El ¡®caso L¨®pez¡¯ se vuelve contra el Gobierno

El magistrado Enrique L¨®pez lleg¨® al Tribunal Constitucional sin prestigio ni experiencia suficiente y con un rechazo casi un¨¢nime de toda la oposici¨®n pol¨ªtica por su descarado alineamiento con el PP. Se hizo con la plaza que desean todos los jueces gracias al dedo del Gobierno, que lo eligi¨® como parte de la cuota que le pertenece en ese ¨®rgano: dos de los 12 magistrados son a propuesta del Ejecutivo. Ni en el Congreso de los Diputados (que elige cuatro) ni en el Senado (que nombra a otros cuatro) Enrique L¨®pez habr¨ªa conseguido la mayor¨ªa cualificada necesaria. De hecho, el PP lo intent¨® en 2010 por la v¨ªa del Senado pero no lo consigui¨®. La excusa que utilizaron entonces los partidos que se opusieron al nombramiento fue que carec¨ªa de los a?os suficientes de carrera judicial que le permit¨ªan acceder al puesto.

Durante su trayectoria como vocal del Poder Judicial, ¨®rgano del que fue portavoz, se caracteriz¨® por ser un ariete contra el Gobierno socialista. Entr¨® en el Tribunal Constitucional de la peor manera posible ¡ªel presidente de ese ¨®rgano tuvo que imponer su voto de calidad porque hab¨ªa un empate entre los magistrados que le consideraban id¨®neo y los que no¡ª y saldr¨¢, por primera vez en la historia de ese ¨®rgano clave, por una dimisi¨®n forzada tras una infracci¨®n de tr¨¢fico especialmente grave: conduc¨ªa una moto sin casco a las siete de la ma?ana por el centro de Madrid y con una tasa de alcohol en sangre cuatro veces superior a la permitida.

El proceso judicial que se abrir¨¢ tras la imprudencia de Enrique L¨®pez, reconocida por ¨¦l mismo, abocaba al magistrado al cese. Su dimisi¨®n, que le aconsejaron ayer desde el propio Gobierno que le nombr¨®, era el peor remedio para la imagen del Ejecutivo, pero el ¨²nico posible.

El Tribunal Constitucional intent¨® evitar ayer el conflicto al se?alar, cuando ya se conoc¨ªa la grave infracci¨®n de tr¨¢fico de uno de sus magistrados, que se trataba de un ¡°asunto privado¡±. Pero la ley que regula este ¨®rgano deja claro que esos asuntos privados de trascendencia penal los tiene que resolver el propio tribunal ante la eventualidad de una suspensi¨®n del magistrado implicado hasta que salga la sentencia. En este caso no ha hecho falta la intervenci¨®n del tribunal porque Enrique L¨®pez, habitual en las conferencias de FAES, la f¨¢brica de ideas que alimenta al PP, opt¨® por la ¨²nica salida posible: la dimisi¨®n.

Su cese no provocar¨¢ ning¨²n terremoto en el Tribunal Constitucional: al tratarse de un magistrado nombrado por el Gobierno, su sustituci¨®n es sencilla; no requiere el consenso de la oposici¨®n. Adem¨¢s, la vacante tampoco provoca ning¨²n cambio de fuerzas en el Constitucional hasta que sea sustituido. En el peor de los casos, hasta que el Gobierno nombre al sucesor de L¨®pez seguir¨¢ habiendo una mayor¨ªa clara a favor del bloque de magistrados nombrados a propuesta del PP: seis frente a cinco.

Pero el caso L¨®pez se ha vuelto contra el Gobierno, que sab¨ªa que su decisi¨®n de nombrarle iba a desencadenar numerosas incomprensiones. Fue un pago a los servicios prestados durante muchos a?os por Enrique L¨®pez que le ha salido muy caro al Ejecutivo.