¡°Proponemos pasar de 17.621 aforados que hay en Espa?a a s¨®lo 22¡±

De todas las reformas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la presente legislatura quedan pendientes algunas muy controvertidas y de final incierto ¡ªla nueva ley del aborto¡ª y otras de regeneraci¨®n democr¨¢tica provocadas por los problemas que el partido del Gobierno y alguno de sus miembros han tenido los ¨²ltimos a?os a cuenta de la corrupci¨®n. Todas esas reformas cargan de problemas la cartera del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n (Madrid, 1958), quien estren¨® su cargo como uno de los pol¨ªticos mejor valorados en Espa?a y hoy ocupa el segundo peor puesto. El ministro concedi¨® esta entrevista para hablar exclusivamente sobre regeneraci¨®n democr¨¢tica.

Pregunta. ?Espa?a es un pa¨ªs corrupto?

Respuesta. Espa?a es un pa¨ªs donde ha habido corrupci¨®n en un grado inaceptable. Es una realidad que no podemos eludir pero esa es una cara de la moneda. La otra es que Espa?a es un pa¨ªs donde la corrupci¨®n no queda impune. Hoy la corrupci¨®n es noticia no porque se est¨¦n descubriendo nuevos asuntos de corrupci¨®n sino porque est¨¢n actuando los tribunales de Justicia porque aquellos que cometieron el delito han sido investigados, juzgados y cuando los tribunales lo han decidido han ingresado en la c¨¢rcel. Y eso es lo positivo. Aunque yo soy plenamente consciente de que esas noticias generan una percepci¨®n de que ¨¦se es el estado general de las cosas. En estos momentos no hay esc¨¢ndalos de corrupci¨®n por hechos cometidos en los dos ¨²ltimos a?os sino lo que hay son causas judiciales por hechos cometidos con anterioridad. Y creo que la respuesta que ha dado el Estado de Derecho ha frenado en muy buena medida la tentaci¨®n de corrupci¨®n que durante los ¨²ltimos a?os se produjo entre responsables pol¨ªticos y los sectores privados con los que hubo connivencia.

P. ?Por qu¨¦ cree que ha vuelto la corrupci¨®n despu¨¦s de los esc¨¢ndalos de la d¨¦cada de los noventa que llevaron a algunos pol¨ªticos a la c¨¢rcel?

R. Hay dos factores que siempre han funcionado en paralelo: el ¨¦tico, el moral, el nivel de exigencia que la sociedad debe tener con sus responsables p¨²blicos debe ser siempre absoluto y lo ideal es que la corrupci¨®n no se produjera, no tanto porque hubiera dificultades administrativas para hacerlo o porque hubiera una amenaza de un reproche penal posterior sino porque el compromiso ¨¦tico de todos los que asumen responsabilidades p¨²blicas les alejasen de ese camino. Pero eso desgraciadamente no se ha producido y yo s¨ª creo que en los ¨²ltimos a?os hemos tenido un profundo empobrecimiento ¨¦tico de muchos responsables p¨²blicos, sin duda minoritarios pero significativos, y de una buena parte de la sociedad que ha entendido que pod¨ªa convivir perfectamente con ese tipo de conductas. Cuando ese nivel de compromiso ¨¦tico ha bajado, y ha bajado en Espa?a, es porque hemos advertido una insuficiencia de la norma administrativa que con car¨¢cter previo haga extraordinariamente imposible un aprovechamiento lucrativo de los fondos p¨²blicos. Y esa es la respuesta que en estos momentos tenemos que dar.

Con mucha actividad econ¨®mica puede haber un riesgo de conductas de corrupci¨®n¡±

P. ?En periodos de bonanza econ¨®mica aflora m¨¢s la corrupci¨®n y en momentos de crisis hay mayor conciencia contra los corruptos?

R. Es evidente que cuando hay mucha actividad econ¨®mica puede haber un riesgo mayor de que aquellos que pretenden conseguir sus contratos o aquellos que est¨¢n dispuestos a vender esos contratos entren en conductas de corrupci¨®n. No deber¨ªa ser as¨ª pero desgraciadamente lo es. Lo segundo es cierto. Ha habido un incremento muy fuerte del nivel de exigencia con la clase pol¨ªtica y con las administraciones en general en los ¨²ltimos a?os. Y eso, yo creo que se ha producido de alguna manera por la indignaci¨®n que ha supuesto para la gente la suma del conocimiento de esas conductas delictivas con las enormes dificultades que una parte importante de la poblaci¨®n ha pasado durante la crisis para sobrevivir.

P. Dirigentes del PSOE fueron encausados y condenados en el caso Filesa por delitos vinculados a la financiaci¨®n ilegal del partido. Ni entonces, ni ahora, 20 a?os despu¨¦s, el delito est¨¢ castigado en el C¨®digo Penal. Ustedes han prometido incluir ese delito. ?C¨®mo lo piensan regular?

R. En la tramitaci¨®n de la reforma del C¨®digo Penal que est¨¢ en el Congreso se incluir¨¢ como parte del acuerdo de regeneraci¨®n democr¨¢tica que queremos alcanzar con todos los grupos, pero especialmente con el socialista, con un nivel de exigencia igual o superior al m¨¢ximo de cualquier pa¨ªs de la Uni¨®n Europea. Ese nivel individualizar¨¢ la responsabilidad penal en los gestores de los partidos pol¨ªticos, una persona responsable de las finanzas que asumir¨¢ la responsabilidad penal de cualquier acto ilegal que se realice. Y si esa persona hubiese realizado ese acto con conocimiento o consentimiento de directivos de ese partido pol¨ªtico, ellos tambi¨¦n ser¨¢n penalmente responsables.

P. ?No habr¨¢ castigo al partido pol¨ªtico en forma de inhabilitaci¨®n para presentarse a unas elecciones o parecido?

Tenemos que centrar la responsabilidad en aquellos que cometen actos ilegales¡±

R. Tenemos que centrar la responsabilidad en aquellos que cometen actos ilegales, pero los partidos pol¨ªticos son constitucionalmente instrumentos de participaci¨®n ciudadana y por tanto toda la responsabilidad penal para quien cometa una irregularidad pero no privar a los ciudadanos de ese cauce constitucional de participaci¨®n pol¨ªtica.

P. ?Su partido se ha financiado ilegalmente en los ¨²ltimos 20 a?os?

R. No tengo ninguna noticia de que eso haya ocurrido.

P. Ninguna noticia de su partido o ninguna noticia a trav¨¦s de la prensa, porque los peri¨®dicos lo cuentan todos los d¨ªas...

R. En mi condici¨®n de militante del PP. En la prensa lo que aparecen son actuaciones individuales de determinadas personas que, prevali¨¦ndose de su cargo, lo que han hecho ha sido enriquecerse personalmente. Todas las cuentas opacas que han salido no son cuentas del partido sino de se?ores que utilizando el nombre del partido lo que hicieron fue enriquecerse ellos.

P. El juez Ruz ha ofrecido al PP personarse en la causa del caso G¨¹rtel porque se lucr¨® de los delitos que cometieron sus dirigentes pol¨ªticos al financiar actos electorales con dinero de actuaciones irregulares...

R. Ser part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo de un delito, que es algo que ocurre en muchas ocasiones, fundamentalmente en las sociedades de gananciales cuando uno de los dos c¨®nyuges comete un delito y enriquece a la propia sociedad, no significa de ninguna de las formas responsabilidad penal. Pero si ha habido un enriquecimiento aunque no sea merecedor de reproche penal, eso naturalmente exigir¨¢ una reparaci¨®n.

P. En ese mismo auto, el juez Ruz sostiene que el PP tuvo durante 20 a?os una caja b con la que pag¨® distintas cosas, entre ellas sobresueldos y campa?as electorales...?Eso no es financiaci¨®n ilegal del PP?

R. Si eso, al final, cuando haya una resoluci¨®n judicial firme se confirma, merecer¨¢ toda mi condena.

P. ?El aforamiento de los pol¨ªticos es un privilegio que hay que eliminar?

R. El aforamiento no tiene por qu¨¦ constituir un privilegio. Puede ser una merma de derecho fundamental, que es el derecho a la revisi¨®n de una sentencia condenatoria. Pero por mucho que los juristas expliquen que el aforamiento no es un privilegio, la sociedad espa?ola la percibe como tal. Y eso yo creo que exige una respuesta por parte del legislador. En estos momentos tenemos en Espa?a, sin contar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a 17.621 aforados, aqu¨ª se incluyen todos los pol¨ªticos de ¨¢mbito nacional, auton¨®mico, el total de los miembros de los ¨®rganos judicial y fiscal, incluidos los jueces de paz, que son 7.685. Si computamos a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que tienen un aforamiento parcial, elevar¨ªamos el n¨²mero a 280.159 aforados en Espa?a. Esta situaci¨®n debe ser sometida a revisi¨®n. En el proyecto de ley org¨¢nica del Poder Judicial, la propuesta que llevamos en el ministerio de Justicia es pasar de estos 17.621 a 22 aforados en Espa?a. Esa es la propuesta, que no podremos realizar a trav¨¦s de la Ley Org¨¢nica porque alguno de esos aforamientos est¨¢n recogidos en nuestra Constituci¨®n o recogidos en los estatutos de autonom¨ªa, que no pueden ser modificados por una Ley Org¨¢nica. Si esta Ley establece este prop¨®sito, corresponder¨¢ ya a los partidos mediante el pacto de regeneraci¨®n que debe abordarse reformar los estatutos de autonom¨ªa y, en su momento, en el d¨ªa y en el caso de que se reforme la Constituci¨®n, establecer una limitaci¨®n dr¨¢stica de estos aforamientos. Desde mi punto de vista, los ¨²nicos aforamientos que deber¨ªan subsistir en Espa?a son, aparte de los que afectan a la familia real, son los titulares de los poderes del Estado: el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, m¨¢s los 17 presidentes de las comunidades aut¨®nomas, y esto suma 22 personas. Los diputados dejar¨ªamos de estar aforados, los ministros dejar¨ªamos de estar aforados, los miembros de los consejos de Gobierno de las comunidades igual que los diputados auton¨®micos dejar¨ªan de estar aforados, aunque para todo eso habr¨ªa que reformar la Constituci¨®n en un caso y los Estatutos de Autonom¨ªa en el otro. Pero lo que s¨ª se puede incluir en la nueva Ley Org¨¢nica del Poder Judicial es la supresi¨®n de los aforamientos de otros altos cargos de la administraci¨®n general, otros ¨®rganos como Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado o Defensor del Pueblo. Insisto, esto es una intenci¨®n de car¨¢cter pol¨ªtico, porque la Ley Org¨¢nica a lo ¨²nico que puede afectar es a los ¨®rganos del Estado que no est¨¢n recogidos expresamente en la Constituci¨®n, a los jueces y a los fiscales. Pero que se suprima el aforamiento de diputados, senadores, ministros, consejeros auton¨®micos, parlamentarios auton¨®micos y otros cargos auton¨®micos es algo que tendr¨¢ que hacerse mediante un pacto pol¨ªtico que modifique los estatutos de autonom¨ªa y que aborde en su momento la reforma de la Constituci¨®n.

P. En Espa?a hay una tercera instancia judicial, que en realidad es pol¨ªtica y que maneja el Gobierno a trav¨¦s del indulto. ?Cabe alg¨²n tipo de reforma para prohibir indultar determinados delitos?

El indulto est¨¢ regulado en una Ley del siglo XIX que fue reformada por el Gobierno socialista¡±

R. El indulto est¨¢ regulado en una Ley del siglo XIX que fue reformada por el Gobierno socialista. No s¨®lo ha sido recogido en la Constituci¨®n sino reafirmado en la etapa democr¨¢tica durante el mandato del Gobierno socialista. Desde aquella ¨²ltima reforma de 1988, este es el Gobierno que menos indultos ha dado en democracia y que m¨¢s ha rechazado. Este Gobierno, adem¨¢s, tampoco ha dado ning¨²n indulto por ning¨²n delito contra la administraci¨®n p¨²blica a ning¨²n pol¨ªtico o cargo p¨²blico que se haya enriquecido con ello o que se haya llevado dinero que perteneciese a los contribuyentes. Hemos sido extraordinariamente restrictivos en este tema. Dicho eso, me plantea reflexionar sobre si determinados tipos delictivos deber¨ªan estar excluidos. Algunos ya lo est¨¢n, la Constituci¨®n lo establece. Pero el legislador ya limit¨® la posibilidad de indultos, concretamente para los miembros del Gobierno y para determinados supuestos, y no quiso establecer ninguna otra limitaci¨®n de lo que es una prerrogativa real, que como todas se ejercen a trav¨¦s del Poder Ejecutivo. Yo creo que m¨¢s que una limitaci¨®n por Ley que no est¨¢ prevista m¨¢s all¨¢ de lo que establece nuestra Constituci¨®n, lo que tiene que establecerse es un criterio pol¨ªtico y de control para no conceder ning¨²n indulto a ning¨²n pol¨ªtico que se haya enriquecido. Tengo dudas de que se pueda establecer una limitaci¨®n en la Ley que llegue m¨¢s all¨¢ de lo que ha establecido la propia Constituci¨®n.

P. ?Es usted partidario de que cuando un cargo p¨²blico es procesado o se abre juicio oral contra ¨¦l tenga que dejar por Ley su puesto, como hacen los jueces que se encuentran en esa situaci¨®n porque la Ley del Poder Judicial as¨ª lo establece?

Esto evitar¨ªa el posible abuso de interposici¨®n de querellas para perjudicar a cargos p¨²blicos o a candidatos¡±

R. Esa propuesta la hice yo el 31 de octubre de 2012 en sede parlamentaria contestando a una interpelaci¨®n de Rosa D¨ªez que me solicitaba que la mera imputaci¨®n supusiera la obligaci¨®n del cargo p¨²blico de abandonar sus responsabilidades o la imposibilidad de presentarse en una lista electoral. Le razon¨¦ a la se?ora D¨ªez que si llev¨¢semos ese nivel de exigencia a la imputaci¨®n se podr¨ªan cometer numerosas injusticias. Una querella presentada en forma unas semanas antes de unas elecciones, al ser admitida por el juez correspondiente, podr¨ªa llevar aparejada para garantizar sus derechos la necesaria imputaci¨®n del querellado, y aunque despu¨¦s esa imputaci¨®n quedase en nada, esa persona ya no podr¨ªa presentarse a las elecciones o hubiera tenido que abandonar el cargo p¨²blico con el profundo deterioro de imagen que eso significa. Lo que yo propuse en octubre de 2012 es que ese nivel de exigencia se llevase al momento en que habiendo finalizado la instrucci¨®n ya hay indicios racionales de criminalidad contra esa persona, que aunque no est¨¦n confirmados por una sentencia, s¨ª supone sin duda ninguna la constataci¨®n de que por parte del Poder Judicial se han apreciado elementos suficientes como para entender que tiene que ser sometida a juicio. Esto evitar¨ªa la sensaci¨®n que tienen los ciudadanos de que siguen ejerciendo responsabilidades p¨²blicas personas sobre las que hay sospecha cierta de que han cometido irregularidades y por otro lado el posible abuso de interposici¨®n de querellas instrumentales para perjudicar a cargos p¨²blicos que est¨¢n ejerciendo o a candidatos electorales previamente a los procesos. Esta es una reforma que queremos introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto lo llevaremos tambi¨¦n al pacto de regeneraci¨®n democr¨¢tica de septiembre.

P. ?Y con un cargo electo se puede hacer?

Uno no puede ser candidato en unas elecciones municipales si est¨¢ condenado¡±

R. No. Pero se puede establecer una causa de inelegibilidad, en el sentido de que aquel que est¨¦ pendiente de un juicio oral pero con un auto firme de apertura no podr¨¢ ser candidato en unas elecciones. De hecho ya tenemos un avance en nuestra Ley Electoral porque, en contra de lo que ha sido tradicional en Espa?a, uno no puede ser candidato en unas elecciones municipales si est¨¢ condenado por una sentencia aunque la sentencia no sea firme.

P. Mariano Rajoy anunci¨® en agosto de 2013 una serie de medidas de regeneraci¨®n democr¨¢tica, adelantadas ya en febrero de aquel a?o, que siguen en tramitaci¨®n en el Congreso pero a?o y medio despu¨¦s a¨²n no se intuye cu¨¢ndo ser¨¢n aprobadas. ?C¨®mo se puede explicar que la reforma de la jurisdicci¨®n universal se tramite en tres meses, una reforma de la constituci¨®n se apruebe en 15 d¨ªas, y estas medidas, tan urgentes, tarden tanto?

R. La raz¨®n de los tiempos es porque unas son iniciativas del Gobierno y otras son iniciativa del parlamento.

P. Ustedes tienen mayor¨ªa absoluta...

R. Cierto, pero le quiero decir que cuando el Gobierno adopta la iniciativa no puede enviarla inmediatamente a tramitaci¨®n parlamentaria sino que tiene una fase consultiva de car¨¢cter previo que es lo que explica muchas veces la dilaci¨®n de estas medidas. Si es proposici¨®n de ley o enmienda, no es necesario someterla a consulta. Le puedo decir que muchos de estos proyectos est¨¢n en tramitaci¨®n en el Congreso...

P. Con los plazos de presentaci¨®n de enmiendas prorrogados decenas de veces...

R. Es verdad, lo hemos hecho con la idea de que esto forme parte de un pacto pol¨ªtico lo m¨¢s extenso posible. Hemos tenido unas circunstancias pol¨ªticas especiales que lo han impedido.

P. ?Ha renunciado ya a aprobar la reforma legal para pasar la instrucci¨®n de los jueces a los fiscales?

Los fiscales acabar¨¢n llevando la investigaci¨®n en Espa?a, de eso no tengo ninguna duda¡±

R. Los fiscales acabar¨¢n llevando la investigaci¨®n en Espa?a, de eso no tengo ninguna duda porque es el mecanismo procesal que funciona en la pr¨¢ctica totalidad de los pa¨ªses de nuestro entorno. Estamos creando instituciones supranacionales como la fiscal¨ªa europea que tendr¨¢ una dificultad a?adida para su operatividad en Espa?a como consecuencia de que la instrucci¨®n en nuestro pa¨ªs la siguen llevando los jueces.

El problema que se plantea es convencer a la sociedad de que el hecho de que la instrucci¨®n pase de los jueces, que constitucionalmente son independientes, al ministerio fiscal, que funciona con un criterio de dependencia jer¨¢rquica del fiscal general del Estado, que constitucionalmente est¨¢ establecido que lo nombra el Gobierno, no significa en ning¨²n caso que la instrucci¨®n vaya a estar dirigida o condicionada por la voluntad pol¨ªtica del Gobierno de la naci¨®n. Y esto exige una labor de pedagog¨ªa muy importante, porque en la actual situaci¨®n, una parte de los asuntos penales que se conocen afectan a personas que han ocupado puestos de responsabilidad p¨²blica. Si di¨¦semos el paso de encargar la instrucci¨®n al ministerio fiscal, hay quien podr¨ªa pensar que el Gobierno lo hace con la intenci¨®n de tener un control sobre la instrucci¨®n de los procedimientos que no tiene con los jueces. Y le puedo asegurar que no es esa la voluntad del gobierno. Pero para evitar que nadie pueda tener esa sospecha, creo que el momento adecuado, que llegar¨¢, no tenga ninguna duda, en que la instrucci¨®n pase al ministerio fiscal, tiene que estar completamente alejado de cualquier sospecha de que el Gobierno tiene la m¨¢s m¨ªnima intenci¨®n de interferencia en algo que cuando el ministerio fiscal asuma la instrucci¨®n deber¨¢ llevar con autonom¨ªa absoluta del Gobierno de la naci¨®n.

P. ? Por tanto ahora no es el momento para abordar esa reforma?

R. Creo que lo tendremos que hacer, pero el momento tendr¨¢ que ser cuando se haya superado esta situaci¨®n en la que se est¨¢ procediendo a la investigaci¨®n y a la exigencia de responsabilidad a muchas personas que han ocupado cargos pol¨ªticos.

P. ?Le parece una buena medida de regeneraci¨®n democr¨¢tica la adoptada por el Rey de Espa?a para prohibir a los miembros de la Familia Real trabajar en la iniciativa privada?

R. Si. Me parece que hay un principio claro, cuando se percibe una asignaci¨®n de los presupuestos del Estado, esa remuneraci¨®n no debe ser compatible con la realizaci¨®n de actividades privadas, y por lo tanto me parece que es una medida correcta.

P. ?Y si renunciasen a la asignaci¨®n p¨²blica, por qu¨¦ no podr¨ªan trabajar en una empresa privada?

R. Me parecer¨¢ fenomenal que lo hagan, pero entonces entiendo que no deber¨ªan realizar las labores institucionales que por formar parte de la Familia Real les corresponden. Se le debe dar la facultad de elegir, y si quiere desarrollar una carrera profesional privada, que lo elija, pero si quiere realizar labores institucionales formando parte de la Familia Real entonces genera un derecho a una asignaci¨®n con cargo a los presupuestos que l¨®gicamente debe ser incompatible con esa actividad privada.