El Tribunal de Cuentas investiga un sobrecoste del 230% en el AVE barcelon¨¦s

El Tribunal de Cuentas, tras concluir en abril de 2013 su informe de fiscalizaci¨®n de las principales contrataciones relacionadas con la construcci¨®n de la l¨ªnea f¨¦rrea AVE Madrid-Barcelona (desarrolladas entre 2002 y 2009), detect¨® unas anomal¨ªas tan graves, con incrementos del precio de hasta el 230% y unos desembolsos injustificados de 415 millones de euros, que abri¨® una investigaci¨®n interna que a¨²n no ha concluido.

Las irregularidades detectadas por dicho organismo supervisor en las obras del AVE Madrid-Barcelona son distintas de las que investiga la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y que han propiciado ya una decena de detenciones. Se resumen en los dos siguientes aspectos.

Por un lado, se detect¨® un incremento en el precio del contrato para la construcci¨®n de la Plataforma en el tramo Hospitalet-La Torrassa de 247 millones de euros, lo que representa un incremento del 230% del precio de adjudicaci¨®n del contrato.

En segundo lugar, so pretexto de que se detectaran deficiencias en el proyecto para la construcci¨®n de tres tramos (Castellbisbal-Papiol, Hospitalet-Can Tunis y La Torrassa-Sants), se modificaron los contratos primitivos firmados con la Administraci¨®n. Estos a?adidos o modificados supusieron unos gastos adicionales de 18,2 millones en el primer tramo, 23,7 millones en el segundo y 126 millones en el tercero. El Tribunal de Cuentas no logr¨® acreditar que la Administraci¨®n, la empresa Adif dependiente de Fomento, hubiera exigido responsabilidad alguna a ninguno de los contratistas.

Ante la envergadura de este malgasto y descontrol en el pago de las obras, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Secci¨®n de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. En la actualidad, un a?o despu¨¦s de abrirse las pesquisas, el asunto est¨¢ a¨²n en fase de investigaci¨®n para determinar las circunstancias en las que se produjeron los sobrecostes, la identidad de sus presuntos responsables y el importe de los perjuicios que pudieran haber sufrido los caudales p¨²blicos. Estos datos son el paso previo para poder ejercitar acciones y exigir su restituci¨®n a las arcas p¨²blicas.

Si, por a?adidura, se advirtiera alg¨²n indicio penal en el curso de esta investigaci¨®n interna del Tribunal de Cuentas, se pondr¨ªa en manos de la justicia ordinaria. Pero la naturaleza de la documentaci¨®n que maneja suele generar que este escenario no se produzca. Los datos que obran en poder del Tribunal de Cuentas solo permiten detectar que la Administraci¨®n no ejerce los controles exigibles, que no justifica los contratos o alzas que abona, pero no puede adentrarse en las mara?as que frecuentemente esconden tales mecanismos: el supuesto regalo de dinero p¨²blico, una parte del cual luego presuntamente devuelven las constructoras con cohechos. Y este campo es el que investiga la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.