El juez Pedraz razona que la nueva justicia universal es inconstitucional

La puesta en libertad de 43 supuestos narcotraficantes, apresados junto a decenas de kilos de droga, est¨¢ endureciendo la guerra entre los jueces y el Gobierno a prop¨®sito de la reforma urgente de la justicia universal, aprobada con los ¨²nicos votos del PP.

El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en un auto en el que reivindica la investigaci¨®n del genocidio de 200.000 personas en Guatemala, desliza los motivos por los que cree que la norma est¨¢ ¡°viciada de inconstitucionalidad¡±. Hasta ayer, ning¨²n magistrado se hab¨ªa expresado en un auto tan claramente contra una norma que dinamita la capacidad de los tribunales espa?oles para ejercer la jurisdicci¨®n universal.

Pedraz sostiene que con su aplicaci¨®n, Espa?a est¨¢ abocada a incumplir sus compromisos asumidos en tratados internacionales, lo que vulnerar¨ªa el art¨ªculo 10.2 de la Constituci¨®n, que dice que ¡°las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades¡± se interpretar¨¢n conforme a la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos y los acuerdos internacionales. Esa colisi¨®n fue la que invoc¨® el pasado 15 de abril otro juez de la Audiencia, Pablo Ruz, para proseguir con la investigaci¨®n por delitos de torturas y cr¨ªmenes de guerra supuestamente cometidos contra presos de la base militar estadounidense en Guant¨¢namo (Cuba). Ruz record¨® entonces que los convenios de Ginebra y la Convenci¨®n Contra la Tortura imponen a los Estados firmantes, como Espa?a, la obligaci¨®n ineludible de perseguir delitos.

Pedraz apela adem¨¢s al art¨ªculo 24 de la Carta Magna sobre el derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales y alerta de que, con los cambios aprobados, ese principio se quiebra porque obliga a un ¡°trato desigual a las v¨ªctimas¡±, dependiendo del delito que se trate. ¡°Produce una discriminaci¨®n [...] de v¨ªctimas espa?olas de genocidio, lesa humanidad, tortura o cr¨ªmenes de guerra, en la que no basta ser nacional espa?ol [para que los tribunales act¨²en] sino que se requieren otras exigencias adicionales¡±. El juez lo ilustra gr¨¢ficamente: una v¨ªctima espa?ola de un delito de terrorismo cometido en cualquier pa¨ªs del mundo encontrar¨¢ amparo en Espa?a, pero no una v¨ªctima de genocidio, salvo que se den ¡°otros nexos de conexi¨®n de muy dif¨ªcil aparici¨®n¡±.

Por ¨²ltimo, Pedraz cree la ley que fuerza a sobreseer ¡°al menos temporalmente¡±, los casos dudosos hasta que no se acrediten los requisitos de los afectados, viola otro apartado del art¨ªculo 24 de la Constituci¨®n: el que otorga a los ciudadanos la posibilidad de un proceso judicial ¡°con todas las garant¨ªas¡±, como la utilizaci¨®n de los medios de prueba para su defensa, o la presunci¨®n de inocencia.

La irritaci¨®n de los juristas espa?oles por el desaguisado que ha provocado el Gobierno es cada vez m¨¢s evidente. Ayer, el exjuez Baltasar Garz¨®n destacaba que el esp¨ªritu de la norma es ¡°cerrar los casos y no investigar¡±, lo que ha provocado, seg¨²n ¨¦l, una aut¨¦ntica ¡°rebeli¨®n¡±, de los magistrados, que est¨¢n buscando cualquier resquicio para continuar con las causas. Lo hizo el propio Santiago Pedraz, que seguir¨¢ con el caso Couso, del mismo modo que Eloy Velasco, que sigue la pista a los asesinos de Ignacio Ellacur¨ªa en El Salvador. Otro juez, Ismael Moreno, ya ha concluido sus pesquisas a las autoridades chinas por el genocidio tibetano en los a?os 80 y 90 y lo ha elevado a la Sala de lo Penal para que decida si archiva o no la causa.

Estas actuaciones est¨¢n provocando que el PP cierre filas para defender los cambios legislativos encaminados a evitar conflictos diplom¨¢ticos con otros Estados: ayer mismo el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, valor¨® que poner en la calle a supuestos narcotraficantes no significa ¡°dejar en la impunidad a nadie¡± y rechaz¨® que las fuerzas de seguridad tengan que actuar ¡°como los gendarmes internacionales. Para eso ya est¨¢ el Tribunal Penal Internacional¡±. PSOE, IU y UPyD han mostrado su voluntad de recurrir la norma al Constitucional.

El juez explica en su auto que si no plantea una cuesti¨®n de inconstitucionalidad es porque la Ley que regula este procedimiento se lo impide. El art¨ªculo 35 de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional advierte que para recurrir una norma es necesario que la aplicaci¨®n de la misma suponga el archivo de la causa. En el caso del genocidio en Guatemala que instruye Pedraz, el juez se ha negado al archivo y ha decidido continuar con su investigaci¨®n. El magistrado se?ala el camino a otros jueces de la Audiencia que instruyen causas de Justicia Universal y que podr¨ªan decretar el archivo en aplicaci¨®n de la reforma legal aprobada por el PP.