Las autonom¨ªas frenan la ley que les obliga a asumir servicios municipales

La Asamblea de Madrid (con mayor¨ªa absoluta del PP) aprob¨® el mes pasado una ley que aplaza ¡ªhasta que se apruebe un nuevo sistema de financiaci¨®n¡ª la asunci¨®n de ciertas competencias en materia de sanidad, educaci¨®n y servicios sociales, unas atribuciones que ahora est¨¢n en manos de los Ayuntamientos y cuyo traspaso a las comunidades ordenaba la reciente ley de reforma local del Gobierno de Mariano Rajoy. Catalu?a ha hecho lo propio con un decreto ley publicado el pasado lunes en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. En el pre¨¢mbulo de ese decreto, la Generalitat habla de la ¡°incertidumbre jur¨ªdica¡± que ha creado la reforma local, que entr¨® en vigor el pasado enero en toda Espa?a y que, seg¨²n el texto, ¡°ha generado numerosas y contradictorias interpretaciones por parte de los entes locales¡±.

Extremadura, gobernada por el PP, ha desarrollado la ley estatal con sus propias claves para evitar que desaparezcan las mancomunidades de su regi¨®n. M¨¢s contundente ha sido Andaluc¨ªa, que ha aprobado un decreto ley pensado como un ¡°dique de contenci¨®n contra el desmantelamiento de la Administraci¨®n local¡±, en palabras del vicepresidente Diego Valderas (IU). Galicia, Castilla y Le¨®n, Pa¨ªs Vasco y La Rioja tambi¨¦n han desarrollado sus propias leyes para esquivar en mayor o menor medida uno de los proyectos estrella del Gobierno de Mariano Rajoy.

Paralelamente, el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a tr¨¢mite nueve recursos contra la reforma formulados por los Gobiernos de Andaluc¨ªa, Catalu?a, Canarias y Asturias; y los Parlamentos extreme?o, catal¨¢n, andaluz y navarro, as¨ª como el presentado por 130 diputados de PSOE, Izquierda Plural, UPyD y Grupo Mixto. El Constitucional todav¨ªa tiene que pronunciarse sobre un d¨¦cimo recurso, el registrado en julio por cerca de 3.000 Ayuntamientos (de los 8.117 que hay en Espa?a) que gobiernan a unos 17 millones de ciudadanos.

Tras esta ofensiva legislativa y judicial, la Ley de Racionalizaci¨®n y Sostenibilidad de la Administraci¨®n Local ha quedado reducida a la m¨ªnima expresi¨®n ocho meses despu¨¦s de su entrada en vigor. Su gran objetivo, plasmado en la m¨¢xima de ¡°una Administraci¨®n, una competencia¡±, est¨¢ siendo papel mojado mientras no se aclara el nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, cuya negociaci¨®n ha sido aplazada sine d¨ªe por el presidente del Gobierno: ¡°Ahora es imposible¡±, reconoci¨® Rajoy hace una semana.

Sin m¨¢s dinero, los Gobiernos aut¨®nomos de todo signo pol¨ªtico se niegan a rescatar o ceder por convenio los servicios que seg¨²n esa ley estatal deben dejar de prestar sus municipios: desde oficinas de consumo a casas de acogida de mujeres, albergues, guarder¨ªas, centros de mayores, oficinas de turismo o consultorios m¨¦dicos. La propia reforma ya daba unos plazos muy amplios para ejecutar ese traspaso en cuanto a los servicios sociales y la sanidad, pero la opini¨®n un¨¢nime de los alcaldes consultados es que nada se ha movido desde enero.

El alcalde de Santander y presidente de la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP), ??igo de la Serna (PP), lo explica en clave de normalidad frente a ¡°las posturas alarmistas que llegaron a decir que se desmantelar¨ªan los servicios sociales, se perder¨ªan decenas de miles de puestos e ir¨ªamos hacia la privatizaci¨®n¡±. ¡°Nada de eso ha sucedido¡±, subraya. Aun as¨ª, De la Serna cree que hay una ofensiva de ciertas autonom¨ªas para pulverizar la ley y reclama al Gobierno que la defienda. El Ministerio de Administraciones P¨²blicas no ha movido ficha, aunque el Ejecutivo afirma que estudiar¨¢ si las normas que est¨¢n aprobando las comunidades vulneran la ley estatal.

El alcalde de Vigo y vicepresidente de la FEMP, Abel Caballero (PSOE), coincide con que apenas se ha notado la entrada en vigor de la reforma local. La legislaci¨®n auton¨®mica que ha impulsado el Gobierno gallego (PP) con el decidido apoyo de los alcaldes de su partido frena el traspaso de competencias al menos hasta 2015. ¡°El albergue social nos cuesta 750.000 euros. Se lo tendr¨ªa que quedar la Xunta, pero seguimos con ¨¦l y pag¨¢ndolo. En el resto de comunidades pr¨¢cticamente sigue todo igual¡±, dice.

Eulalio ?vila, presidente del Colegio de Interventores y secretarios de la Administraci¨®n Local, razona que uno de los problemas est¨¢ en la redacci¨®n del art¨ªculo 25 de la norma, el que regula las competencias de los municipios: ¡°Adolece de cierta ambig¨¹edad. Las comunidades han regulado en general de una manera laxa el desarrollo de la reforma local, que tendr¨ªa que haber nacido de un pacto de Estado, incluidas comunidades y Ayuntamientos, con un acuerdo amplio. Pero los desarrollos normativos de cada comunidad dejan claro que no hab¨ªa una visi¨®n com¨²n¡±, afirma ?vila.

Otro dato: Hacienda prometi¨® que en abril publicar¨ªa la lista de las poblaciones que, por incumplir con la estabilidad presupuestaria, no pueden prestar competencias que no se recojan en la ley. Nada se sabe de ese documento. Fuentes municipales aseguran que el departamento de Crist¨®bal Montoro tiene razones para no mostrarse muy estricto con los alcaldes: la Administraci¨®n local lleva dos ejercicios aportando super¨¢vit a las cuentas p¨²blicas y queda menos de un a?o para las elecciones. ¡°[La ley] se est¨¢ aplicando bajo m¨ªnimos¡±, analiza el responsable de pol¨ªtica municipal de IU, Manuel Fuentes. ¡°Nos lo tem¨ªamos la mayor¨ªa de los municipalistas: en vez de solicitar la delegaci¨®n de competencias o la prestaci¨®n de servicios, se deja hacer porque no se ha solucionado el problema de la financiaci¨®n municipal. Pero no hay que perder de vista que tanto esta ley como todo lo que el PP ha impulsado, como el plan de pago a proveedores o la ley de estabilidad presupuestaria, pone en riesgo los servicios p¨²blicos¡±, a?ade.