Se reabre la causa contra el alcalde de Valladolid por desobediencia

La Audiencia de Valladolid ha acordado reabrir la causa abierta contra el alcalde, Francisco Javier Le¨®n de la Riva (PP), por los retrasos de las obras en el proceso de legalizaci¨®n del antiguo edificio de Caja Duero en la plaza de Zorrilla, donde reside el edil, al considerar que existen indicios de que cometi¨® un delito de desobediencia. La Fiscal¨ªa de Valladolid y la Federaci¨®n de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, recurrieron el archivo de las diligencias contra Le¨®n de la Riva que ahora volver¨¢n a analizarse, seg¨²n informa a Europa Press.

En el momento de instruirse las diligencias, en Le¨®n de la Riva concurr¨ªa la triple condici¨®n de alcalde, propietario de una de las viviendas y vicepresidente de Caja Duero, propietaria del inmueble.

El alcalde ha asegurado hoy que no va a dimitir, salvo que se lo pida el partido, porque no ha cometido "ning¨²n delito", no se ha lucrado ni ha beneficiado o perjudicado a nadie con su actuaci¨®n en este caso. "Nada tiene que ver con ning¨²n caso de corrupci¨®n", ha declarado el alcalde, quien ha defendido que "no se ha producido ning¨²n tipo de lucro ni de beneficio por parte de nadie" y el piso en el que vive "no est¨¢ afectado" por un caso de exceso de edificabilidad en el edificio, al haberse convertido unos trasteros en ¨¢ticos.

De la Riva ha a?adido que cuando se sobresey¨® la causa, el juzgado entendi¨® que la demora en cumplir la sentencia, para devolver los ¨¢ticos a su estado anterior, se deb¨ªa a problemas t¨¦cnicos.

La Audiencia ha solicitado tambi¨¦n al instructor que se pronuncie sobre la posible responsabilidad de los arquitectos, Luis ?lvarez Aller e Isidro Mart¨ªnez Cuesta. Ambos fueron contratados por el Ayuntamiento para redactar el proyecto y ejecutar las obras en el inmueble. Los dos fueron interrogados en su d¨ªa en calidad de imputados y, sin embargo, el juez no dijo nada de ellos en el auto de sobreseimiento ahora reabierto.

A finales de octubre de 2013 el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Valladolid, C¨¦sar Gil Margareto, decret¨® el sobreseimiento provisional de la causa penal porque no resultaba acreditada la concurrencia de conducta criminal y, por tanto, resultaba imposible justificar la perpetraci¨®n del delito. El sobreseimiento, sin embargo, fue recurrido directamente ante la Audiencia de Valladolid por la Fiscal¨ªa y por la acusaci¨®n popular, ejercida por la Federaci¨®n de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado.

En el recurso de la Fiscal¨ªa, esta recordaba la inicial sentencia de abril de 2008 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le¨®n que anul¨® licencias y obligaba a demoler ¨¢ticos en dicho inmueble creados a partir de unos trasteros. Tambi¨¦n recordaba los autos de 16 de junio de 2009, julio de 2010, marzo de 2011 y marzo de 2012 que ordenaron al alcalde ejecutar la demolici¨®n de las obras de rehabilitaci¨®n y a reconstruir los elementos protegidos ilegalmente demolidos o modificados.

As¨ª, la fiscal¨ªa ha se?alado que tanto el alcalde como el Ayuntamiento, denotan "la intenci¨®n de desobedecer, como negativa u oposici¨®n voluntaria, tenaz, contumaz y rebelde, obstinada y recalcitrante a acatar el mandato, que revela el prop¨®sito de desconocer deliberadamente la decisi¨®n de la autoridad judicial". De hecho, el recurso incid¨ªa en que Le¨®n de la Riva, tras haber sido designado como ¨®rgano responsable para el cumplimiento de la sentencia, se ausent¨® de las sesiones de la Junta de Gobierno Local cuando se iba a abordar la aprobaci¨®n de los distintos proyectos de restituci¨®n del inmueble a la legalidad.

El 7 de noviembre de 2012, el alcalde declar¨® en calidad de imputado, que la falta de una documentaci¨®n fiable dificultaba la exigencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le¨®n de restituir la legalidad en el edificio de la Plaza de Zorrilla, en el que se autoriz¨® un exceso de edificabilidad y donde el edil posee una vivienda.

De este modo, Le¨®n de la Riva mantuvo que "la voluntad del alcalde ha sido siempre la de cumplir la sentencia, y as¨ª lo ha hecho decreto tras decreto", en alusi¨®n a los distintos proyectos de restituci¨®n anulados sucesivamente por el TSJCyL debido a los problemas a los que se enfrentan los t¨¦cnicos municipales a la hora de saber cu¨¢l es el edificio original. Seg¨²n hab¨ªa precisado, el edificio, que es de 1950, fue declarado protegido en 1997, si bien cuando se protegi¨® no se sab¨ªa a ciencia exacta si tal protecci¨®n afectaba al inmueble original o a las m¨²ltiples modificaciones realizadas en los ¨²ltimos cuarenta a?os.