Justicia aplaza la ley del Registro Civil al no encontrar quien asuma la gesti¨®n

La incapacidad del Ministerio de Justicia de sacar adelante su Ley de Registros ¡ªque anunci¨® hace a?o y medio y sigue parada¡ª est¨¢ a punto de dar lugar a un embrollo legislativo. Esa ley deb¨ªa entrar en vigor antes del 22 de julio de este a?o, para dar cumplimiento a un mandato del Congreso de 2011. Pero ni est¨¢ lista ni se la espera: el ministerio no logra ponerse de acuerdo con ning¨²n cuerpo de funcionarios para que asuma ¡ªgratis¡ª el trabajo de gesti¨®n de los registros civiles que ahora realizan jueces y funcionarios judiciales. A dos meses de que venza el plazo, Justicia estudia la posibilidad de cubrir el vac¨ªo legal declarando una pr¨®rroga in extremis, a trav¨¦s de una enmienda en el Senado a alguna otra norma que no tendr¨¢ nada que ver con la materia. Y seguir negociando para encontrar una salida al bloqueo.

El Registro Civil ¡ªdonde los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, nacionalidad, cambios de apellidos y otros asuntos, hasta un total de 1,4 millones de tr¨¢mites al a?o¡ª est¨¢ adscrito desde el siglo XIX a la administraci¨®n de justicia. Al frente de cada oficina del registro hay un juez (o un juez de paz, estos no profesionales), y unos 4.800 funcionarios judiciales se ocupan de esas labores en toda Espa?a, compatibiliz¨¢ndolas con la judicial.

En julio de 2011, todos los grupos pol¨ªticos, a propuesta del PSOE, se pusieron de acuerdo para aprobar una ley que ordenaba delegar ese trabajo puramente administrativo en ¡°funcionarios p¨²blicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado¡±, para que los jueces pudieran concentrarse en lo esencial: juzgar. La ley no especificaba en qu¨¦ cuerpo de ¡°funcionarios p¨²blicos¡± se delegar¨ªa; previendo que la transici¨®n ser¨ªa compleja, el Congreso estableci¨® una vacatio legis: un plazo de entrada en vigor, de tres a?os. El traspaso de los registros deb¨ªa estar en funcionamiento, por tanto, el 22 de julio de 2014. Dentro de dos meses.

Pero el Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallard¨®n, no ha logrado llegar a un acuerdo con ning¨²n cuerpo de funcionarios para ejecutar el traspaso. Lo intent¨® con los registradores de la propiedad ¡ªlo que provoc¨® una intensa pol¨¦mica porque algunos sindicatos y asociaciones judiciales vieron ah¨ª un paso hacia la privatizaci¨®n¡ª, pero finalmente ha desistido. Por eso en este momento es imposible que la ley de 2011 entre en vigor pero, a la vez, se cumple el plazo establecido en la norma. Se producir¨ªa as¨ª a partir del 22 de julio una extra?a situaci¨®n, con una ley inaplicable aunque formalmente en funcionamiento. Los jueces seguir¨ªan al frente de las oficinas del Registro sin tener jur¨ªdicamente competencia para ello.

Uno o dos a?os de pr¨®rroga

Fuentes del ministerio garantizan que, aunque eso ocurra, los tr¨¢mites que los ciudadanos realizan en el registro a diario ¡ªalgunos obligatorios, como la inscripci¨®n de nacimientos y defunciones¡ª seguir¨¢n realiz¨¢ndose. Pero admiten que hay que evitar llegar a esa situaci¨®n de limbo jur¨ªdico. Para lograrlo, Justicia baraj¨® varias posibilidades, incluida la de prorrogar por decreto ley la entrada en vigor de la ley de 2011. Finalmente la soluci¨®n encontrada, seg¨²n fuentes del Gobierno, es incluir una enmienda en alguna ley que se encuentre ahora en tramitaci¨®n en el Senado, para aplazar la entrada en vigor el tiempo preciso de aprobar otra y poner en marcha el traspaso; es decir, probablemente uno o dos a?os m¨¢s.

Una opci¨®n que el PSOE considera p¨¦sima desde el punto de vista de la t¨¦cnica legislativa, porque supone congelar una ley que tuvo un tr¨¢mite largo, con informes, debates y acuerdo un¨¢nime, a trav¨¦s de una enmienda de tr¨¢mite veloz que previsiblemente apoyar¨¢ el PP en solitario. A eso replican as¨ª fuentes de Justicia: ¡°Es cierto que la ley tuvo apoyo un¨¢nime pero tambi¨¦n lo es que dejaba sin cerrar el aspecto m¨¢s espinoso del asunto: qu¨¦ cuerpo de funcionarios se har¨ªa cargo de Registro. Por eso se fij¨® un plazo de tres a?os: porque no es nada f¨¢cil¡±.

Y en tres a?os no se ha conseguido. El ministerio anunci¨® primero que delegar¨ªa el Registro Civil en los registradores de la propiedad, a pesar de que su funci¨®n a priori no tiene nada que ver. Aleg¨® que los registradores son un tipo especial de ¡°funcionario p¨²blico¡± (dependen del Gobierno y acceden por oposici¨®n, aunque no cobran una n¨®mina sino aranceles a sus clientes), y rechaz¨® las acusaciones de privatizaci¨®n asegurando que todos los tr¨¢mites seguir¨ªan siendo gratuitos. Eso bloque¨® la negociaci¨®n con el Colegio de Registradores, negociaci¨®n que finalmente se rompi¨® hace dos meses. Gallard¨®n anunci¨® entonces que no renunciaba a desjudicializar el Registro Civil (entre otras cosas, porque la ley de 2011 le obliga), y que la soluci¨®n pasar¨ªa por delegarlo en "funcionarios de distintos cuerpos". A¨²n no se sabe cu¨¢les ser¨¢n, ni cu¨¢ndo.