El Gobierno planea dar fuero total al Rey para causas civiles y penales

El Gobierno planea dar al rey Juan Carlos una protecci¨®n jur¨ªdica m¨¢xima y ¨²nica en Espa?a ante cualquier denuncia, querella o demanda que se pueda tramitar contra ¨¦l cuando deje de ser jefe del Estado, y pierda por tanto su inviolabilidad. Este aforamiento extraordinario obligar¨¢ a que cualquier causa ¡ªtanto civil como penal¡ª contra ¨¦l se instruya, y en su caso se enjuicie, en el Tribunal Supremo, seg¨²n fuentes del Ejecutivo.

Hasta ahora, las m¨¢ximas autoridades del Estado (presidente del Gobierno, ministros, diputados, senadores...) disfrutan de una protecci¨®n jur¨ªdica especial por la que cualquier demanda de responsabilidad civil que se presente contra ellos ¡°en el ejercicio de su cargo¡± ser¨¢ instruida por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Asimismo, cualquier querella o denuncia por una infracci¨®n penal contra estos altos cargos ser¨¢ competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

En el caso del Rey, el Gobierno planea ampliar el aforamiento para demandas civiles por hechos cometidos fuera del ejercicio de su cargo. Por ejemplo, una demanda de paternidad contra el Monarca con el aforamiento del que gozan ahora ministros o diputados ser¨ªa atendida por un juzgado ordinario si no se le concediera la protecci¨®n especial que estudia el Ejecutivo.

Dos juezas de Madrid rechazaron admitir a tr¨¢mite hace a?o y medio sendas demandas de paternidad contra don Juan Carlos por hechos supuestamente ocurridos cuando todav¨ªa no reinaba, acogi¨¦ndose a que la figura del Rey, seg¨²n establece la Constituci¨®n, ¡°no est¨¢ sujeta a responsabilidad¡±.

Las juezas argumentaron en sus pronunciamientos que la inviolabilidad del Rey ¡°implica la imposibilidad no solo de exigir responsabilidad penal sino tambi¨¦n de dirigir contra el Monarca acciones ante la jurisdicci¨®n civil¡±.

Al perder la inviolabilidad como consecuencia de su abdicaci¨®n y la proclamaci¨®n de Felipe VI, esas demandas civiles podr¨ªan tramitarse en juzgados ordinarios. El aforamiento extraordinario que plantea otorgar el Ejecutivo al jefe del Estado cuando cese en su cargo obligar¨¢ a que todas las acciones judiciales de que pueda ser objeto se tramiten en el Tribunal Supremo, m¨¢ximo ¨®rgano judicial espa?ol.

Hay tres f¨®rmulas jur¨ªdicas para otorgar al Rey el aforamiento. La primera consiste en introducir la protecci¨®n especial al Monarca dentro del anteproyecto de Ley Org¨¢nica del Poder Judicial que el Gobierno est¨¢ tramitando actualmente. En este texto, pendiente de aprobaci¨®n en las Cortes, figura un art¨ªculo donde se contempla el aforamiento del pr¨ªncipe Felipe y la reina Sof¨ªa. La idea pasa por modificar este precepto para incorporar al Rey saliente.

Sin embargo, esta f¨®rmula implica esperar cerca de un a?o a que la iniciativa legislativa se apruebe y, por tanto, est¨¢ casi descartada por el Gobierno. La segunda alternativa es presenta una reforma parcial de la vigente Ley del Poder Judicial con un s¨®lo art¨ªculo, lo que implicar¨ªa una tramitaci¨®n mucho m¨¢s r¨¢pida.

La tercera, tambi¨¦n por la v¨ªa de urgencia, ser¨ªa la redacci¨®n de un proyecto de Ley Org¨¢nica de muy pocos art¨ªculos y s¨®lo para el aforamiento del Rey. Esta v¨ªa es la que anunci¨® la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢ez de Santamar¨ªa, en el ¨²ltimo Consejo de Ministros.

El Ejecutiv¨® confirm¨® que impulsar¨ªa esta iniciativa legislativa s¨®lo 24 horas despu¨¦s de que la Casa del Rey sugiriese la necesidad de otorgar aforamiento a don Juan Carlos tras su abdicaci¨®n.

El Gobierno todav¨ªa no ha comunicado sus planes al PSOE respecto a la iniciativa legislativa, que pretende aprobar con el m¨¢ximo consenso posible.

Durante toda la reciente etapa democr¨¢tica, los miembros de la familia real no han gozado de protecci¨®n jur¨ªdica especial, hasta el punto de que la infanta Cristina, hija del Rey, est¨¢ imputada en un juzgado de instrucci¨®n de Palma de Mallorca por el caso N¨®os y tuvo que acudir a declarar ante el juez Jos¨¦ Castro en febrero pasado.

Tan s¨®lo en el caso de que los hijos del Rey fuesen llamados a declarar como testigos en un procedimiento tienen la posibilidad de hacerlo por escrito, un privilegio parecido al que tienen y del que hacen uso altos cargos del Estado y presidentes auton¨®micos.

El Gobierno del PP introdujo en el proyecto de nueva Ley del Poder Judicial que pretende aprobar esta legislatura la ampliaci¨®n del aforamiento del que gozan ahora pol¨ªticos, jueces y fiscales al Pr¨ªncipe y a la Reina. El Poder Judicial y el Consejo Fiscal apoyan esta medida.