Interior podr¨¢ multar a los medios que no den su informaci¨®n en emergencias
El ministerio asegura que solo sancionar¨¢ en casos de alertas a la poblaci¨®n
El Gobierno podr¨¢ imponer sanciones de entre 30.001 y 600.000 euros a los medios de comunicaci¨®n social por ¡°su resistencia, negativa u obstrucci¨®n a colaborar con las autoridades competentes en la difusi¨®n de ¨®rdenes, instrucciones e informaciones en situaciones declaradas de emergencia de inter¨¦s nacional¡±. El cat¨¢logo de multas del Ministerio del Interior califica como ¡°muy grave¡± la negativa de la prensa a difundir sus ¡°¨®rdenes, instrucciones e informaciones¡± cada vez que se decrete el estado de alerta, excepci¨®n y sitio; cuando ¡°determinadas cat¨¢strofes afecten a varias comunidades y exijan la aportaci¨®n de recursos supraauton¨®micos¡± y cuando ¡°por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una direcci¨®n de car¨¢cter nacional¡±.
Cuando se d¨¦ alguna situaci¨®n que cumpla con estos tres criterios, ser¨¢ facultad del ministro del Interior tanto la declaraci¨®n de cada emergencia de inter¨¦s nacional como la posterior gesti¨®n de la crisis.
La inclusi¨®n de las sanciones a los medios de comunicaci¨®n es una de las novedades del anteproyecto de ley del sistema nacional de Protecci¨®n Civil, que ayer aprob¨® el Consejo de Ministros y pretende sustituir a la normativa vigente, promulgada en 1985, que no tipifica estas conductas. Esa norma, a¨²n en vigor, establece en su art¨ªculo cuarto que ¡°en situaciones de emergencia los medios de comunicaci¨®n social vendr¨¢n obligados a colaborar con las autoridades competentes respecto a la divulgaci¨®n de informaciones dirigidas a la poblaci¨®n y relacionadas con dichas situaciones¡±. La novedad ahora es el establecimiento de sanciones para aquellos medios que se resistan a hacerlo.
La literalidad del texto facultar¨ªa al Gobierno para imponer la publicaci¨®n de informaciones a los medios de comunicaci¨®n en casos como la crisis de los controladores a¨¦reos, que llev¨® al ¨²ltimo Ejecutivo socialista a decretar el estado de alerta y a militarizar las torres de control de algunos aeropuertos ¡ªla ¨²nica vez que sucedi¨® en la democracia espa?ola¡ª, durante cat¨¢strofes como la del Prestige o incluso en un incendio en la frontera de dos comunidades aut¨®nomas que obligue a intervenir a helic¨®pteros de los servicios de rescate estatales.
Un portavoz de Interior se?al¨® ayer a este diario que las multas est¨¢n pensadas para aquellos medios de comunicaci¨®n que se nieguen a publicitar ¡°avisos a la poblaci¨®n para preservar su integridad y su seguridad en situaciones excepcionales, ya sean casos de alerta nuclear, tsunamis o episodios similares. Hablamos de casos muy excepcionales, en los que hay riesgo para la poblaci¨®n y es necesario lanzar estos avisos¡±, insisti¨® la misma fuente.
Hablamos de casos muy excepcionales, en los que hay riesgo para la poblaci¨®n y es necesario lanzar estos avisos Portavoz de Interior
La futura ley ¡ªque a¨²n deber¨¢ pasar el tr¨¢mite parlamentario¡ª tambi¨¦n castiga con la multa m¨¢xima ¡°la ausencia de planes de autoprotecci¨®n contra cat¨¢strofes y desastres por parte de las entidades obligadas¡± a realizarlos, ¡°el incumplimiento de las entidades que gestionen actividades de riesgo de su deber de comunicar situaciones que puedan dar lugar a una emergencia nacional¡± y la ¡°carencia o insuficiente cobertura de los sistemas de reproducci¨®n de se?ales ac¨²sticas de alarma en los centros obligados a su instalaci¨®n¡±.
La norma establece otras multas de menor cuant¨ªa (entre 1.500 y 30.000 euros) para ¡°quienes entorpezcan o incumplan las ¨®rdenes de las autoridades competentes en situaciones de emergencia, la no realizaci¨®n de simulacros por parte de aquellos organismos que est¨¦n obligados o el incumplimiento del deber de comunicaci¨®n de incidencias que puedan dar lugar a una emergencia por parte de entidades cuya autorizaci¨®n dependa de la Administraci¨®n General del Estado¡±.
El Gobierno cifra en 400 millones de euros el coste anual de las emergencias y cat¨¢strofes en Espa?a. La estimaci¨®n parte de datos aportados por el Consorcio de Compensaci¨®n de Seguros y, seg¨²n la tesis de Interior, ¡°las p¨¦rdidas econ¨®micas no son comparativamente grandes¡± gracias al ¡°efecto de las pol¨ªticas preventivas que se llevan a cabo desde hace muchos a?os¡±.
El Gobierno cifra en 400 millones de euros el coste anual de las emergencias y cat¨¢strofes en Espa?a
El titular de este departamento, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, esboz¨® durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros las l¨ªneas generales de la futura norma y subray¨® que esta pretende dar ¡°m¨¢s seguridad jur¨ªdica¡±, ya que define ¡°mejor¡± las conductas ajenas a la ley.
Fern¨¢ndez D¨ªaz asegura que permitir¨¢ ¡°afrontar de manera m¨¢s r¨¢pida y eficaz las situaciones de emergencia¡±. El texto mantiene no obstante la planificaci¨®n vigente, ¡°dados los buenos resultados que ha tenido¡± y no tocar¨¢ ni el plan general estatal de emergencias ni los de las comunidades aut¨®nomas ni aquellos destinados a afrontar riesgos concretos (nucleares, radiol¨®gicos, por inundaci¨®n o terremotos).
En el caso de la UME, una unidad del Ej¨¦rcito creada durante el Gobierno socialista de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero para actuar en caso de Emergencias, compete al ministro del Interior solicitar su intervenci¨®n, que debe ser ordenada por el responsable de Defensa, seg¨²n el protocolo que establece la ley. Fern¨¢ndez D¨ªaz record¨® que pese a que su nacimiento ¡°fue controvertido¡± es hoy ¡°un instrumento del Estado para hacer frente con eficacia a las emergencias¡± y que las autonom¨ªas est¨¢n ¡°encantadas de ser auxiliadas por esta unidad¡±.
La norma establece derechos pero tambi¨¦n deberes para los ciudadanos, que tienen la obligaci¨®n de ¡°colaborar personal y materialmente en la protecci¨®n civil en caso de requerimiento por las autoridades competentes¡± y de cumplir con el ¡°deber de cautela y autoprotecci¨®n tomando las medidas necesarias para evitar la generaci¨®n de riesgos o exponerse a ellos¡±.
¡°Una competencia exclusiva del Estado¡±
El resumen del anteproyecto facilitado ayer por el Ministerio del Interior tras el Consejo de Ministros deja en manos del Gobierno central la ¡°competencia exclusiva¡± en materia de Protecci¨®n Civil y subraya que algunos Estatutos de autonom¨ªa ¡°la calificaron indebidamente de competencia exclusiva¡±. Cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional para delimitar ese reparto de competencias y justifica que la de Protecci¨®n Civil debe recaer en manos del Estado con tres argumentos: ¡°La necesidad de aplicaci¨®n de los estados de alarma, excepci¨®n y sitio para la protecci¨®n de personas y bienes¡±, ¡°el alcance supraauton¨®mico de la emergencia o cat¨¢strofe¡± y ¡°la necesidad de una direcci¨®n o coordinaci¨®n nacional por los efectos de la emergencia o la naturaleza del riesgo¡±.
La declaraci¨®n de zona afectada gravemente por una emergencia de protecci¨®n civil competer¨¢ al Consejo de Ministros, a propuesta de los titulares de Hacienda y Administraciones P¨²blicas, de Interior o de los departamentos afectados.
El ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, asegur¨® ayer que el texto se ha dialogado con ¡°todas las comunidades aut¨®nomas y de manera especial con Catalu?a, Euskadi, Galicia y Andaluc¨ªa¡±. Ahora deber¨¢ ser examinado por el Comit¨¦ Nacional de Protecci¨®n Civil y el de Administraci¨®n Local.
Junto al Gobierno y las comunidades aut¨®nomas, el anteproyecto concede protagonismo por primera vez a la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias, donde est¨¢n representados los Ayuntamientos. Despu¨¦s se someter¨¢ al tr¨¢mite parlamentario, donde los partidos podr¨¢n introducir enmiendas.
El texto incide en la formaci¨®n del voluntariado de Protecci¨®n Civil, que en Espa?a agrupa a 25.000 personas integradas en 2.000 organizaciones.
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