IU pide un refer¨¦ndum en tres meses sobre la monarqu¨ªa

Izquierda Unida pedir¨¢ en el Congreso que en tres meses se convoque un refer¨¦ndum sobre el modelo de Estado, seg¨²n consta en su enmienda a la totalidad a la ley de abdicaci¨®n que se discutir¨¢ el pr¨®ximo mi¨¦rcoles en el Congreso.

El texto propuesto a?ade dos apartados m¨¢s a esta ley:

¡°Las Cortes Generales autorizan para que, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, se convoque la celebraci¨®n de un refer¨¦ndum consultivo sobre la forma pol¨ªtica del Estado con la disyuntiva monarqu¨ªa o rep¨²blica, conforme a lo dispuesto en el art¨ªculo 92 de la Constituci¨®n¡±.

El segundo apartado se?ala que ¡°en el supuesto de que el resultado del refer¨¦ndum previsto en los art¨ªculos anteriores fuera favorable al cambio en la forma pol¨ªtica del Estado, se proceder¨¢, en el plazo de tres meses, al inicio de una reforma constitucional conforme a lo dispuesto en el art. 168 de la Constituci¨®n y, en su caso, la apertura de un proceso constituyente¡±.

La enmienda la presenta el grupo de izquierda Plural en el que se integra IU junto a ICV y la CHA. Solo tendr¨¢ apoyo de menos del 10% de los diputados, puesto que el 90% apoyar¨¢ la breve ley de abdicaci¨®n. CiU y PNV se abstendr¨¢n y Amaiur se ausentar¨¢.

El texto de Iey incluye un pre¨¢mbulo en que se asegura que ¡°El anuncio del Rey de Espa?a, Juan Carlos I, de su voluntad de abdicar en favor el Pr¨ªncipe Felipe, brinda a la sociedad espa?ola la oportunidad de realizar un debate democr¨¢tico que hasta ahora ha sido hurtado a la ciudadan¨ªa.

La proclamaci¨®n del Rey Juan Carlos en 1975 por las Cortes franquistas, designado por el propio dictador conforme establec¨ªa la Ley de Sucesi¨®n en la Jefatura del Estado de 1947, otorgaba a la Monarqu¨ªa la legalidad franquista, pero no legitimidad democr¨¢tica.

La aprobaci¨®n de la Constituci¨®n espa?ola de 1978 le otorg¨® esa legitimidad democr¨¢tica a partir del voto de los ciudadanos en refer¨¦ndum. Pero es evidente que ello se produjo en condiciones de clara excepcionalidad.

Son muchos los ciudadanos que en aquel momento antepusieron la consolidaci¨®n de la democracia a sus profundas convicciones personales y pol¨ªticas en favor de una forma de Estado Republicana.

Tenemos la convicci¨®n de que aquella decisi¨®n fue ¨²til para la consolidaci¨®n del sistema democr¨¢tico y las posteriores transformaciones econ¨®micas, sociales y pol¨ªticas que ha vivido Espa?a. Pero ello no es ¨®bice para reconocer que esa decisi¨®n no puede ser considerada inamovible. Este argumento no puede usarse para hurtar, ni a los ciudadanos que pudieron votar entonces ni a los que por su edad no pudieron participar en el refer¨¦ndum constitucional, su derecho a debatir y decidir hoy sobre cu¨¢l debe ser la forma de Estado.

Adem¨¢s de las razones derivadas de las especiales circunstancias hist¨®ricas en que se adopt¨® aquella decisi¨®n, existen otras de gran trascendencia y actualidad hoy, que no deber¨ªan pasarse por alto. La deslegitimaci¨®n generalizada de las instituciones ha alcanzado tambi¨¦n a la Monarqu¨ªa, no solo al Rey, como forma de organizar la Jefatura del Estado. Una buena parte de la ciudadan¨ªa considera que el r¨¦gimen de ¡°no responsabilidad¡± del Rey previsto en la Constituci¨®n Espa?ola est¨¢ en el origen de la sensaci¨®n de impunidad con la que el Rey y su entorno se han comportado durante estos a?os.

Adem¨¢s, si algo da sentido a la insatisfacci¨®n profunda que los ciudadanos sienten hacia el sistema de democracia parlamentaria, es la percepci¨®n de que, tal como se ha desarrollado, excluye la participaci¨®n directa de la ciudadan¨ªa, en contra del mandato constitucional del art¨ªculo 23 de la CE.

Este sentimiento de ser tratados como clientes de la pol¨ªtica y no como ciudadanos activos y responsables tiene fundamentos muy s¨®lidos. A diferencia de otros pa¨ªses, en Espa?a durante 35 a?os solo se han convocado tres refer¨¦ndums, el de aprobaci¨®n de la Constituci¨®n de 1978, el de la OTAN y el refer¨¦ndum sobre la Constituci¨®n Europea.

Cercana en el tiempo queda la negativa del PSOE y PP a convocar un refer¨¦ndum para la reforma del art¨ªculo 135 de la CE. A pesar de la gran incidencia que esta decisi¨®n se sab¨ªa tendr¨ªa y ha tenido en las condiciones de vida de la ciudadan¨ªa.

Y cercana queda tambi¨¦n la votaci¨®n del 8 de abril de este a?o, por el que la mayor¨ªa del Congreso de los diputados voto en contra de la propuesta del Parlament de Catalunya para la convocatoria pactada de un refer¨¦ndum consultivo sobre la forma de Estado y la relaci¨®n de Catalunya con el Estado Espa?ol.

Lo que en el momento de la transici¨®n de la dictadura a la democracia se presentaron como regulaciones que pretend¨ªan garantizar la estabilidad social e institucional para facilitar la viabilidad de una fr¨¢gil democracia, con el tiempo se ha ido convirtiendo en un miedo patol¨®gico al debate y a la participaci¨®n de la ciudadan¨ªa. Es ese inmovilismo que se expresa tambi¨¦n en la figura del bipartidismo ¡°turnista¡±, uno de los factores que m¨¢s est¨¢ contribuyendo al deterioro de la propia democracia.

Ser¨ªa un grave error democr¨¢tico no aprovechar esta ocasi¨®n, que nos brinda el anuncio de su voluntad de abdicar por parte del Rey Juan Carlos, para proceder a un reforzamiento del sistema democr¨¢tico, d¨¢ndole la palabra a la ciudadan¨ªa para que en condiciones de normalidad pueda decidir cu¨¢l es la forma de Estado que considera m¨¢s id¨®nea¡±.