Pedraz mantiene el ¡®caso Couso¡¯ tras el carpetazo a la justicia universal
El juez sostiene que Espa?a est¨¢ ¡°obligada¡± a perseguir delitos contra civiles en tiempo de guerra Ruz y Velasco consultan si deben archivar sus causas
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidi¨® este lunes no aplicar la nueva ley que acaba virtualmente con el principio de justicia universal a uno de los casos que parec¨ªan condenados al archivo con la reforma legal expr¨¦s que entr¨® en vigor el pasado s¨¢bado solo con el apoyo del PP: el de la muerte del c¨¢mara de Telecinco Jos¨¦ Couso en abril de 2003, en Irak, a manos de militares estadounidenses.
El titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 1 y decano de los jueces instructores de la Audiencia emiti¨® este lunes un auto ¡ªresoluci¨®n razonada¡ª en el que rechaza archivar la causa por el homicidio de Couso al entender que hacerlo supondr¨ªa incumplir el IV Convenio de Ginebra sobre protecci¨®n de las personas civiles en tiempo de guerra. Este tratado, suscrito por Espa?a, ¡°obliga¡± a perseguir ¡°sin limitaci¨®n alguna¡± los delitos contra las personas y los bienes protegidos en caso de conflicto armado, sostiene Pedraz. El IV Convenio, ratificado por Espa?a en 1952, forma parte del ordenamiento jur¨ªdico espa?ol y su cumplimiento est¨¢ por encima de las leyes nacionales, recuerda el magistrado. Por esta raz¨®n, mantiene la imputaci¨®n contra el teniente coronel Philip de Camp, el capit¨¢n Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson. Este ¨²ltimo fue quien, desde su carro de combate, dispar¨® un proyectil contra la habitaci¨®n 1.403 del hotel Palestina de Bagdad, desde donde filmaba Couso las evoluciones del ej¨¦rcito estadounidense en los primeros d¨ªas de la guerra.
La decisi¨®n de Pedraz no es una rebeli¨®n corporativa, ni un acto de desacato, sino, seg¨²n sus palabras, ¡°la aplicaci¨®n plena del principio de legalidad¡±. No obstante, en el auto se trasluce cierta voluntad de resistencia moral contra la decisi¨®n del PP de acabar, por la v¨ªa m¨¢s expeditiva posible, con la justicia universal, una de las se?as de identidad de la justicia espa?ola en los ¨²ltimos a?os y que ha provocado a los distintos Gobiernos serios quebraderos de cabeza diplom¨¢ticos. En su auto, de 11 folios y que solo es aplicable al caso Couso y no al resto de causas de justicia universal, Pedraz, sin cuestionar la decisi¨®n del Congreso, recuerda que la facultad de los jueces espa?oles para investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional ha quedado ahora ¡°claramente restringida¡±.
Pedraz no es el ¨²nico magistrado de la Audiencia Nacional que este lunes ha movido sus fichas tras la entrada en vigor de la nueva norma sobre justicia universal. La reforma contiene una disposici¨®n transitoria que declara sobrese¨ªdas todas aquellas causas que no encajen en los nuevos requisitos de perseguibilidad. Este art¨ªculo faculta a los magistrados a cerrar las investigaciones que no se acomoden a la nueva normativa. Sin embargo, los jueces han optado, para mayor garant¨ªa jur¨ªdica, por no archivar directamente. El pasado viernes, fecha en que el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE) publicaba la ley que entr¨® en vigor al d¨ªa siguiente, el juez Eloy Velasco decidi¨® consultar a las partes ¡ªfiscal, defensas y acusaci¨®n particular¡ª sobre si debe archivar la causa sobre los asesinatos del jesuita espa?ol Ignacio Ellacur¨ªa y otras siete personas en 1989 en El Salvador a manos de militares.
Por su parte, el juez Pablo Ruz emiti¨® este lunes sendas providencias sobre las cinco causas de justicia universal que dependen de su juzgado. El magistrado da tres d¨ªas a las partes para que se pronuncien sobre el cierre de la querella contra militares marroqu¨ªes por el genocidio en el S¨¢hara Occidental cuando Espa?a abandon¨® su antigua colonia y la contraquerella, tambi¨¦n por genocidio, interpuesta por Marruecos contra el Frente Polisario y miembros del ej¨¦rcito argelino. Tambi¨¦n consulta sobre las siguientes investigaciones: el asesinato del diplom¨¢tico espa?ol Carmelo Soria en 1976 por agentes de la dictadura chilena de Augusto Pinochet; las torturas en la base estadounidense de Guant¨¢namo y los ataques israel¨ªes a la Flotilla de la Libertad cuando se dirig¨ªa a Gaza en octubre de 2012.
Quien no se ha pronunciado a¨²n ¡ªeste lunes estaba volcado en el interrogatorio de los islamistas detenidos el viernes en Melilla y M¨¢laga¡ª fue Ismael Moreno, instructor de la causa que ha llevado al Gobierno de Mariano Rajoy a laminar la justicia universal: la querella contra los expresidentes chinos Hu Jintao y Jiang Zemin por el genocidio en el T¨ªbet.
¡°Est¨¦n donde est¨¦n¡±
El juez Pedraz afirma en su escrito que, pese a la nueva ley, "la jurisdicci¨®n espa?ola s¨ª es competente" para investigar la muerte de Couso. El magistrado explica que archivar la causa supondr¨ªa "admitir la posibilidad de que una norma interna modifique o derogue una disposici¨®n de un tratado o convenio internacional vigente para Espa?a, lo cual est¨¢ proscrito".
Pedraz recuerda que el IV Convenio de Ginebra obliga a Espa?a a "perseguir el delito (buscar a las personas y hacerlas comparecer) sea cual sea la nacionalidad de los autores y est¨¦n donde est¨¦n".
El juez considera que en el caso Couso la "soluci¨®n del conflicto es evidente: el juez debe inaplicar la nueva norma. El Estado de derecho exige la existencia de ¨®rganos independientes que velen por los derechos y libertades de los ciudadanos, aplicando imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular y controlando la actuaci¨®n de los poderes p¨²blicos".
El magistrado a?ade que "no cabe duda de la primac¨ªa del derecho Internacional sobre el derecho interno, m¨¢xime en materia de derecho internacional humanitario".
El magistrado sostiene que la nueva Ley Org¨¢nica "se contradice con la IV Convenci¨®n de Ginebra", que obliga a perseguir los delitos contra las personas en caso de conflicto armado "sin limitaci¨®n alguna". "Dada la primac¨ªa de los tratados y que un tratado no puede ser modificado por una norma interna, resulta inaplicable la nueva norma".
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