Los magistrados de la Audiencia, contra la nueva justicia universal

Cinco de los seis jueces de instrucci¨®n de la Audiencia Nacional, que tramitan las principales causas sobre corrupci¨®n, delitos econ¨®micos y terrorismo en Espa?a, se han plantado contra la ley que aprob¨® el PP de urgencia y sin apenas debate en el Congreso de los Diputados para limitar al m¨¢ximo las competencias en materia de justicia universal e imponer el archivo de los casos abiertos.

Los jueces han decidido resistir y se han negado, de momento, a archivar las causas que llevan instruyendo a?os. Adem¨¢s, han ordenado en distintos pronunciamientos judiciales la excarcelaci¨®n de 43 narcotraficantes por el vac¨ªo legal que ha provocado la reforma de la ley de justicia universal, seg¨²n argumentan en sus autos.

Es la primera vez en la historia de la democracia que los jueces instructores de la Audiencia Nacional se unen de esta manera contra una ley, aprobada en solitario por el partido del Gobierno, que limita sus competencias para investigar genocidios o cr¨ªmenes de lesa humanidad cometidos en otros pa¨ªses donde no se han juzgado esos delitos.

Los partidos de la oposici¨®n y algunos jueces han acusado al Ejecutivo de limitar al m¨¢ximo la capacidad de instruir causas de justicia universal en Espa?a por las presiones del Gobierno chino ante el caso abierto en la Audiencia Nacional a las autoridades chinas por el genocidio tibetano entre 1980 y 1990, donde est¨¢ imputado un expresidente y un ex primer ministro de ese pa¨ªs. El PP defiende que el ¨²nico objetivo de su reforma legal es que ¡°a partir de ahora s¨®lo se instruya aquello que se pueda juzgar¡±, a diferencia de lo que ocurr¨ªa hasta ahora ¡°que se instru¨ªa lo que no se pod¨ªa juzgar¡±. El PP recuerda que 18 a?os despu¨¦s de que la Audiencia Nacional comenzara a instruir causas de justicia universal ¡ªla primera tuvo que ver con la denuncia presentada el 28 de marzo de 1996 por cr¨ªmenes cometidos por la dictadura militar argentina¡ª ¡°tan s¨®lo se ha podido condenar a un criminal que se present¨® voluntariamente para ser procesado¡±. El PP se refiere a la condena a 640 a?os de c¨¢rcel por genocidio y torturas al exmilitar argentino Francisco Scilingo, acusado de la muerte de 30 personas.

Ni el Gobierno ni el PP quieren replicar p¨²blicamente a las denuncias p¨²blicas de los jueces instructores y consideran que la pol¨¦mica terminar¨¢ cuando el Tribunal Supremo, ante el recurso de la fiscal¨ªa, devuelva la efectividad a la nueva ley que los magistrados de la Audiencia no est¨¢n aplicando.

Fuentes del partido conservador sugieren que la ¡°rebeli¨®n¡± de los jueces s¨®lo obedece a su malestar ante la reforma legal del Ejecutivo que eliminar¨¢ los jueces estrella al imponer ¨®rganos colegiados de tres jueces para instruir las grandes causas.

Los magistrados, que han apuntado en alguno de sus autos a la posible inconstitucionalidad de la ley, niegan que haya una rebeli¨®n sino una simple interpretaci¨®n de la norma.

Eloy Velasco: ¡°Consultar¨ªa a expertos y la rectificar¨ªa¡±

Uno de los jueces instructores m¨¢s conservadores, Eloy Velasco, que fue director general de Justicia en la Comunidad Valenciana con el Gobierno de Francisco Camps, fue uno de los ¨²ltimos en sumarse a las cr¨ªticas p¨²blicas (no en auto) de otros magistrados: ¡°Yo la rectificar¨ªa, consultar¨ªa a la gente que tiene experiencia porque con independencia de que la reforma ten¨ªa sus fines loables hemos visto los da?os colaterales con la suelta de narcobarcos y otros que van a aparecer¡±.

F. Andreu: ¡°Usan la justicia como moneda de cambio¡±

Fernando Andreu fue el primero en decidir la liberaci¨®n de narcotraficantes por la nueva Ley de Justicia Universal, pero han sido sus declaraciones p¨²blicas las m¨¢s rotundas contra la reforma: ¡°Es desmoralizador que se trate a la justicia como un producto comercial. Que se pueda decir: ¡®Te quito esta querella si me tratas bien la deuda¡¯. Usan la justicia como moneda de cambio de intereses econ¨®micos¡±. ¡°El Constitucional deber¨¢ decidir si vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva¡±, adelant¨®.

Santiago Pedraz: ¡°Obliga a un trato desigual a las v¨ªctimas¡±

El juez Santiago Pedraz rechaz¨® archivar la causa abierta por el genocidio de m¨¢s de 200.000 personas en Guatemala y argument¨® que la reforma de la justicia universal podr¨ªa estar viciada de inconstitucionalidad. Pedraz cita tres art¨ªculos de la Constituci¨®n que vulnerar¨ªa la norma, entre ellos el que se refiere al derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales. ¡°Con los cambios legales, ese principio se quiebra porque obliga a dar un trato desigual a las v¨ªctimas¡±.

Pablo Ruz: ¡°La reforma colisiona con los tratados¡±

El juez Pablo Ruz decidi¨® mantener abierta la causa por torturas en Guant¨¢namo en un auto judicial del pasado 15 de abril en el que se?alaba que existe ¡°colisi¨®n¡± entre la reforma legal de la justicia universal ¡°y las obligaciones contra¨ªdas por Espa?a en virtud de tratados internacionales y que integran nuestro ordenamiento jur¨ªdico¡±. El magistrado censuraba que la reforma legal del PP va incluso en contra del esp¨ªritu que recoge su exposici¨®n de motivos.

J. G. Berm¨²dez: ¡°El resultado de aplicar la ley es frustrante¡±

Javier G¨®mez Berm¨²dez excarcel¨® a ocho narcotraficantes en aplicaci¨®n de la nueva Ley de Justicia Universal que impide a los tribunales espa?oles actuar contra barcos interceptados en aguas internacionales cuando no hay espa?oles entre la tripulaci¨®n, ni el alijo se dirige a territorio nacional. En el auto de excarcelaci¨®n, el magistrado se?al¨®: ¡°El juez debe aplicar la ley, le guste o no, aun cuando el resultado sea, desde su punto de vista, frustrante¡±.