El Gobierno pide a la fiscal¨ªa que act¨²e contra el odio en Twitter
La fiscal de delitos inform¨¢ticos comunic¨® que s¨®lo es posible perseguirlos caso a caso
El Gobierno impulsa una ofensiva legal contra los mensajes de Twitter que incitan al odio y la violencia, intensificada a ra¨ªz sobre todo de los insultos y amenazas que algunos escribieron en la red social contra dirigentes del PP tras el asesinato de la presidenta de la Diputaci¨®n de Le¨®n, Isabel Carrasco. El Ministerio del Interior orden¨® hace un mes una operaci¨®n para "limpiar la red" de mensajes insultantes que ha derivado en la detenci¨®n de 23 personas.
Los ministerios de Justicia e Interior han solicitado apoyo y asesor¨ªa a la fiscal¨ªa para poder actuar contra los autores de mensajes de Twitter en los que el Gobierno considera que se incita a la violencia y al odio. En concreto, los secretarios de Estado de Interior y de Justicia, Francisco Mart¨ªnez y Fernando Rom¨¢n, respectivamente, se reunieron el pasado lunes por la ma?ana con la fiscal de sala coordinadora en materia de Criminalidad Inform¨¢tica: Elvira Tejada de la Fuente. Seg¨²n fuentes oficiales de Justicia y de Interior, la reuni¨®n sirvi¨® "para ver el alcance y desarrollo de los casos, con el fin de estudiar si la legislaci¨®n actual es o no suficiente". A?aden que evaluaron los casos conocidos y las actuaciones de la justicia.
Los responsables de Justicia e Interior plantearon a la fiscal la b¨²squeda de f¨®rmulas jur¨ªdicas con las que actuar contra esos mensajes en la red. La fiscal les expuso la dificultad de actuar de forma generalizada y les pidi¨® prudencia para que las Fuerzas de Seguridad del Estado intervengan analizando cada uno de los casos de manera aislada, sin mezclar los diferentes contenidos.
En teor¨ªa, el cat¨¢logo de delitos aplicable es extenso y similar al que se utilizar¨ªa para otro tipo de actuaciones fuera de Internet. Incluye las amenazas, las injurias, las vejaciones y, en casos extremos, la apolog¨ªa, que ya son aplicables al margen de las redes sociales.
La representante del ministerio p¨²blico rechaz¨® ante los secretarios de Estado la posibilidad de que se aplique de forma generalizada el delito de incitaci¨®n al odio, que en alg¨²n momento el Gobierno ha considerado posible utilizar para estos supuestos.
Este delito prev¨¦ penas de prisi¨®n de uno a cuatro a?os y multa de seis a doce meses para "quienes fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminaci¨®n o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por raz¨®n de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideolog¨ªa, religi¨®n o creencias, situaci¨®n familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o naci¨®n, su origen nacional, su sexo, orientaci¨®n o identidad sexual, enfermedad o discapacidad". Alguno de los tuiteros detenidos en los ¨²ltimos d¨ªas ha sido imputado por un juez por este delito de incitaci¨®n al odio.
La reforma del C¨®digo Penal que se tramita en este momento en el Congreso mantiene esa redacci¨®n y s¨®lo introduce como agravante el uso de Internet para difundir estos mensajes, especialmente los que suponen negaci¨®n del Holocausto.
La tesis de la fiscal fue tambi¨¦n que no se puede actuar desde el ministerio p¨²blico por injurias, porque en esos casos ser¨ªa necesaria una denuncia de parte, al no ser un delito perseguible de oficio. La otra posibilidad es utilizar el delito de amenazas. En este caso, deber¨ªa entenderse como amenazas graves, porque si no ser¨ªa una falta y, como tal, no ser¨ªa posible practicar detenciones. En todo caso, es precisa tambi¨¦n la denuncia de parte. La reforma del C¨®digo Penal despenaliza las injurias leves y las amenazas no graves, que ahora son faltas, por lo que las remite a la v¨ªa civil o a juicios de conciliaci¨®n. Varios de los detenidos en los ¨²ltimos d¨ªas han sido acusados en algunos casos de apolog¨ªa de asesinato y en otros de delitos contra la integridad moral (vejaciones graves) y de incitaci¨®n al odio.
El delito de apolog¨ªa del asesinato requiere que haya una relaci¨®n casi de causa efecto entre el mensaje y el hecho delictivo que se supone que ensalza. En concreto, al art¨ªculo 18 del C¨®digo Penal lo define como "la exposici¨®n, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusi¨®n, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apolog¨ªa s¨®lo ser¨¢ delictiva como forma de provocaci¨®n y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitaci¨®n directa a cometer un delito".
A ra¨ªz de los comentarios tras el asesinato de Isabel Carrasco, el Gobierno asegur¨® que estudiar¨ªa la forma de perseguir esos hechos como delitos de odio y apolog¨ªa. "Entendemos que esas conductas, en la medida que incitan al odio, deben ser perseguidas. Por eso vamos a estudiar la manera de abordar instrumentos legales adicionales que permitan hacer compatible la libertad de expresi¨®n, el derecho de informaci¨®n, pero tambi¨¦n el derecho de los ciudadanos a su honor, intimidad y su seguridad", asegur¨® el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez.
En la reforma del C¨®digo Penal que se tramita, el Gobierno no ha incluido ninguna reforma de este tipo de delitos realizados desde las redes sociales. Y ninguno de los m¨¢s de 20 juristas que han comparecido en el Congreso para hablar de ese proyecto han pedido cambios en esta regulaci¨®n.
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