La exclusi¨®n sanitaria es un ¡°grave riesgo para la salud y la vida¡±

La exclusi¨®n del derecho a la asistencia sanitaria normalizada a los extranjeros en situaci¨®n irregular ha dado lugar a casos como el de Alpha Pam, el senegal¨¦s que muri¨® el a?o pasado por tuberculosis sin recibir un diagn¨®stico certero y un tratamiento adecuado. O al severo toque de atenci¨®n que en enero dio a Espa?a el Consejo de Europa al considerar ilegal esta medida. Ahora, dos a?os despu¨¦s de su entrada en vigor, el balance que hacen m¨¢s de 60 organizaciones y plataformas (sanitarias, profesionales y sociales) de la medida "no puede ser m¨¢s negativo", como denuncian en un comunicado, por lo que exigen su derogaci¨®n para devolver el car¨¢cter universal a la sanidad p¨²blica espa?ola.

La "exigencia de la firma de compromisos de pago, la facturaci¨®n indebida de la atenci¨®n en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema han generado un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial". Todo ello "est¨¢ poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas". Y como ejemplo, el manifiesto apunta a la muerte de Alpha Pam en Mallorca, pero tambi¨¦n se refiere a casos similares en Valencia y Toledo.

La puesta en marcha del real decreto 16/2012 en septiembre de hace dos a?os dej¨® a 873.000 sin papeles hu¨¦rfanos de una atenci¨®n sanitaria completa (se limit¨® a las urgencias, la atenci¨®n a la maternidad y a los menores), seg¨²n las asociaciones: "Hablamos de una poblaci¨®n especialmente vulnerable y que deber¨ªa de gozar de medidas de protecci¨®n sociosanitarias".

La norma alter¨® la naturaleza de la atenci¨®n sanitaria en Espa?a, de forma que dej¨® de ser un derecho para todas las personas y pas¨® a ser una prestaci¨®n ligada a la situaci¨®n administrativa de asegurado; es decir, a la cotizaci¨®n a la Seguridad Social.

Entre las consecuencias m¨¢s perniciosas de la medida se encuentra el agravamiento de las patolog¨ªas y el incremento del gasto sanitario, dos aspectos que est¨¢n relacionados, a juicio de las entidades. Al cerrar las puertas a los centros de salud y el seguimiento pautado de la salud de los pacientes afectados se provoca ¨Cen el mejor de los casos- el desv¨ªo de estos pacientes a los servicios de urgencias. Ello implica un retraso de la asistencia y un empeoramiento de problemas que podr¨ªan resolverse antes de que se deterioraran hasta el punto de tener que ser tratados en las urgencias hospitalarias. Como consecuencia, el resultado es "un aumento del gasto sanitario en atenci¨®n" a estas personas. Los autores del manifiesto recuerdan que distintos estudios en otros pa¨ªses muestran que medidas de este tipo multiplican el gasto por cuatro.

En el peor de los casos, los inmigrantes evitan los centros sanitarios, incluso las urgencias, ante el riesgo de que les cobren -o incluso que la Polic¨ªa pueda ficharles y deportarles-, algo que es ilegal, pero que ha sucedido, como critican las entidades.

La denuncia la suscribe la Sociedad Espa?ola de Salud P¨²blica y Administraci¨®n Sanitaria junto a otras entidades como C¨¢ritas, Amnist¨ªa Internacional, la Federaci¨®n de Asociaciones en Defensa de la Sanidad P¨²blica, M¨¦dicos del Mundo o la Sociedad Espa?ola de Medicina Familiar y Comunitaria, entre otras. Tambi¨¦n la respalda la Taula d¡¯entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, integrada por 4.000 entidades sociales.

La iniciativa, ideada por el Gobierno para recortar en gasto sanitario, tambi¨¦n "sienta las bases para que se produzca un retroceso en los programas de prevenci¨®n, vigilancia y control de las enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles". Las implicaciones en la salud p¨²blica de toda la poblaci¨®n por la posible falta de supervisi¨®n a pacientes con enfermedades contagiosas y los obst¨¢culos que tienen para pasar visita con un mismo m¨¦dico (el de cabecera) que siga su evoluci¨®n o para acceder a programas de vacunaci¨®n o prevenci¨®n de conductas de riesgo es otra de las cuestiones que distintas organizaciones han denunciado desde que se anunci¨® la exclusi¨®n sanitaria.

La suma de estos efectos redunda en el encarecimiento del acceso a prestaciones sanitarias b¨¢sicas (los afectados han de recurrir a la sanidad privada o pagar una p¨®liza p¨²blica para tener una cobertura completa), lo que se traduce en un "incremento relevante de las desigualdades en salud".

Por todo ello, el medio centenar largo de asociaciones que impulsan el manifiesto reclaman la derogaci¨®n de la norma y el regreso a un sistema de salud universal "que garantice el derecho de toda persona al disfrute del m¨¢s alto nivel posible de salud".