Gallard¨®n y el 'blindaje de los corruptos'

El ministro Ruiz Gallard¨®n y el secretario de Justicia, Fernando Rom¨¢n.

En EE.UU una estafa piramidal como el caso Madoff ha exigido siete meses de investigaci¨®n y juicio. Bernie Madoff fue condenado a cumplir una pena m¨¢xima de 150 a?os de c¨¢rcel en una prisi¨®n federal el 29 de junio de 2009. En Espa?a un caso de estafa piramidal como es el de F¨®rum Filat¨¦lico/Afinsa lleva investig¨¢ndose ocho a?os, desde 2006, pendiente ahora de se?alamiento de juicio oral. 

Si se aprobase la nueva Ley Org¨¢nica del Poder Judicial que propone Ruiz Gallard¨®n las cosas se pondr¨ªan mucho peor.

 Veamos....

 La Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Junta de Fiscales de Sala y ahora la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, ?qu¨¦ m¨¢s se puede pedir?, est¨¢n en contra de lo que no pocos juristas vienen definiendo como la c¨¢usula de blindaje de la corrupci¨®n incluida en el anteproyecto de Ley Org¨¢nica del Poder Judicial del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard¨®n.

?Qu¨¦ cl¨¢usula?

El punto 3 del art¨ªculo 78.

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, escribi¨® una nota que reflejaba el sentir de sus colegas. Ahora la Sala de Gobierno, al abordar en un informe el conjunto del art¨ªculado del anteproyecto de LOPJ, lo rechaza. En la sala, la mayor¨ªa, incluyendo a Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, y ?ngel Juanes, vicepresidente del Supremo, votaron a favor de que este punto sea eliminado.

?Pero qu¨¦ dice esta cl¨¢usula de blindaje de los corruptos?

Bien.

?Qu¨¦ se desprende del punto 3?

La nota de Saavedra lo expresa todav¨ªa mejor que el informe finalmente adoptado por la Sala de Gobierno.

Escrib¨ªa el presidente de la Sala Segunda:

"La introducci¨®n en el art¨ªculo 78 del anteproyecto de la regla antigua contenida en el art¨ªculo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no es procedente. Sobre todo si se tiene en cuenta que existe gran n¨²mero de delitos (ambientales, urban¨ªsticos, societarios, fiscales, prevaricaci¨®n y otros delitos contra la Administraci¨®n P¨²blica) que incluyen elementos normativos extrepenales".

El presidente enfatiza que es el procedimiento penal el ¨¢mbito para resolver esas cuestiones "extrapenales" y no procede su desv¨ªo hacia otras jurisdicciones por las consecuencias que ello supondr¨ªa. Esa cl¨¢usula se convertir¨ªa en una barrera.

"Por ello es necesario que en el propio proceso penal se puedan resolver las cuestiones jur¨ªdicas necesarias para la constataci¨®n del delito. Si no fuese as¨ª se obstaculizar¨ªa el enjuiciamiento aut¨®nomo de todos los tipos delictivos porque en ellos la concurrencia de los elementos del tipo y en definitiva la culpabilidad o inocencia del acusado dependen de una cuesti¨®n jur¨ªdica extrapenal", se?ala.

Saavedra usa el verbo obstaculizar.

?Qu¨¦ quiere decir?

Que los procedimientos penales se paralizar¨ªan para que una jurisdicci¨®n diferente a la de lo penal se pronuncie primero.

Lo dice el art¨ªculo 78.3

Los imputados o acusados tendr¨ªan dos meses para plantear la cuesti¨®n prejudicial. El procedimiento se paraliza hasta que la nueva jurisdicci¨®n se defina sobre el fondo.

Aunque hasta ahora este art¨ªculo 78.3 parec¨ªa una technicality, un tema aparentemente t¨¦cnico, redactado de forma inofensiva, casi como quien no quiere la cosa, la realidad es que es un arma potencial de destrucci¨®n masiva de los procedimientos penales de corrupci¨®n.

Como dice Saavedra, un "gran n¨²mero de delitos incluyen elementos normativos extrapenales".

Se puede ver sencillamente en nuestros dos casos de cabecera: Urdangar¨ªn y B¨¢rcenas.

La defensa de Urdangar¨ªn puede plantear cuesti¨®n prejudicial en torno al delito fiscal que le imputa la Agencia Tributaria en sus informes al juez Jos¨¦ Castro. La defensa puede cuestionar la cuota defraudada que toma como referencia Hacienda. Y plantear que esta cuesti¨®n se zanje antes del procedimiento penal. Algo parecido ocurre con Luis B¨¢rcenas, el ex tesorero del Partido Popular, que ha regularizado sus fondos en Suiza en la amnist¨ªa fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy. O, para citar otro caso en el calendero, el del Bar?a y Sandro Rosell a prop¨®sito de los 9,2 millones de euros defraudados en la contrataci¨®n de Neymar.

La existencia de elementos normativos mercantiles, por ejemplo, est¨¢n presentes en casos como Caja Madrid/Bankia o el reciente de Caixa Pened¨¦s. Hay cerca de 200 imputados en esc¨¢ndalos financieros.

Lo que prev¨¦ el punto del 3 del art¨ªculo 78 es la reintroducci¨®n de una regla que seg¨²n Saavedra ya est¨¢ derogada y que la jurisprudencia del Tribunal Supremo da por liquidada.

Se convertir¨ªa, de facto, en una regla de oro de los abogados que defienden a personajes imputados en casos de corrupci¨®n.

Pero, ?podr¨ªa aplicarse al ser una norma retroactiva?

Los casos de Urdangar¨ªn y B¨¢rcenas, por ejemplo, todav¨ªa no han sido sometidos a juicio. Por tanto, si se aprueba la nueva LOPJ, sus defensas podr¨ªan apoyarse en el 78.3 y conseguir la "obstaculizaci¨®n", para usar el t¨¦rmino del presidente de la Sala Segunda, de los procedimientos. Lo mismo vale para los imputados en procesos como Caja Madrid/Bankia y otras cajas, donde el elemento extrapenal mercantil es importante. Se podr¨ªan aplicar retoractivamente porque la norma ser¨ªa favorable a reo.

Los casos podr¨ªan paralizarse primero. Y eternizarse hasta que decida la nueva jurisdicci¨®n. Y en el caso de que los tribunales fallaran contra los imputados/acusados, las causas volver¨ªan a la jurisdicci¨®n penal y deber¨ªan volver a instruirse. Hablamos de a?os.

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, por mayor¨ªa, propone al CGPJ rechazar la cl¨¢usula de blindaje de los corruptos.

En la p¨¢gina 8 del informe se puede leer: "La mayor¨ªa de la sala estima que el apartado transcrito puede generar problemas en la pr¨¢ctica por lo que sugieren su supresi¨®n y el mantenimiento de la regulaci¨®n actual (contenida en el vigente art¨ªculo 10 de la LOPJ)".

Elegante, ?no?

La pregunta del mill¨®n: ?qui¨¦n resucit¨® el art¨ªculo 4 derogado y suplantado por el art¨ªculo 10 de la LOPJ vigente?

Porque Carlos Lesmes ha votado con la mayor¨ªa de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo contra este punto. En la minor¨ªa hay, c¨®mo no, magistrados de la sala tercera, de lo Contencioso ?dministrativo.

?Pero c¨®mo ha conseguido el lobby contencioso colar tama?o arma de destrucci¨®n masiva de los procedimientos penales de corrupci¨®n?