Alaya reclama a la Junta las actas de 12 a?os de reuniones del Gobierno

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha reclamado a la Junta de Andaluc¨ªa que aporte en un plazo de 10 d¨ªas las actas de las reuniones de la Comisi¨®n General de Viceconsejeros ¡ªlos denominados consejillos, un ¨®rgano presidido por el consejero de la Presidencia¡ª desde el 2001 hasta el 18 de octubre de 2012, as¨ª como las convocatorias internas y orden del d¨ªa que hubiera. La fecha l¨ªmite marcada por la magistrada no es casual. El 16 de octubre de ese a?o, el Gobierno andaluz aprob¨® un decreto por el que regulaba definitivamente los ERE.

En un auto, la magistrada pide dichas actas con el objetivo de determinar el "conocimiento generalizado" que del supuesto fraude podr¨ªan tener "las m¨¢s altas instancias de la Junta" as¨ª como de la "indiciaria vulneraci¨®n de la competencia del Estado en la concesi¨®n de tales subvenciones de naturaleza laboral". Entre otros asuntos, Alaya quiere saber cu¨¢ntas cuestiones eran analizadas en dicho ¨®rgano sobre el procedimiento administrativo con el que se daban las ayudas (las llamadas transferencias de financiaci¨®n), que la juez considera ilegal y que la Junta defiende. Sobre este asunto deber¨¢ pronunciarse el Tribunal Supremo, al que Alaya remiti¨® el caso en agosto ante la supuesta implicaci¨®n en el fraude de nueve aforados, entre ellos los expresidentes andaluces?Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n.

Asimismo, con dicha documentaci¨®n, la magistrada quiere averiguar si los miembros del consejillo conoc¨ªan asuntos como "la falta de fiscalizaci¨®n previa" de las ayudas, "el importante d¨¦ficit presupuestario generado por la Consejer¨ªa de Empleo" o "las modificaciones presupuestarias para incrementar" el fondo de los ERE. Con esta solicitud, la instructora atiende la petici¨®n realizada por la exasesora de Empleo e imputada Mar¨ªa Jos¨¦ Rofa.

Este ¨²ltimo paso de la juez recuerda al inicio de su instrucci¨®n del caso. En marzo de 2011, la juez reclam¨® a la Junta las actas del Consejo de Gobierno de la ¨²ltima d¨¦cada, una petici¨®n que gener¨® una gran pol¨¦mica entre la magistrada y la Administraci¨®n andaluza y que, finalmente, resolvi¨® el Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n, que permiti¨® a la magistrada consultar dicha documentaci¨®n.

En este mismo auto del d¨ªa 22, la magistrada tambi¨¦n atiende una petici¨®n de la Junta y pide al Grupo de Delitos Econ¨®micos de la Unidad Central Operativa (UCO) que requiera a la aseguradora Generali y al denominado entonces Ministerio de Trabajo, encabezado por Eduardo Zaplana, la documentaci¨®n relativa a la formalizaci¨®n y pago de las p¨®lizas de Faja Pir¨ªtica de Huelva a las que se hab¨ªa comprometido la Administraci¨®n General del Estado, a tenor del acuerdo del 11 de septiembre de 2002.