El Tribunal Constitucional deber¨¢ sentenciar sobre la actual ley del aborto

El Tribunal Constitucional tiene pendientes de resolver dos recursos sobre la vigente Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupci¨®n voluntaria del embarazo, la ley del aborto aprobada en 2010 por el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero.

La norma fue recurrida en 2010 por 71 diputados del Grupo Popular, encabezados por Federico Trillo, y por el Gobierno de Navarra, en manos de UPN. Con la reforma del Gobierno de Rajoy en marcha, el tribunal aplaz¨®, sine die, su pronunciamiento, a la espera de que se aprobara la nueva ley. Sin embargo, la decisi¨®n de retirarla, debido a la falta de consenso, aboca al tribunal a la adopci¨®n de una resoluci¨®n.

Rajoy avanz¨® ayer que modificar¨¢ la ley para incluir la necesidad del consentimiento paterno para las j¨®venes de 16 a?os que quieran abortar, lo que podr¨ªa suponer admitir la validez de la ley en vigor. Sin embargo, fuentes del PP no se quisieron pronunciar sobre esta interpretaci¨®n ni sobre la posibilidad de retirar el recurso.

Fuentes jur¨ªdicas aseguraron ayer que el PP no puede desistir del recurso porque la legitimidad para presentarlo y, por tanto, para desistir de ¨¦l no corresponde al Grupo Parlamentario, sino a los promotores del presente recurso. Varios de los 71 firmantes ya no son actualmente diputados por lo que ¡°no existe identidad f¨ªsica entre el grupo de Diputados recurrentes y los poderdantes actuales¡±, tal como se?al¨® el mismo tribunal, en un auto de 1999, cuando un grupo de diputados distinto del que recurri¨® trat¨® de retirar una impugnaci¨®n. ¡°Si se compara la lista de poderdantes referenciados en la escritura cuya copia se ha remitido con la lista de Diputados que manifestaron su voluntad de recurrir en 1993, se observa que s¨®lo doce (incluido el apoderado) formaban parte del grupo inicial¡±, indic¨® entonces el tribunal que decidi¨® no aceptar el intento del PP de desistir del recurso sobre la Regulaci¨®n de Tratamiento Automatizado de Datos de Car¨¢cter Personal de Catalu?a, que hab¨ªa presentado en el 93.

¡°No cabe acceder al desistimiento interesado por un grupo de Diputados num¨¦ricamente equivalente a la agrupaci¨®n promotora pero integrado por parlamentarios que ¨²nicamente en parte coinciden con aquellos¡±, dict¨®. ¡°No cabe, en definitiva, que quienes ahora pertenecen al mismo Grupo Parlamentario puedan instar el desistimiento, pues ello supondr¨ªa subrogarse en la voluntad de los promotores con base en esta ¨²nica circunstancia de continuidad entre aquellos y estos¡±, concluy¨®.

El tribunal se?al¨® entonces que la legitimaci¨®n ¡°no se establece en t¨¦rminos abstractos, sino que se confiere a un actor concreto¡± determinado por la Constituci¨®n, que arroga a un grupo de, al menos, 50 diputados la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad. En el auto, el Constitucional adujo adem¨¢s que ¡°la legitimaci¨®n para interponerlo est¨¢ atribuida a la agrupaci¨®n ocasional o ad hoc de cincuenta Diputados o Senadores, que se unen al solo efecto de impugnar la validez constitucional de una Ley y no al Grupo Parlamentario; agrupaci¨®n que surge s¨®lo de la concurrencia de voluntades en la decisi¨®n impugnatoria y s¨®lo tienen existencia jur¨ªdica como parte en el proceso que con esa impugnaci¨®n se inicia¡±.

El hecho es que el Constitucional ya tiene la ponencia base sobre la que debatir. Esta ha sido redactada por el magistrado Andr¨¦s Ollero, que fue diputado del PP durante 17 a?os y es conocido por sus estudios contra el aborto y el matrimonio homosexual. Seg¨²n inform¨® el propio tribunal a Izquierda Unida, est¨¢ pendiente de ¡°se?alamiento para votaci¨®n y fallo¡±. Sin embargo, el Constitucional no ha tenido, hasta ahora, ninguna prisa para someter a debate el recurso que ni el anterior presidente, Pascual Sala, ni el actual, Francisco P¨¦rez de los Cobos, han considerado como prioritario pese a que son los presidentes quienes tienen la potestad de marcar los ritmos de las agendas del tribunal.