Hechos probados y conjeturas

El Gobierno socialista andaluz decidi¨® en 2000 abrir una l¨ªnea de ayudas p¨²blicas para empresas en dificultades que acometieran expedientes de regulaci¨®n de empleo. Aquella decisi¨®n le costar¨¢ a la Junta de Andaluc¨ªa a lo largo del tiempo 1.217 millones de euros.

La investigaci¨®n de la juez Mercedes Alaya ha puesto al descubierto una trama delictiva que se aprovech¨® de esta l¨ªnea de ayudas para defraudar y enriquecerse. En la c¨²spide de esa red corrupta estaban, seg¨²n la investigaci¨®n judicial, Javier Guerrero, director general de Empleo durante la mayor parte del tiempo en que se gestion¨® el fondo; Juan Lanzas, exsindicalista que mediaba entre las empresas y la administraci¨®n para conseguir las ayudas; y dos aseguradoras que gestionaban el dinero y cobraban comisiones disparatadas. Adem¨¢s de esos hechos probados, la juez Alaya ha argumentado que sin la complicidad de los principales dirigentes pol¨ªticos de la Junta de Andaluc¨ªa no hubiera sido posible el fraude, y que ellos idearon un instrumento administrativo para facilitar las corruptelas.

El sumario contiene datos que refrendan el fraude y otros que no confirman la culpabilidad de los altos cargos pol¨ªticos.

Discreccionalidad. En el auto donde se fija una fianza de 29,5 millones para la ex consejera de Econom¨ªa y Hacienda, Magdalena ?lvarez, la juez sostiene que se ide¨® por parte de los cargos pol¨ªticos de la Junta un sistema de ayudas que evitaba los controles ¡°a sabiendas de que dicho procedimiento se realizar¨ªa con absoluta discreccionalidad y de forma totalmente opaca (...) convirtiendo las subvenciones en desplazamientos de fondos p¨²blicos a terceros por mera liberalidad¡±.

Intrusos. La mayor parte de los fondos (560 millones de euros) fueron para p¨®lizas que recibieron o est¨¢n pendientes de cobrar 6.435 trabajadores que trabajaban en decenas de empresas, la inmensa mayor¨ªa sin vinculaci¨®n con el PSOE o con el Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa. Los falsos trabajadores que cobraron las indemnizaciones fueron 196 que ingresaronn 17 millones de euros. Entre esos denominados intrusos hay nueve militantes del PSOE, entre los que destacan Juan Rodr¨ªguez Cordob¨¦s, exdelegado de Trabajo de la Junta en Sevilla, y Rafael Rosendo, exalcalde de El Pedroso (Sevilla).

Empresas beneficiadas. De las empresas beneficiadas, las principales implicadas, seg¨²n la juez, son las consultoras Uniter y Vitalia, sospechosas de haber cobrado hasta 50 millones por sobrecomisiones, es decir, por facturar hasta un 20% de la cantidad acordada para ayudas. La vinculaci¨®n de estas consultoras con el PSOE o con el Gobierno de la Junta tampoco ha quedado acreditada.

Ayudas ilegales. De las empresas, asociaciones y administraciones sospechosas de haber recibido hasta 73 millones en ayudas que no le correspond¨ªa son m¨¢s de un centenar y de todo tipo. Las m¨¢s vinculadas con el PSOE son las que recibieron ayudas gracias al supuesto ¡°papel esencial¡±, seg¨²n la Guardia Civil, del exconsejero de Empleo y hoy diputado, Jos¨¦ Antonio Viera, que a¨²n no ha sido imputado por la juez, porque en ese caso al tener aforamiento deber¨ªa inhibirse en la causa. Se trata de empresas asentadas en la Sierra Norte sevillana, una comarca de 30.000 habitantes, que acapararon unos 30 millones en ayudas directas. De esa cantidad, el grupo Matadero de Sierra Morena, dirigido por los exconcejales socialistas Jos¨¦ Enrique Rosendo y Jos¨¦ Mar¨ªa Sayago, recibi¨® ayudas directas. Sonia Viera, hija del exconsejero, trabaj¨® para esta corporaci¨®n. Otros empresarios que conoc¨ªan a Viera, como Enrique Peralta y Gonzalo Madariaga, recibieron casi cinco millones: 880.000 euros el primero en 2008 a trav¨¦s de la sociedad B¨¦tica de Industrial, SL, y cuatro Mac Puarsa.

La mayor¨ªa de los fondos fueron para empresas sin vinculaci¨®n pol¨ªtica alguna o incluso alejadas de la esfera socialista, como Dhul, Autopistas Aumar, Astilleros, Altadis, la multinacional Delphi o la Asociaci¨®n Faja Pir¨ªtica de Huelva. Estos dos ¨²ltimos expedientes y el de Santana acapararan el 47% del fondo.

Ayuntamientos socialistas. En los listados de perceptores de ayudas tambi¨¦n hay una docena de ayuntamientos, en su mayor¨ªa, aunque no todos, presididos por el PSOE en la ¨¦poca que recibieron los fondos. El ¨²ltimo bajo sospecha es Los Palacios (Sevilla) donde la Guardia Civil investiga una subvenci¨®n de 901.518 euros para un complejo dedicado al arte ecuestre.

Fianzas que triplican todo lo gastado en los ERE. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que ¡°cuando del sumario resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandar¨¢ por el Juez que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, decret¨¢ndose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no prestare la fianza¡±. Hasta el momento, la juez que investiga el fraude en las ayudas sociolaborales por valor de 1.217 millones de euros ha impuesto fianzas de responsabilidad civil a 72 de los 144 imputados que suman cerca de 3.000 millones, casi el triple del total. La ley establece que ¡°la cantidad de [las fianzas] no podr¨¢ bajar de la tercera parte m¨¢s de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias¡±. Los que ha quedado probado que se lucraron con las ayudas, asumen una cuarta parte del total de las fianzas mientras que los altos cargos de la Junta suman casi 2.000 millones. La investigaci¨®n no ha probado el enriquecimiento de los ex consejeros y la mayor¨ªa de ex altos cargos de la Junta imputados.

El cuerpo del delito: las transferencias de financiaci¨®n. El mecanismo de pago de los ERE se basa en las transferencias de financiaci¨®n, un instrumento de pago habitual de las Administraciones p¨²blicas. La juez Mercedes Alaya considera ilegal ese instrumento para las ayudas sociolaborales aprobadas por la Junta de Andaluc¨ªa entre 2000 y 2010. Las transferencias de financiaci¨®n permiten agilizar los pagos, en ocasiones a costa del control sobre estos movimientos de fondos. Todo tipo de Administraciones, desde los gobiernos aut¨®nomos de Madrid, Catalu?a o Pa¨ªs Vasco, a Ayuntamientos pasando por Diputaciones, utilizan cada a?o las transferencias de financiaci¨®n (en algunas regiones se denominan transferencias normativas).

En Andaluc¨ªa las leyes de Presupuestos conced¨ªan fondos a la Consejer¨ªa de Empleo para el fondo de los ERE que eran posteriormente transferidos a la agencia Idea. A continuaci¨®n, esta sociedad p¨²blica pagaba a las aseguradoras que se encargaban de garantizar y organizar los pagos a los trabajadores afectados por los ERE, para que as¨ª los prejubilados cobraran finalmente sus pagas. Para el fondo de los ERE la agencia Idea (antiguo IFA, Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa) abon¨® asimismo las ayudas directas a empresas, Ayuntamientos e instituciones, por orden de Empleo.

La juez opina que las transferencias de financiaci¨®n son instrumentos para operaciones gen¨¦ricas de los entes o empresas p¨²blicas seg¨²n la ley, pero la Junta las utiliz¨® para pagar subvenciones y ordenar pagos a terceros.

Alaya sostiene que la consecuencia fue la tramitaci¨®n del gasto a trav¨¦s de expedientes de transferencias de financiaci¨®n a Idea y no expedientes de subvenciones, con el prop¨®sito de saltarse los controles de la Intervenci¨®n General. ?Qu¨¦ supuso esto? Pues que la revisi¨®n de estos gastos se produjo a posteriori en vez de ser aprobados de antemano por los interventores con una mayor vigilancia y rigidez. Y a posteriori la Intervenci¨®n denunci¨® el uso de las transferencias de financiaci¨®n como un instrumento ¡°inadecuado¡±, pero nunca prohibi¨® su uso por parte de la Junta ni alert¨® del fraude que se estaba produciendo. Mientras, el Gobierno andaluz defiende que la f¨®rmula era legal porque fue incluida en la Ley de Presupuestos que aprobaba el Parlamento, hecho que descartaba su ilegalidad. Adem¨¢s, la Junta recuerda que los interventores podr¨ªan haber bloqueado las transferencias de financiaci¨®n, pero las permiti¨® a?o tras a?o.

Los interventores subrayaron ante la juez que las transferencias de financiaci¨®n est¨¢n incluidas en la Ley de Presupuestos, y que el uso del procedimiento para la concesi¨®n de las subvenciones es incorrecto, pero el mecanismo es legal.