El PSOE llevar¨¢ al Constitucional un cr¨¦dito de 883 millones para armas

? El Tribunal Constitucional tendr¨¢ que pronunciarse sobre la legalidad de los cr¨¦ditos extraordinarios que, desde que lleg¨® el PP al poder, ha aprobado cada verano el Gobierno para atender al pago de los grandes contratos de armamento.

El Grupo Socialista ha decidido recurrir ante el alto tribunal el real decreto ley que aprob¨® el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto y que, entre otras partidas, inclu¨ªa un cr¨¦dito extraordinario de 883,6 millones de euros para atender al pago de los llamados Programas Especiales (PEA's). Casi la mitad de este dinero se destin¨® al pago de la anualidad del avi¨®n de combate europeo EF-2000 (430 millones), aunque tambi¨¦n inclu¨ªa dinero para el helic¨®ptero de ataque Tigre (144), el avi¨®n de transporte A400M (143) o el helic¨®ptero NH-90 (85); entre otros.

Defebsa ha recibido 3.544 millones extra? desde que gobierna el PP

Diego L¨®pez Garrido, portavoz del PSOE en la Comisi¨®n de Defensa del Congreso, considera que la aprobaci¨®n de este cr¨¦dito a trav¨¦s de un decreto ley en pleno mes de agosto supone ¡°una burla al Parlamento¡±. En su opini¨®n, ¡°la enorme transcendencia de este gasto y su peso en el presupuesto de Defensa exigen la m¨¢xima transparencia y un debate parlamentario a fondo que el decreto ley cercena¡±.

L¨®pez Garrido, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional, subraya adem¨¢s que el decreto ley est¨¢ reservado para supuestos de ¡°extraordinaria y urgente necesidad¡± y, por tanto, imprevistos; lo que no es el caso, pues estos pagos responden a un calendario acordado hace tiempo con la industria, por lo que se deber¨ªan incluir en los presupuestos o tramitarlos como proyecto de ley.

De hecho, es la tercera vez que Defensa recurre a estos cr¨¦ditos extraordinarios. En 2012 ya recibi¨® por esta v¨ªa 1.783 millones de euros; 877 en 2013 y 884 en 2014. El pasado d¨ªa 6, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Arg¨¹elles, anunci¨® en el Congreso que este a?o recurrir¨¢ a la misma f¨®rmula para obtener entre 800 y 900 millones.

El secretario de Estado defendi¨® que el decreto ley ¡°es un recurso legal al alcance del Gobierno, m¨¢s flexible que el presupuesto inicial. Si las circunstancias cambian¡±, argument¨®, ¡°es mejor tener un colch¨®n y que podamos negociar¡±. Arg¨¹elles se escud¨® en un dictamen del Consejo de Estado de julio pasado, aunque el ¨²nico conocido versa sobre un tema muy distinto: la eliminaci¨®n de purines, cuya urgencia se justific¨® por el grave riesgo de contaminaci¨®n.

Irene Lozano, de Uni¨®n, Progreso y Democracia (UPyD), anunci¨® ya entonces su prop¨®sito de recurrir el decreto ley, pero la iniciativa dif¨ªcilmente habr¨ªa prosperado sin el Grupo Socialista, el ¨²nico que tiene los 50 diputados o senadores necesarios para ir al Constitucional.