El Gobierno asumir¨¢ cambios m¨ªnimos en la ley del aborto
El Ejecutivo busca la f¨®rmula para despenalizar los casos de fetos inviables
El Gobierno asumir¨¢ cambios m¨ªnimos en la controvertida ley del aborto para garantizar que las mujeres embarazadas de fetos inviables puedan interrumpir la gestaci¨®n dentro de la legalidad. As¨ª lo indicaron ayer fuentes del Ministerio de Justicia despu¨¦s de que tanto el Poder Judicial como el Consejo Fiscal reclamaran que la norma incluya este tercer supuesto, deslig¨¢ndolo de la necesidad de que la mujer presente un informe de dos m¨¦dicos distintos que acrediten el riesgo para la salud ps¨ªquica de la embarazada. No obstante, las mismas fuentes indicaron que estudian la f¨®rmula mediante la que explicitar¨¢n estas recomendaciones.
Seg¨²n datos de 2012 y con la ley actual, las anomal¨ªas fetales incompatibles con la vida fueron la causa de 306 abortos, lo que supone ¨²nicamente el 0,3% de las interrupciones de embarazo practicadas en Espa?a. En el anteproyecto de ley, la m¨¢s restrictiva de la democracia, solo hay dos supuestos legales: el aborto por violaci¨®n o por un ¡°grave peligro para la vida o la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la mujer¡±.
La intenci¨®n del Ejecutivo es que la reforma de la ley se apruebe en uno de los Consejos de Ministros del mes de julio, con lo que su aprobaci¨®n en el Congreso se aplazar¨¢ hasta despu¨¦s del verano.
La decisi¨®n del Gobierno se produjo despu¨¦s de que el Poder Judicial le hiciera ayer el favor de aprobar un dictamen que apenas enmienda el anteproyecto elaborado por el Ejecutivo. Lo aprob¨® pese a que la mayor¨ªa de los miembros del Consejo General del Poder Judicial no lo avalan, ya que el informe consigui¨® 10 votos a favor pero ocho en contra y tres abstenciones, lo que suman once. De hecho, estos once vocales mostrar¨¢n sus discrepancias y, en el caso de ocho de ellos, pedir¨¢n la retirada del proyecto elaborado por el Gobierno de Rajoy.
La aprobaci¨®n del dictamen no hubiera sido posible antes de la reforma del Poder Judicial, aprobada en 2013, que permite que los informes solo precisen de mayor¨ªa simple, mientras que antes requer¨ªan el voto favorable de 11 vocales.
Las singularidades de las tres abstenciones impidieron que esa mayor¨ªa sacara adelante una petici¨®n al Gobierno para que retire la reforma, tal como planteaba uno de los dos dict¨¢menes que se debatieron y que no obtuvo los votos suficientes para su aprobaci¨®n. El debate se prolong¨® durante algo m¨¢s de dos horas pero con un tono comedido y moderado.
Al final, los vocales propuestos por el PP, a excepci¨®n de Fernando Grande-Marlaska, votaron en bloque a favor de un texto que solo reclama leves retoques y la inclusi¨®n del tercer supuesto. Los propuestos por el PSOE y la vocal nombrada a propuesta de IU votaron en contra mientras que los designados por CiU y PNV decidieron abstenerse pese a haber afirmado su conformidad con la ley actual, aprobada en 2010.
Pese a que entre el sector conservador hab¨ªa una vocal, Nuria D¨ªaz, que manifest¨® sus discrepancias al considerar que el derecho al aborto deber¨ªa ser a¨²n m¨¢s restrictivo, esta decidi¨® apoyar el dictamen y presentar un voto particular al que se unir¨¢ otro vocal designado por el PP, Juan Manuel Fern¨¢ndez.
Tambi¨¦n presentar¨¢n votos particulares los tres vocales que se abstuvieron. Grande-Marlaska alega razones de seguridad jur¨ªdica y considera que el Poder Judicial no deber¨ªa pronunciarse hasta que el Tribunal Constitucional sentenciara sobre la legalidad de la ley vigente.
Por su parte, los vocales propuestos por CiU, Merc¨¦ Pigem y PNV, Enrique Lucas, suscriben otro escrito en el que recomiendan al Gobierno que ¡°se replantee la conveniencia de aprobar una nueva norma en una materia tan sensible, modificando un sistema como el vigente que presenta un alto grado de aceptaci¨®n por la ciudadan¨ªa, y que no ha arrojado un saldo negativo en su aplicaci¨®n¡±. Ambos apelan igualmente a una raz¨®n de seguridad jur¨ªdica ya que el Poder Judicial se ha manifestado sin esperar la respuesta del Tribunal Constitucional que ¡°podr¨ªa convertir en delictivas conductas que son consideradas y declaradas como constitucionales por el Alto Tribunal¡±.
Tras conocer el informe del Poder Judicial, la Asociaci¨®n de Cl¨ªnicas Acreditadas para la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo (ACAI) critic¨® la decisi¨®n porque, seg¨²n entienden, ¡°legitima¡± la p¨¦rdida de derechos b¨¢sicos de las mujeres. La Federaci¨®n de Mujeres Progresistas, la Fundaci¨®n Mujeres y la Federaci¨®n de Mujeres Separadas y Divorciadas tambi¨¦n criticaron el informe al considerar que es ¡°insuficiente¡± y fomenta ¡°la vuelta a una realidad desterrada¡±.
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