El PSOE condena ¡°la apropiaci¨®n masiva de bienes de la Iglesia¡±

El Partido Socialista ha condenado "la apropiaci¨®n masiva que est¨¢ haciendo la Iglesia de bienes p¨²blicos" y la ha calificado como "el mayor esc¨¢ndalo inmobiliario de la historia de la democracia". Se refieren a la capacidad que tienen los obispos para poner a su nombre edificios, locales, tierras y templos sin demostrar que son sus leg¨ªtimos propietarios. A la jerarqu¨ªa cat¨®lica le basta con acudir al registro civil y decir que son suyos, gracias a la Ley Hipotecaria de 1946 y a su reglamento, que les ha permitido durante d¨¦cadas poner a su nombre miles de propiedades de todo tipo. Esta pr¨¢ctica floreci¨® con fuerza a partir de 1998, cuando el entonces presidente, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, ampli¨® los privilegios de los prelados para que tambi¨¦n pudieran registrar los templos, algo hasta entonces vetado.

El PSOE se reuni¨® ayer con las plataformas ciudadanas que batallan por acabar con esta pr¨¢ctica, la de Navarra y la de C¨®rdoba. Estos ciudadanos quieren que el partido socialista, que tienen capacidad para hacerlo por su n¨²mero de diputados, recurra al Tribunal Constitucional esta ley, pero m¨¢s all¨¢ de encontrar "buena sinton¨ªa" no les han arrancado un s¨ª. Al rato de reunirse, el grupo socialista del Congreso sac¨® una nota en la que condenaba esta pr¨¢ctica de los obispos y se compromet¨ªan a "coordinar con las plataformas las actuaciones pol¨ªticas y jur¨ªdicas que sean necesarias" para lograr la reversi¨®n de los bienes inmatriculados [registrados por primera vez].? Ni una palabra menciona la nota emitida sobre el Tribunal Constitucional, a pesar de que el PSOE tiene ya el recurso en sus manos, seg¨²n fuentes del partido, pero no acaba de decidirse.

Los ciudadanos han tenido que pleitear como han podido, que casi siempre ha sido con poco ¨¦xito, por ese patrimonio p¨²blico sin que ning¨²n juez haya elevado hasta la fecha ninguna cuesti¨®n de inconstitucionalidad contra la ley franquista y el reglamento hipotecario que equipara a los obispos con fedatarios p¨²blicos. Por eso las plataformas creen que el mejor camino es que el Constitucional se pronuncie al respecto.? El recurso es la ¨²nica v¨ªa que, "adem¨¢s de condenar una pr¨¢ctica que no es constitucional puede permitir a los ciudadanos y a los Ayuntamientos recuperar con mayores garant¨ªas jur¨ªdicas bienes que han sido usurpados".

Esta ma?ana se han reunido tambi¨¦n con el coordinador de IU, Cayo Lara y con Uxue Barcos, del grupo Mixto. Lara considera que las inmatriculaciones de la Iglesia son el mayor "pelotazo de la historia de la democracia, y qu¨¦ casualidad, han coincidido con el pelotazo inmobiliario general en este pa¨ªs", ha dicho, frente a los leones del Congreso. "Esto no es una cuesti¨®n religiosa, sino de patrimonio p¨²blico, hist¨®rico, que pertenece al pueblo y que debe ser gestionado por la Administraci¨®n p¨²blica". IU recurrir¨ªa al Constitucional pero no tienen los diputados necesarios para ello.

En sinton¨ªa con Lara se ha manifestado la portavoz de la plataforma Navarra, Carmen Urriza, quien ha trasladado al socialista Antonio Hernando que "esto no es una cuesti¨®n solo jur¨ªdica, sino pol¨ªtica, es decir, que no se debe dejar solo en manos de los juzgados ordinarios, porque eso depender¨¢ de cada juez y los ciudadanos se quedar¨¢n en indefensi¨®n. Debe ser una decisi¨®n pol¨ªtica, debe recurrirse al Constitucional, para que se decida precisamente sobre eso, sobre la inconstitucionalidad de la norma". Ambas plataformas han solicitado que se manifieste el Pleno de Congreso sobre esa inconstitucionalidad de la Ley Hipotecaria. Lara se ha comprometido a promover un pronunciamiento parlamentario sobre la inconstitucionalidad de la ley. Y Uxue Barcos, de grupo mixto, a presentar enmiendas a la reforma de la ley hipotecaria que dej¨® Gallard¨®n para que el art¨ªculo 206 se derogue de forma inmediata, en lugar de que los obispos tengan un a?o para seguir registrando inmuebles.

El exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard¨®n, dej¨® preparada antes de irse la reforma de esa ley en la que se abol¨ªan esos privilegios a los obispos (aunque nada se mencionaba de ello, ni se declaraba anticonstitucional la ley); pero adem¨¢s les conced¨ªa todo un a?o para seguir poniendo a su nombre cuantas propiedades consideraran, hasta la entrada en vigor, sin urgencia, de las modificaciones previstas.

Navarra ha sido la comunidad que m¨¢s activa se ha mostrado siempre contra las llamadas inmatriculaciones de la Iglesia. Consiguieron que su Parlamento pidiera al Ministerio de Justicia el n¨²mero total de propiedades inmatriculadas y obtuvieron, oficialmente, una cifra que sobrepasaba el millar desde 1998. Pero los distintos Gobiernos no han proporcionado nunca la cifra total de bienes puestos a nombre de la Iglesia por toda? Espa?a en estos a?os.

La mezquita de C¨®rdoba se erigi¨® poco despu¨¦s como el gran s¨ªmbolo de lo que las plataformas llaman "el mayor expolio inmobiliario", cuando se hizo p¨²blico que hab¨ªa sido inmatriculada, en 2006. Se le cambi¨® el nombre y se la llam¨® desde entonces, mezquita-catedral. "Se han apropiado del s¨ªmbolo, de la memoria y de la historia", critica Antonio Manuel Rodr¨ªguez, de la plataforma cordobesa contra las inmatriculaciones. "Pero es que, adem¨¢s, en C¨®rdoba han inmatriculado otras propiedades, como? plazas p¨²blicas y fuentes, que algunas ten¨ªan registro p¨²blico. Eso, deben saberlo, no solo podr¨ªa incurrrir en un il¨ªcito civil, sino penal", advierte Rodr¨ªguez. No olvida el dinero que se recauda en la mezquita, "alrededor de los 13 millones anuales".

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