El dilema del caso Cristina de Borb¨®n

Jos¨¦ Castro (juez) y Pedro Horrach (fiscal) constituyeron durante a?os en Baleares un s¨®lido matrimonio de conveniencia contra la corrupci¨®n. Desde hace unos meses, ambos encaran un proceso irreversible de divorcio a cuenta de la culpabilidad o inocencia de la infanta Cristina en una causa que ha puesto bajo sospecha a la instituci¨®n mon¨¢rquica. En ese territorio de hostilidades, juez y fiscal han convertido sus ¨²ltimos escritos dentro del procedimiento en una reyerta casi personal, p¨²blica y ruidosa.

Horrach y Castro hilvanaron con cientos de pruebas el caso N¨®os, hasta destapar una trama de corrupci¨®n dirigida por I?aki Urdangarin, esposo de la Infanta, con el impulso de su socio Diego Torres, y favorecida por una decena de cargos de los Gobiernos del PP en Baleares y Comunidad Valenciana.

Torres y Urdangarin montaron un negocio basado en las relaciones p¨²blicas y una falsa apariencia de buenas intenciones. N¨®os era un instituto sin ¨¢nimo de lucro ¡ªexento del pago del Impuesto de Sociedades¡ª en cuya directiva figuraban la hija del rey Juan Carlos y su secretario personal. Entre 2004 y 2006, N¨®os firm¨® cinco convenios con la Administraci¨®n balear y con la valenciana a raz¨®n de un mill¨®n de euros por cada evento que organizaba. Los gobernantes aceptaban el precio sin rechistar y nunca fiscalizaron los gastos.

Urdangarin y su socio desviaron la mayor parte del dinero p¨²blico ¡ªlos eventos costaban apenas un 20% de la tarifa convenida¡ª a media docena de empresas privadas que hab¨ªan creado para lucrarse con el negocio. Una de esas sociedades, Aizoon, era propiedad de Urdangarin y de Cristina de Borb¨®n al 50%.

Dos a?os despu¨¦s de iniciada la investigaci¨®n y acreditados los aspectos delictivos del negocio de Urdangarin, el juez Castro opin¨® que era el momento de imputar a la infanta Cristina como cooperadora necesaria en los fraudes cometidos por su marido.

El fiscal, reconocido perseguidor de corruptos y autor de famosos alegatos contra el poder, entendi¨® que las pruebas que hab¨ªan reunido durante la investigaci¨®n no eran suficientes para imputar a la Infanta. Esa primera discrepancia entre Horrach y Castro tras a?os de arm¨®nica colaboraci¨®n ha desencadenado ahora una turbulenta refriega donde los argumentos jur¨ªdicos de juez y fiscal se mezclan con gruesas descalificaciones.

En el fondo de la disputa respira un dilema jur¨ªdico respecto a si Cristina de Borb¨®n colabor¨® activamente en la trama delictiva de su marido o se benefici¨® de la misma a sabiendas de su origen. La Audiencia Provincial, en un auto donde rechaz¨® la primera imputaci¨®n judicial a la Infanta, dej¨® escrito que ¡°no basta el aprovechamiento para considerarlo punible, siendo preciso que el beneficiario conozca el origen delictivo de esos fondos¡±. En el mismo auto, la Audiencia invit¨® al juez a seguir investigando, al entender que la Infanta podr¨ªa haber cometido delitos fiscales y de blanqueo como copropietaria de Aizoon. El juez obedeci¨® y quiere sentar en el banquillo a la Infanta por esos delitos. El fiscal lo considera ¡°pura especulaci¨®n, cuando no pura ficci¨®n¡±.