Los jueces decanos son partidarios de reducir los aforados auton¨®micos

Los jueces reclaman m¨¢s armas para combatir la corrupci¨®n. Y piden acabar con los ¡°privilegios¡± jur¨ªdicos otorgados a un n¨²mero cada vez mayor de cargos p¨²blicos. Los 47 jueces decanos de Espa?a, que representan a cerca de 2.000 juzgados de base, han planteado a Carlos Lesmes, presidente del Consejo del Poder Judicial, limitar la figura del aforamiento, obtener nuevos instrumentos para luchar contra la corrupci¨®n y suprimir prerrogativas como las que permiten a determinados cargos p¨²blicos ser juzgados por tribunales superiores y poder contestar a las preguntas del juez por escrito. Una posibilidad a la que se han acogido recientemente los expresidentes de Madrid y Valencia, Esperanza Aguirre y Francisco Camps, respectivamente. En Espa?a hay unos 2.300 pol¨ªticos aforados, de los que m¨¢s de la mitad son diputados de Parlamentos auton¨®micos.

¡°Cuando los aforados que delinqu¨ªan eran algo excepcional, el aforamiento pod¨ªa tener sentido. Pero ahora los tenemos por decenas. Sobrecargan algunos Tribunales Superiores de Justicia, que ni son buenos ¨®rganos de instrucci¨®n ni est¨¢n preparados para ello¡±, afirma Merc¨¦ Cano, decana de Barcelona. El decano de Zaragoza, ?ngel Dolado, lamenta que, en vez de ir en la direcci¨®n de limitar los aforamientos, el Gobierno haya decidido ¡°extenderlos a¨²n m¨¢s para que alcancen a la Reina y a los pr¨ªncipes de Asturias¡±, como anunci¨® el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes.

¡°La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a ciertas personas no tener que acudir al llamamiento del juez, poder contestar por escrito, hacerlo en su domicilio o en el despacho oficial... Todo eso deber¨ªa desaparecer. La gente no lo entiende y da mala imagen¡±, opina el decano de Valencia, Pedro Viguer.

Los decanos atribuyen el ¡°exceso¡± de aforamientos al desarrollo de las autonom¨ªas, en cuyos estatutos se han ampliado los casos inicialmente previstos.

En la actualidad hay 28 aforados imputados en los tribunales superiores. Pero a lo largo de esta legislatura, solo en Valencia, han estado imputados 13. Y los tres que hay ahora en Catalu?a pueden elevarse a cinco en unas semanas.

Gozan de la condici¨®n de aforados los diputados y senadores, el presidente del Gobierno y sus ministros, los miembros de los Parlamentos auton¨®micos y los presidentes y consejeros regionales. Tambi¨¦n el presidente y los vocales del Poder Judicial, los del Consejo de Estado, los del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Los propios magistrados tambi¨¦n son aforados, al igual que los fiscales del Supremo y de los tribunales superiores de justicia. Pero jueces y fiscales gozan de ese privilegio respecto a las acciones que hubieran efectuado en el ejercicio de sus cargos. En cambio, los cargos pol¨ªticos est¨¢n protegidos ante cualquier acusaci¨®n. Los decanos evitan se?alar qu¨¦ aforamientos deber¨ªan eliminarse. ¡°Es algo que debe valorar el Poder Legislativo¡±, indica Viguer.

Adem¨¢s de reducir los aforamientos, los decanos tambi¨¦n plantearon a Lesmes, en una reuni¨®n celebrada el pasado 21 de marzo, la necesidad de poner en marcha otras medidas. Una de ellas ya ha sido adoptada por el Gobierno. Se trata de la instrucci¨®n colegiada, que supone la creaci¨®n de grupos de tres magistrados para investigar los casos m¨¢s complejos. ¡°Me parece muy bien. La idea parte de los decanos y estoy seguro de que puede agilizar las causas. Pero es una figura procesal nueva y hay que ver c¨®mo se articula¡±, afirma Pedro Viguer, decano de Valencia.

Merc¨¦ Cano, decana de Barcelona, cree que es m¨¢s operativo que haya un magistrado responsable del procedimiento ¡°y que otros dos lo apoyaran¡±. Y as¨ª se evitar¨ªa que todas las decisiones deban ser sometidas a votaci¨®n, como contempla el Ejecutivo.

Los decanos aplauden que haya equipos de jueces para casos de delincuencia organizada y causas complejas. Hasta hoy exist¨ªa la posibilidad de adscribir un magistrado de refuerzo a un juzgado con una gran carga de trabajo, como ha pasado con el juez Jos¨¦ Castro, que investiga el caso N¨®os, en el que est¨¢n imputados los duques de Palma. Pero la ayuda solo permite a Castro desentenderse del resto de asuntos que est¨¢n en el juzgado, se?ala Francisco Mart¨ªnez, juez decano de Palma, mientras que en la citada macrocausa de corrupci¨®n ¡°est¨¢ solo¡±.

Para que mejore la lucha contra la corrupci¨®n, opina ?ngel Dolado, decano de Zaragoza, el Gobierno deber¨ªa introducir m¨¢s cambios, que los decanos tambi¨¦n expusieron al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Por ejemplo, un nuevo ¡°cuerpo de peritos contables que dependa de los jueces¡±, un grupo de expertos que les asesorasen en materia econ¨®mica ¡°sin necesidad de recurrir a organismos externos como la Agencia Tributaria, la Intervenci¨®n General del Estado, o el Banco de Espa?a¡±.

Los decanos tambi¨¦n solicitaron que se simplifiquen los recursos que suponen ¡°dilatar los procedimientos¡± y una reforma a fondo de la ley del indulto. ¡°La opini¨®n p¨²blica no entiende la figura del indulto como est¨¢ ahora regulada. Y mucho menos en casos de condenados por corrupci¨®n¡±, afirma Alfonso Gonz¨¢lez-Guija, decano de Bilbao.