El Defensor del Pueblo recurre el plan de rescate municipal del Gobierno

La defensora del Pueblo Soledad Becerril ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional el plan de rescate para Ayuntamientos con dificultades. En concreto, la instituci¨®n pretende impugnar dos apartados de un real decreto de 29 de noviembre que atribuyen a la junta de gobierno local o al propio regidor las competencias del Pleno del Ayuntamiento para sacar adelante un plan de ajuste financiero. En definitiva, el decreto otorga al ejecutivo municipal unas atribuciones que corresponder¨ªan al ¨®rgano soberano.

Fuentes del ministerio de Hacienda se?alan que esta decisi¨®n se tom¨® ante ¡°problemas de mayor¨ªas o de gobernabilidad¡± y para ¡°proteger a los ciudadanos ante situaciones pol¨ªticas¡± que imped¨ªan que un municipio se acogiese al rescate a cambio de duras condiciones. Las administraciones que aceptan el sistema est¨¢n obligadas a recortar en gasto corriente y personal y se les fuerza a aumentar los impuestos, tasas y precios p¨²blicos de los servicios que prestan. Becerril cuestiona la constitucionalidad de esa disposici¨®n porque ¡°restringe el n¨²cleo esencial de la instituci¨®n local¡±, seg¨²n varias sentencias del Constitucional.

Becerril ha considerado ¡°procedente¡± la solicitud de Izquierda Unida, que, a trav¨¦s del diputado y portavoz econ¨®mico en el Congreso, Alberto Garz¨®n, ped¨ªa amparo a esa instituci¨®n. En su carta a la defensora, Garz¨®n destacaba un p¨¢rrafo de la memoria del decreto ley sobre el fin que persigue el Gobierno con esta norma: ¡°El objetivo de esta disposici¨®n es facilitar la mayor incorporaci¨®n posible de municipios a las medidas extraordinarias eliminando obst¨¢culos que no deber¨ªan afectar al logro de la estabilidad y del reequilibrio de aquellas entidades¡±. En su respuesta, el Defensor del Pueblo se?ala que ¡°no puede compartir que el respeto por las reglas procedimentales, m¨¢s cuando se atienen al principio de las mayor¨ªas (que exige el respeto por las minor¨ªas) pueda ser calificado de obst¨¢culo¡±. Y a?ade que ¡°es simplemente un ingrediente de la decisi¨®n: si la ley hasta ahora requiere mayor¨ªa del Pleno, no es ello propiamente un obst¨¢culo, sino un requisito, sin el cual la decisi¨®n no existe o es inv¨¢lida¡±. En este contexto, los servicios jur¨ªdicos del Defensor del Pueblo, seg¨²n recuerda la formaci¨®n de Cayo Lara, ¡°infieren que el decreto-ley del Gobierno impugnado por IU puede confrontar con los art¨ªculos 1, 23, 137 y 140 de la Constituci¨®n¡±. Y Garz¨®n, que celebra la decisi¨®n, se?ala que ¡°no se trata tanto de un problema sustantivo, sino de una filosof¨ªa peligros¨ªsima¡± por la que, en su opini¨®n. pueden saltarse las reglas del juego en aras de unas necesidades econ¨®micas.

Todo tiene su origen en la estabilidad financiera. El Ministerio de Hacienda puso en marcha un plan de rescate para 402 municipios con graves problemas financieros pero que finalmente solo 101 aceptaron. Para saltarse las resistencias locales, el ministerio elimin¨® la obligaci¨®n de que fuese el pleno municipal el encargado de pronunciase a favor de aceptar las medidas. Con un acuerdo de la junta de Gobierno o, en Ayuntamientos peque?os, del propio alcalde, fue suficiente para aceptar las condiciones del rescate financiero con dur¨ªsimas contrapartidas. Los ayuntamientos que aceptaron han tenido que crear una cuenta bancaria espec¨ªfica donde se depositan los adelantos que reciben de sus ingresos procedentes del Estado y no pueden utilizar esa liquidez para otra cosa que no sea hacer frente al pago de deudas. El plan del Gobierno ofrece a cambio ciertas ventajas. Les facilita condiciones muy favorables para hacer frente a sus cr¨¦ditos y fracciona los pagos, pero impone draconianas condiciones en cuanto al control del gasto. ¡°A ellos les interesa el entrar en este mecanismo para beneficiarse del fraccionamiento. En las deudas con la Agencia Tributaria ser¨¢n de hasta 10 a?os¡±, se?al¨® Hacienda en la presentaci¨®n del rescate.

¡°El Estado no est¨¢ imponiendo ninguna actuaci¨®n a los municipios, sino que est¨¢ posibilitando el desbloqueo de determinadas situaciones [...] que tienen efectos contrarios al inter¨¦s general de sus ciudadanos¡±, se?ala el ministerio que dirige Crist¨®bal Montoro. El Gobierno tampoco cree estar actuando contra la autonom¨ªa local: ¡°Se permite que sea otro ¨®rgano de la corporaci¨®n el que adopte la decisi¨®n¡±.

Hacienda dice que su intenci¨®n era garantizar otro derecho recogido en la Constituci¨®n: el de suficiencia financiera: ¡°Sin este cambio muchos Ayuntamientos no tendr¨ªan m¨¢s recursos¡±.