Una justicia con las alas cortadas

Pablo Ruz Guti¨¦rrez, juez instructor de algunos de los casos m¨¢s graves de corrupci¨®n que apuntan al coraz¨®n del poder pol¨ªtico en Espa?a, no tiene plaza en propiedad. Las causas que maneja acumulan a?os de diligencias sin que se pueda adivinar todav¨ªa el final de las mismas. Su trabajo en el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional est¨¢ en peligro cada seis meses porque el Consejo General del Poder Judicial ¡ªcuyos miembros deben su puesto a la clase pol¨ªtica¡ª tiene que decidir si concede pr¨®rrogas al mandato interino del magistrado. Ruz tiene los meses contados aunque el fin de las causas que instruye se calcula en a?os.

Es uno de los numerosos sinsentidos que debilitan a los ¨®rganos que deben luchar contra la corrupci¨®n. El sistema hace agua. Todos los agentes implicados lo admiten, pero la inacci¨®n legislativa impide los avances.

Por ejemplo: las macrocausas colean durante a?os ante la falta de medios y la legislaci¨®n que facilita los retrasos; hay conductas de grave corrupci¨®n que no est¨¢n tipificadas en el C¨®digo Penal; los plazos m¨ªnimos para la prescripci¨®n de determinados delitos impiden su enjuiciamiento; los nombramientos de las c¨²pulas judiciales no responden tanto al m¨¦rito como a la capacidad para acercarse al clientelismo pol¨ªtico; el reparto de trabajo es desigual, la mitad de los juzgados est¨¢ sobrecargado...

Los profesionales de la justicia admiten que la situaci¨®n es manifiestamente mejorable. ¡°Hay jueces y fiscales que siguen las consignas de los de arriba para prosperar en sus carreras¡±, sostiene el magistrado Miguel ?ngel Torres, que instruy¨® el caso Malaya, en el que estaban implicados la inmensa mayor¨ªa de los concejales de Marbella. ¡°Los pol¨ªticos aforados eligen a quienes les van a investigar y enjuiciar¡±, censura el fiscal Pedro Horrach, impulsor de algunas de las grandes causas en Baleares. ¡°Hay corrupci¨®n institucional, se puentea la norma para nombrar al amigo¡±, denuncia Javier G¨®mez Berm¨²dez, magistrado de la Audiencia Nacional que presidi¨® el juicio del 11-M. ¡°La ley est¨¢ pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador¡±, admite el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

La financiaci¨®n ilegal de los partidos no est¨¢ en el C¨®digo Penal pese a que el Gobierno?lo anunci¨® en 2012

Un expresidente auton¨®mico, Jaume Matas (PP), sin la protecci¨®n especial del aforamiento porque sali¨® hace a?os de la pol¨ªtica, est¨¢ procesado en la causa de corrupci¨®n que afecta a la infanta Cristina, hija del Rey Juan Carlos. Por el mismo caso y parecidas circunstancias, otro expresidente auton¨®mico, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barber¨¢, ambos aforados porque mantienen su esca?o como diputados auton¨®micos del PP, se libraron de la imputaci¨®n y el juicio gracias al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El juez Jos¨¦ Castro y el fiscal Pedro Horrach, que impulsan el caso N¨®os en Baleares, consideraron que hab¨ªa pruebas suficientes para imputar a Camps y a Barber¨¢, pero no eran competentes para resolver su situaci¨®n. Su futuro lo decidi¨® el tribunal valenciano donde se sientan magistrados elegidos a dedo por el poder pol¨ªtico.

La justicia y la pol¨ªtica mantienen numerosos vasos comunicantes. El Tribunal Constitucional est¨¢ presidido por un exafiliado del PP, Francisco P¨¦rez de los Cobos, que atesora el voto de calidad para dirimir empates y un amplio margen para marcar el calendario de resoluci¨®n de los distintos recursos. El Constitucional tiene entre sus miembros a un pol¨ªtico profesional, Andr¨¦s Ollero, que fue diputado popular en Cortes, y que escribi¨® contra la ley del aborto. Ahora tiene que decidir sobre esa cuesti¨®n.

Todas las promesas pol¨ªticas de agilizar los mecanismos para investigar grandes casos de corrupci¨®n han acabado en el caj¨®n

Jos¨¦ Luis Requero, un juez que se manifest¨® contra la ley que permit¨ªa el matrimonio de homosexuales en Espa?a ¡ª¡°aplicar el t¨¦rmino matrimonio a la uni¨®n de dos personas del mismo sexo es como llamar matrimonio a la uni¨®n de m¨¢s de dos personas o a la uni¨®n de un hombre y un animal¡±, escribi¨®¡ª acab¨® ascendido a magistrado del Supremo por la mayor¨ªa de vocales del PP en el Consejo General del Poder Judicial.

Pero los partidos mayoritarios rechazan cambiar el procedimiento que regulan los nombramientos en el Consejo del Poder Judicial y en los principales ¨®rganos judiciales. El Partido Popular prometi¨® dejar que los jueces eligieran a los miembros del Consejo y tard¨® seis meses en rectificar para que esa potestad siguiera en poder del Parlamento.

La causa abierta por el fraude masivo en la concesi¨®n de ayudas de la Junta de Andaluc¨ªa, gobernada hist¨®ricamente por el PSOE, para los Expedientes de Regulaci¨®n de Empleo acumula cuatro a?os de instrucci¨®n; el?caso G¨¹rtel, la m¨¢s extensa trama de corrupci¨®n vinculada a un partido pol¨ªtico conocida en democracia, lleva seis a?os de diligencias; el?caso Palau, que destap¨® la financiaci¨®n ilegal del partido que ha gobernado en Catalu?a durante 27 a?os, cuatro a?os sin vista oral¡­ La justicia contra los poderosos es muy lenta y todas las promesas pol¨ªticas de agilizar los mecanismos para investigar grandes casos de corrupci¨®n han acabado en el caj¨®n. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, instrumento principal del andamiaje judicial, es de final del siglo XIX. Todos los Gobiernos desde hace al menos diez a?os han anunciado su reforma total y todos han fracasado en el intento.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunci¨® hace dos a?os una bater¨ªa de medidas anticorrupci¨®n para escapar de la presi¨®n judicial a su propio partido. Todav¨ªa hoy esas medidas est¨¢n pendientes de un pacto con la oposici¨®n, aunque el PP tiene mayor¨ªa absoluta en las Cortes.

La ley que regula la financiaci¨®n de partidos, reformada en varias ocasiones en los ¨²ltimos a?os, ha demostrado su inutilidad para detectar los mecanismos ilegales que utilizan las grandes formaciones. La financiaci¨®n ilegal de los partidos no est¨¢ tipificada todav¨ªa como delito en el C¨®digo Penal, aunque el Gobierno anunci¨® en 2012 su intenci¨®n de hacerlo.