨ªa un paraje natural protegido.

Ram¨ªrez, tambi¨¦n presidente de la Uni¨®n Deportiva Las Palmas, seg¨²n el auto, habr¨ªa sustituido el pago de horas extraordinarias de sus trabajadores por dietas. Tras el informe procedente de la investigaci¨®n de Agencia Tributaria, la fiscal¨ªa ha presentado en Las Palmas de Gran Canaria una querella que ha sido admitida a tr¨¢mite por la juez Mar¨ªa Victoria Rosel. El juzgado ha citado a declarar a Miguel ?ngel Ram¨ªrez el pr¨®ximo mi¨¦rcoles 12 de marzo como imputado por los delitos descritos en la querella y vinculados al fraude fiscal. En la querella se han incorporado testimonios de ¡°m¨¢s de 100 trabajadores actuales de Seguridad Integral Canaria que corroboran los hechos¡±, aseguran fuentes cercanas a la investigaci¨®n. Algunos llamados por la Agencia Tributaria y otros porque han acudido voluntariamente.

El sindicato USO, a trav¨¦s de su Federaci¨®n de trabajadores de la Seguridad Privada, orden¨® una denuncia en la Fiscal¨ªa de Delitos Econ¨®micos de la Audiencia Nacional, en Madrid, que posteriormente fue dirigida a Canarias. El contenido de la denuncia fue sustanciado en su mayor¨ªa por el sindicato Intersindical Canaria, con representaci¨®n en la empresa. El secretario general de esta federaci¨®n, Juan D¨ªaz, explicaba este lunes que ¡°es algo que se produjo hace cinco a?os y que se est¨¢ investigando desde hace tiempo¡±. Seg¨²n D¨ªaz, el empresario habr¨ªa reconocido parte de lo ocurrido. La empresa, presuntamente, buscaba con este modus operandi reducir la carga fiscal y social, porque las dietas no cotizan a la Seguridad Social, adem¨¢s de que esta operaci¨®n le hac¨ªa tener precios m¨¢s competitivos que en las empresas del sector, hecho que ha sido denunciado durante los ¨²ltimos a?os por las principales empresas competidoras en Canarias.

El empresario solo ha hecho, por el momento, declaraciones a un medio digital canario en el que dec¨ªa que ¡°se trata de un error de interpretaci¨®n de la norma¡± y que se encuentra ¡°muy tranquilo¡±.

Se da la circunstancia de que la empresa que est¨¢ siendo investigada y sobre la que se basa la querella por un presunto fraude fiscal es la encargada de vigilar el Palacio de Justicia, entre otros muchos edificios p¨²blicos, en el que se instruye el caso. Algunas fuentes judiciales han mostrado su malestar al respecto y particularmente la Junta de Jueces de Instrucci¨®n ha solicitado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Jos¨¦ Ram¨®n Navarro Miranda, que haga las gestiones necesarias para que ¡°al menos los juzgados de guardia y el sector de juzgados de instrucci¨®n tenga una protecci¨®n de fuerzas de cuerpo y seguridad del Estado, aunque lo deseable ser¨ªa todo el edificio¡±.

La Junta de personal tambi¨¦n se ha quejado de la misma circunstancia. En el caso de los jueces de instrucci¨®n se produjo en una reuni¨®n antes del conocimiento de la querella, mientras que en el caso de la Junta de Personal la solicitud tambi¨¦n llega por ¡°el elevado n¨²mero de pleitos que tiene en los juzgados de lo social¡±, seg¨²n una fuente de la misma.