Un exconsejero andaluz se lucr¨® con cursos de formaci¨®n para parados

Un exconsejero de la Junta de Andaluc¨ªa est¨¢ bajo la lupa de los polic¨ªas que tienen en marcha desde hace un a?o la operaci¨®n Edu que investiga graves irregularidades y delitos en las empresas que obtuvieron subvenciones con cursos de formaci¨®n para desempleados en M¨¢laga desde diciembre de 2010. La Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) tiene indicios de falsedad documental, estafa, fraude, apropiaci¨®n indebida y delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda p¨²blica en 17 empresas malague?as. Los investigadores rastrean si hubo cohecho y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos por parte de funcionarios.

El pasado viernes, el fiscal jefe de M¨¢laga, Juan Carlos L¨®pez Caballero, difundi¨® una nota en la notificaba que hab¨ªa dado traslado de las diligencias 206/2013 al juzgado decano tras hallar indicios de responsabilidad penal tras las pesquisas que viene haciendo la Secci¨®n de Investigaci¨®n de la Seguridad Social de la polic¨ªa.

La operaci¨®n Edu se centra por ahora en 20 empresas de cursos de formaci¨®n que recibieron 1,7 millones de euros del Gobierno andaluz. Los agentes han encontrado irregularidades en 17 de esas empresas que supuestamente realizaron ¡°acciones de formaci¨®n profesional con compromiso de colocaci¨®n¡±. Las firmas beneficiadas, adem¨¢s de dedicarse a la ¡°caza de subvenciones¡±, eran insolventes, carec¨ªan de experiencia y, adem¨¢s, en la mayor¨ªa de las ocasiones, no daban la colocaci¨®n prometida a los parados.

Alguna de esas empresas de M¨¢laga, que hab¨ªa constituido un entramado familiar para captar dinero, lleg¨® a recibir m¨¢s de 500.000 euros, seg¨²n la UDEF. El dato m¨¢s sorprendente, revelado por el fiscal L¨®pez Caballero, es que entre las subvenciones otorgadas en 2011 hay una persona que recibi¨® 14.671.381 euros a trav¨¦s de varias sociedades y entidades vinculadas a ¨¦l.

Las academias subvencionadas promet¨ªan colocar a los desempleados

El fiscal jefe no dice qui¨¦n es esa persona, pero fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n apuntan a un antiguo consejero de la Junta, cuya identidad prefieren no revelar hasta que las sospechas no est¨¦n m¨¢s acreditadas. Seg¨²n esas fuentes, tras las actividades del empresario est¨¢ tambi¨¦n la juez Mercedes Alaya, que lleva el caso de los ERE.

Los 17 empresarios malague?os bajo sospecha incurrieron presuntamente en falsedad en la presentaci¨®n de documentos referidos a la asistencia a clase de alumnos, suplantaci¨®n de personalidad de tutores, falta de capacitaci¨®n del profesorado, incumplimiento generalizado del compromiso de contrataci¨®n de los estudiantes, gracias a la ¡°absoluta falta de control sobre los cursos por parte de la Administraci¨®n p¨²blica¡±, dice el fiscal jefe.

La polic¨ªa asegura que ¡°no ha podido encontrar ni una sola acta de inspecci¨®n, informes de seguimiento o evaluaci¨®n de los cursos¡±, salvo en un caso. El fiscal jefe va a solicitar que presten declaraci¨®n judicial los empresarios y los funcionarios de la Junta que concedieron tales ayudas

Uno de los informes policiales remarca, por activa y por pasiva, el descontrol sobre el uso de este dinero p¨²blico, como lo prueba que muchas de las empresas sospechosas no hab¨ªan presentado en 2013 los informes sobre la ejecuci¨®n de los cursos realizados en 2011. Como la legislaci¨®n concede para ese tr¨¢mite un plazo de tres meses, la polic¨ªa entiende que, si no es una conducta dolosa, por lo menos supone ¡°dilaciones indebidas en las responsabilidades que le competen al ¨®rgano supervisor¡± (la Junta de Andaluc¨ªa).

Una alumna cuenta que le ofrecieron trabajo a 200 kil¨®metros de su casa

Los agentes hacen hincapi¨¦ tambi¨¦n en ¡°el bajo porcentaje de cursos en M¨¢laga que fueron visitados¡± (controlados in situ por la inspecci¨®n del Servicio Andaluz de Empleo), apenas el 33%.

En los informes de la UDEF constan numerosos alumnos que declaran que jam¨¢s vieron a ning¨²n inspector en su centro y que no se les hizo ning¨²n caso si en alguna ocasi¨®n presentaron quejas ante los t¨¦cnicos de la Administraci¨®n. Los investigadores, no obstante, hacen notar en sus informes que la labor inspectora de los cursos de formaci¨®n se increment¨® de forma notable desde que la Consejer¨ªa de Educaci¨®n se hizo cargo de estas actividades en diciembre de 2013.

Hay un porcentaje elevado de empresas que aparentemente incurrieron en ¡°un incumplimiento sistem¨¢tico de los requisitos legalmente establecidos para acceder a la percepci¨®n de ayudas p¨²blicas¡±, seg¨²n la polic¨ªa. Varias de las firmas obtuvieron las subvenciones ¡°a dedo¡±, sin concurrir a concursos abiertos. Alguno de los due?os o tutores, incluso, se jactaba abiertamente ante los alumnos de conseguir esas ventajas gracias a su amistad con alg¨²n alto cargo de la Administraci¨®n auton¨®mica. Uno de ellos lleg¨® a recibir entre 2009 y 2012 unos 500.000 euros de dinero p¨²blico.

Al margen de los delitos y las irregularidades supuestamente cometidos por los empresarios, lo que resulta m¨¢s sangrante es el trato despectivo y a veces humillante que dispensaban en varias ocasiones a los alumnos, con los que se compromet¨ªan a facilitarles una contrataci¨®n. ¡°En casi la totalidad de los expedientes investigados se incumple sistem¨¢ticamente el compromiso de contrataci¨®n exigido en estos cursos¡±, denuncia un informe policial.

Una alumna de una academia de peluquer¨ªa de Ronda (M¨¢laga) relat¨® a los polic¨ªas c¨®mo sus tutores le ofrecieron un puesto de trabajo en Huelva, a m¨¢s de 200 kil¨®metros. Al rehusar este empleo, la jefa le exigi¨® un certificado m¨¦dico en el que figurase que no pod¨ªa conducir ni hacer esfuerzos. Un mes despu¨¦s, le ofertaron un empleo en Algodonales, a casi 40 kil¨®metros de Ronda, por 200 euros al mes, a lo que la desempleada replic¨® que ¡°con ese dinero no tendr¨ªa ni para la gasolina¡±.

Las investigaciones han detectado irregularidades no solo en M¨¢laga, sino en Almer¨ªa y especialmente en Granada. Cuando el caso trascendi¨®, a la opini¨®n p¨²blica, en abril, el consejero de Educaci¨®n de la Junta, Luciano Alonso, acus¨® al Ministerio del Interior de haber filtrado el asunto a la prensa para montar una campa?a contra el Gobierno de la socialista Susana D¨ªaz. Entonces, fuentes policiales informaron a EL PA?S que el dinero defraudado en toda Andaluc¨ªa pod¨ªa oscilar en 20 y 40 millones de euros, en un c¨¢lculo basado en las investigaciones realizadas solo en M¨¢laga.