Granados dio un contrato al cal¨ªgrafo que us¨® para negar que hab¨ªa espiado

La consejer¨ªa de Interior de la Comunidad de Madrid, investigada desde 2009 por supuesto espionaje pol¨ªtico, adjudic¨® ese a?o, cuando Francisco Granados dirig¨ªa el departamento, un contrato de casi un mill¨®n de euros para suministrar traductores en los juzgados. La asociaci¨®n que presid¨ªa el perito cal¨ªgrafo Castor Iglesias gan¨® el concurso pese a que su experiencia en ese campo era casi nula. Unos meses antes, Iglesias fue contratado a dedo por Granados para elaborar un informe cal¨ªgrafo. El consejero us¨® ese trabajo para desmentir que tres guardias civiles a los que hab¨ªa fichado personalmente como asesores de Seguridad hab¨ªan perpetrado el supuesto espionaje pol¨ªtico que investigaba un juzgado de Plaza de Castilla.

Granados contrat¨® por su cuenta. y sin un proceso previo de selecci¨®n de personal, a esos tres guardias civiles, uno de ellos amigo de Valdemoro, con un salario de 60.000 euros al a?o, el doble de lo que ganaban antes. Estos ex guardias civiles, seg¨²n la investigaci¨®n judicial, siguieron entre abril y mayo de 2008 al ex consejero auton¨®mico Alfredo Prada, y al ex vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ambos adversarios de Esperanza Aguirre en la batalla interna abierta por el poder en el PP tras la derrota de Mariano Rajoy en las elecciones generales del 14 de marzo de 2008.

Los ex guardias civiles, que recib¨ªan ¨®rdenes superiores, siguieron a Cobo y Prada en sus actividades p¨²blicas y privadas y dejaron constancia en partes mecanografiados y manuscritos de los movimientos de ambos pol¨ªticos.

El 17 de febrero de 2009, tras destapar EL PA?S el esc¨¢ndalo del supuesto espionaje pol¨ªtico, Castor Iglesias entreg¨® un informe grafol¨®gico a Granados donde exculpaba a los agentes auton¨®micos de ser los autores de los partes del espionaje. Unos meses despu¨¦s de ese trabajo, el departamento de Granados adjudic¨® el concurso de traductores para los juzgados a la Asociaci¨®n Espa?ola de Peritos Tasadores Judiciales (AEPTJ) de Castor Iglesias. Era la primera vez que la AEPTJ se presentaba a un concurso de este tipo. Iglesias reconoci¨® que antes de ese contrato s¨®lo hab¨ªa prestado labores de traducci¨®n de manera puntual en alg¨²n juicio.

El propio Granados defendi¨® entonces que en el proceso de adjudicaci¨®n no hab¨ªa ninguna irregularidad y que se hab¨ªa contratado a la oferta m¨¢s barata. ¡°No hay nada que sea m¨¢s mentira que aquello que se dice como una verdad a medias y con sana intenci¨®n de crear una sospecha o un manto de duda sobre la actuaci¨®n de alg¨²n responsable pol¨ªtico¡±, se?al¨® entonces el consejero.

El juez Velasco quiere analizar ahora si aquel concurso fue ama?ado. El magistrado ha apuntado en las resoluciones judiciales de los ¨²ltimos d¨ªas que Granados pudo usar su cargo en las consejer¨ªas para favorecer a determinadas empresas a cambio de dinero.

Un servicio deficiente

El servicio prestado por los traductores de la AEPTJ fue criticado por algunos jueces ante la baja cualificaci¨®n de sus profesionales, lo que dio lugar a situaciones indeseables. Un juez anot¨® durante un juicio: ¡°Este traductor viene por AEPTJ. No tiene t¨ªtulo alguno, no dice los conocimientos que tiene. Oculta datos. No hace bien la interpretaci¨®n. Se pone a charlar con la v¨ªctima¡±. Otro juez que tramitaba un caso de da?os que afectaba a una ciudadana portuguesa se?al¨® que el traductor enviado por AEPTJ asegur¨® que era de Senegal pero llegaba para traducir en portugu¨¦s a la perjudicada. ¡°Y dice que s¨®lo tiene bachiller, no est¨¢ cualificado. No sabe interpretar. Habla pis¨¢ndole las palabras a la testigo¡±.

El caso del supuesto espionaje pol¨ªtico sigue instruy¨¦ndose cinco a?os despu¨¦s. La juez ha intentado archivarlo en dos ocasiones, pero la Audiencia Provincial le ha obligado a reabrir la causa al entender que hab¨ªa suficientes indicios de un delito de malversaci¨®n de fondos.La instructora cit¨® en septiembre pasado a Francisco Granados como testigo debido a que uno de los agentes declar¨® que el consejero de Interior estaba al tanto de todo lo ocurrido. Granados lo neg¨®. Los supuestos espiados, Alfredo Prada y Manuel Cobo, que ahora tienen cargos ejecutivos en el PP nacional, denunciaron los hechos y se personaron como acusaci¨®n particular. Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, les oblig¨® a retirarse del caso.

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